Carlos Bazdresch P.
El secretario Carstens presentó la propuesta del Ejecutivo para la reforma fiscal a realizar en este año. Se cumple así con una de las promesas del presidente Calderón.
El contenido de esta propuesta fue objeto de una especulación continua, sobre todo en los medios financieros. Se preveían cambios en el tratamiento de las ganancias de capital, la inclusión de medidas para evitar la evasión por parte de los receptores de ingresos de capital, así como para eliminar la evasión a través de cargos a la operación de las empresas, o de realizar inversiones al extranjero.
Muchos esperaban una propuesta para ampliar el IVA a algunas mercancías, hoy exentas. Muchas otras cosas se dijeron.
En la propuesta Carstens no hay mucho de esto. Se mantienen los impuestos al gasto de las personas, es decir, el IVA ya existente. También se mantiene el Impuesto Sobre la Renta de los individuos, etcétera. Las novedades son: 1) la imposición del CETU, que recae sobre los ingresos de las empresas, 2) gravar con 2% los depósitos en efectivo hechos en cuentas bancarias por más de 20 mil pesos, y 3) que sean los estados de la Federación los que pongan nuevos impuestos al consumo.
El CETU será un impuesto de 15% a 19% que las empresas pagarán sobre cierto remanente de operación de la empresa. Pero se pagará sólo la cantidad en que exceda a dicho impuesto. Es cierto que esta parte de la propuesta va sobre el causante cautivo, es decir, las empresas que pagan el ISR. Sin embargo, debe notarse -tal como lo nota Javier Corral- que este gravamen les costará, sobre todo, a los ricos, accionistas de empresas, pues el pago del CETU dejará un menor monto para repartir entre ellos.
El impuesto de 2% sobre los depósitos en efectivo por 20 mil pesos o más realizados en una cuenta bancaria es un impuesto extraño. Ciertamente, contribuiría a que las autoridades detecten envíos de dinero ilegítimo, que venga de negocios informales. Pero esta disposición puede afectar negativamente a muchas personas de ingresos medios, que no tengan alternativa al uso de efectivo para movilizar sus ingresos. El impuesto puede llevar a una desbancarización. Se formarían canales no bancarios de circulación de efectivo, baratos quizá, pero inseguros.
Se sugiere que sean los gobiernos estatales -incluido el GDF- los que obtengan ingresos fiscales adicionales gravando al consumo. Se facilitaría así las tareas del gobierno federal y facilitaría la imposición de estos gravámenes. Además, el monto de éstos variaría de acuerdo con lo deseado por las entidades de la Federación. Las autoridades locales se responsabilizarían ante su electorado del uso que hagan de su poder impositivo. Esto puede mejorar la administración de los recursos fiscales por las entidades de la Federación.
Así, la propuesta Carstens tiene más miga de lo que parece. Se dice que es una “miscelánea” y no una “reforma”. Se afirma que la reforma va contra los causantes cautivos. Eso no es del todo cierto pues el impuesto contra la informalidad no va contra ellos, pero en fin. Acordemos que esta propuesta no es la reforma que hemos soñado, con un evidente impacto redistributivo.
¿Y qué con eso? Lo importante ahora es obtener fondos para que el gobierno comience a realizar la tarea que tiene enfrente. El gobierno tiene poco margen de acción y debe protegerlo. Sería una grave falta de visión de los empresarios no apoyar en esta circunstancia al Presidente. La propuesta Carstens se debe llevar adelante. No deseo ni imaginar lo que pasaría si ahora esta reforma no se hiciera.
Profesor e investigador del CIDE