Ifigenia Martínez
El gobierno federal ha propuesto una serie de reformas a la hacienda pública anunciadas como necesarias para poder cumplir con las “demandas” del Plan Nacional de Desarrollo.
Es ampliamente reconocido el bajo nivel tributario del país (9%-10% del PIB) y los elevados márgenes de evasión, elusión y omisión fiscales con que opera la administración tributaria, estimados conservadoramente en 4% del PIB, según la Canacintra. Espera el gobierno federal que con la llamada Reforma Hacendaria Integral aumenten gradualmente sus ingresos en 2% del PIB y de las entidades federativas en 1% para… 2012.
La propuesta de mayor impacto en la opinión pública ha sido la de establecer dos nuevos impuestos cuyo propósito es gravar a quienes ahora evaden el Impuesto Sobre la Renta, en especial empresas y personas físicas que operan en la informalidad, que se ha extendido como refugio de quienes no han podido acceder a la economía formal.
La llamada Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) trata de elevar la recaudación con una tasa inicial de 16% y a cambio deroga el Impuesto al Activo, que siempre fue de bajo rendimiento. El CETU pretende gravar todos los pagos a los factores de la producción y como tal no afecta el ingreso neto de las empresas; permite su acreditación a quienes hayan cumplido con el Impuesto Sobre la Renta y captura todos los honorarios, retribuciones, alquileres, rentas y demás pagos que hayan eludido o evadido el pago del ISR. No grava las inversiones y gastos de capital, y se comprende la derogación del Impuesto al Activo a cambio del cual las empresas tendrán que aumentar sus gastos administrativos y de control para aplicar el CETU.
Se reconoce que la legislación del ISR adolece de serias fallas de equidad y eficiencia, pues es compleja y omisa, y otorga importantes privilegios a las grandes empresas agroindustriales, de transportes y consorcios corporativos. Pero en vez de mejorar la administración y corregir las inequidades que consienten la consolidación de empresas, la depreciación acelerada de inversiones innecesarias, de no gravar las utilidades en bolsa, se establecen dos nuevos impuestos que van a complicar y encarecer los costos operativos de las empresas y a reducir su competitividad.
El CETU exenta los gastos de capital e inversiones, con lo cual puede inducir la adquisición y especulación de bienes raíces, y complicar y encarecer la contratación de operarios y profesionales independientes, objetivos contrarios a la racionalidad operativa de las empresas y al aumento del empleo.
El intento de establecer un impuesto general al pago de factores de la producción que escapan al control fiscal no propicia la recuperación del crecimiento y del empleo, y puede dar lugar a numerosos litigios fiscales que frecuentemente pierde la Secretaría de Hacienda y llegar a representan una cantidad significativa de recaudación perdida.
El impuesto contra la informalidad es también una medida de control para identificar a las personas físicas y morales por ingresos gravables que se presume no declaran al fisco. El impuesto grava con una tasa de 2% los depósitos en efectivo “que excedan la cantidad acumulada de 20 mil pesos a lo largo de un mes”, será retenido por la institución financiera y es susceptible de acreditarse en la declaración mensual del Impuesto Sobre la Renta. Pretende ampliar la base de contribuyentes y no considera depósitos que no son en efectivo como cheques o transferencias electrónicas, pues éstos permiten un control de origen y destino de los depósitos.
Las fracciones parlamentarias del Frente Amplio Progresista presentaron una propuesta de reforma fiscal realista y apropiada para el país. Se basa en eliminar la consolidación y la depreciación acelerada, así como los gastos deducibles que no tienen relación directa con el negocio de las empresas y están convirtiendo a los grandes corporativos en caprichosas instituciones de beneficencia, lo que en parte explica los bajísimos impuestos que pagan según el análisis hecho por la Auditoría Superior de la Federación.
Las reformas que México necesita, si bien se pueden enfocar en el Impuesto Sobre la Renta distinguiendo a las empresas de las personas físicas, también precisan de reformas a las instituciones de gasto e inversión públicos, incluyendo el fortalecimiento de la banca de desarrollo para responder a las necesidades de inversión y gasto social.
Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD