Jorge Emilio González M.
Cada acción económica (producir y/o consumir un bien o servicio) tiene efectos ambientales, y cada cambio en el medio ambiente tiene un impacto en la economía (costos por agotamiento, degradación y/o contaminación). Encontrar un equilibrio adecuado entre crecimiento económico y protección medioambiental es el gran reto del desarrollo sustentable, y de ello somos responsables tanto los ciudadanos como el Estado y el sector privado.
Desde la perspectiva de la sociedad civil son ampliamente conocidas tres estrategias: 1) la movilización, la denuncia y la defensa del medio ambiente que practican una gran cantidad de organizaciones ambientalistas; 2) la educación y formación de conciencia ambiental, que reconoce que todos los seres humanos somos consumidores y por tanto todos tenemos la responsabilidad de utilizar menos energía y/o reducir la basura que generamos, etcétera; y 3) el financiamiento y asesoría de proyectos de investigación, proyectos productivos sustentables y proyectos de conservación de áreas naturales.
Desafortunadamente los esfuerzos que diariamente realizan muchas organizaciones ambientalistas se ven rebasados ante la ausencia de instrumentos jurídicos al alcance de los ciudadanos, las comunidades y/o las organizaciones civiles, para reclamar o exigir a las autoridades o a los particulares el pago de responsabilidades civiles por daños al medio ambiente.
El Estado por su parte se ha enfocado básicamente a desarrollar una amplia regulación. Así, por ejemplo, en un par de décadas se han promulgado en nuestro país una gran cantidad de legislaciones ambientales o que incluyen como prioridad la sustentabilidad de las actividades productivas, tales como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que entró en vigor en 1988, la Ley General de Vida Silvestre promulgada el año 2000, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 2001, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 y más recientemente la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que entrará en vigor hasta finales de octubre del 2007.
Desgraciadamente el Estado mexicano ha fallado en la supervisión y vigilancia en el cumplimiento de las leyes ambientales, ya sea por falta de recursos, por falta de interés o incluso por la corrupción de las autoridades. Ello sin mencionar la renuencia del Estado a impulsar de forma decidida una educación ambiental o a impulsar un gasto público orientado a proteger el medio ambiente en todas las políticas públicas.
Pese a que la economía de mercado y los modelos de negocios dominantes en el mundo son responsables en gran medida de la degradación ambiental, así como de las emisiones y residuos contaminantes causantes del cambio climático, el mercado también ha logrado imponer una agenda verde. Esto ha sido posible gracias a cuatro factores:
1) La aparición de consumidores que exigen productos libres de contaminantes o productos certificados que garanticen procesos de producción amigables con el ambiente; 2) la incorporación de estrategias de producción más limpias supone también ahorros en costos de producción, por ejemplo, al reducir el uso de energía o disminuir el desperdicio de materia prima; 3) la aparición de certificaciones ambientales; para que diversos productos puedan ingresar a nuevos mercados internacionales y ser competitivos no sólo se exigen certificados de calidad, ahora también se solicitan certificados de sustentabilidad; y 4) el surgimiento de una nueva veta de negocios ambientales como el ecoturismo, la agricultura orgánica, las nuevas tecnologías para producir energía por medios renovables, los mercados de bonos de carbono, etcétera, negocios que en México y el mundo ya facturan millones de dólares al año.
Además de empoderar a la sociedad civil y asegurar que el Estado haga cumplir la ley, habremos de premiar a los mercados y a las empresas verdes, porque la sustentabilidad también es negocio.
Presidente nacional PVEM