Enrique del Val Blanco
En la exposición de motivos de siete iniciativas que el gobierno federal envió al Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que según ellos son el inicio de la reforma integral de la hacienda pública, todo apunta a que en lugar de hacer un centro comercial optaron, una vez más, por quedarse con una miscelánea.Como ha sido la tradición hacendaria, se necesita ser un experto para poder entender estas iniciativas, las cuales van a provocar sin duda buenos ingresos para los despachos encargados de la materia fiscal, que deberán orientar a sus clientes para atender los requerimientos que implicarán estas propuestas. De ellas destacan dos, la Ley de la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) y la Ley del Impuesto Contra la Informalidad.
La primera de ellas, la denominada CETU, que tiene por objetivo evitar la elusión tradicional que hacen las empresas, gravará en un inicio con 16% los ingresos provenientes de la enajenación de bienes y la prestación de servicios, deduciendo la inversión, hasta llegar a 19% en 2009. Es un impuesto que sustituye al Impuesto al Activo, que tuvo muy poco éxito debido a las lagunas que tenía, y que lo simplifica al fijar una tasa única sobre la diferencia entre los ingresos de la empresa menos los insumos y la inversión. Se calcula que con el CETU se podrán obtener alrededor de 130 mil millones de pesos para el año próximo, lo que representa 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
La otra propuesta principal es la de aplicar un gravamen de 2% a los depósitos en efectivo mayores a 20 mil pesos mensuales efectuados en los bancos, y éstos tendrán la obligación de ser los receptores de dicho impuesto y entregárselo a la SHCP. No queda claro si por esta acción los bancos recibirán algo a cambio o será parte de la negociación con ellos, para dejar que sigan haciendo lo que quieran con los exagerados cobros que realizan por la vía de comisiones sobre cualquier aspecto.
Además de los anteriores, hay otros gravámenes que parecen ridículos, como es el caso del que pretenden aplicar a las pinturas en aerosol, con el objetivo de que se dejen de utilizar para pintar inmuebles, públicos o privados.
Pero aparte de los gravámenes que proponen, hay otras medidas que también son interesantes para comentar. Tales son los casos de, por un lado, la ampliación a la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar la totalidad de los recursos federales que ejerzan los tres órdenes de gobierno, para lo cual se deberá modificar la Constitución Política. Pero, por otro lado, también propone lo que parece un acotamiento a las facultades de la ASF, al indicar que para la revisión del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas gubernamentales sólo podrá emitir recomendaciones y su función de fiscalización sólo podrá ser ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad e imparcialidad. Demasiadas “dad” en esta propuesta.
Desaparece, vía la reforma, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y lo sustituye por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas. El único problema es que este último será un organismo creado por el Ejecutivo para vigilar al mismo Ejecutivo, lo cual no parece muy correcto en los tiempos actuales.
Muchos esperábamos que en verdad fuera una propuesta de reforma integral, tal y como lo han publicitado. Pero, como ha sido la norma, de nuevo lo más importante seguramente se quedó en el tintero, ya que, por ejemplo, no se propone ninguna medida progresiva en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o al Impuesto al Valor Agregado, que sin duda serían medidas que atacarían la profunda desigualdad que existe hoy en nuestro país. Tampoco se presenta alguna propuesta que reduzca o elimine los regímenes especiales que existen en ISR, como son los de las ganancias y transacciones financieras. Es decir, quienes viven de las utilidades de capital obtenidas en la bolsa de valores seguirán igual de protegidos, y por supuesto muy contentos con el gobierno.
Para nada se habla de cambios fiscales a Petróleos Mexicanos, aunque quizás éstos pueden venir en la reforma energética que, han anunciado, también enviarán al Congreso. Esperemos que allí sí se contemple algo que permita a nuestra industria petrolera crecer y desarrollarse, y no meramente continuar como la “caja grande” del gobierno federal.
El impacto que pretenden con esta miscelánea fiscal es obtener 300 mil millones de pesos para el año 2012, monto que representaría un ingreso adicional de 1% para las entidades federativas y de 2% para el gobierno federal. Es decir, entre los dos no significaría más de 3% del PIB, muy lejos de lo que necesita nuestro país y que, según los expertos, deberían ser al menos ocho puntos porcentuales adicionales para colocarnos a la altura de países con un nivel de desarrollo similar.
Tampoco está muy claro cuál será el destino concreto de los ingresos producto de la propuesta en el caso de aprobarse tal y como está. Hubiera sido muy conveniente saberlo.
Queda claro que no es fácil hacer una reforma fiscal. Pero se esperaba mayor audacia del Ejecutivo federal al hacer la propuesta. Si bien dará ingresos adicionales, no será en los montos que requiere el país y, sobre todo, seguirá manteniéndose la desigualdad terrible que vemos día a día. Este hubiera sido un buen momento para lograr al menos reducirla. Ojalá y los legisladores le hagan cambios en este sentido, ya que por lo visto han demostrado mayor sensibilidad y decisión que los miembros del Ejecutivo.
Este gobierno, al igual que el anterior, muestra una debilidad ante los dueños del capital para proponer la necesaria reforma fiscal. Lo que debemos entender es que no es posible querer ser un país de primer mundo y jugar en las ligas mayores cobrando impuestos del tercer mundo a los ricos.
Analista político y economista