Amalia D. García Medina
En breve, la Cámara de Diputados podría aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Han sido estas semanas de diálogo, de presentación de propuestas y proyectos, analizando las condiciones con las que contamos en el país y en los estados y los municipios. Las autoridades locales hemos defendido y argumentado la urgencia de apoyar proyectos estratégicos para detonar el desarrollo en nuestras regiones. Líderes de sectores sociales han insistido en canalizar más recursos a la educación, al campo, a la salud. Es decir, el cabildeo ha sido intenso.
Y es que el presupuesto es una herramienta eficaz para enfrentar nuestros retos. Es ahí donde se reflejan las verdaderas prioridades de un Estado. Por eso es que el debate se ha centrado en la orientación que debe tener el presupuesto en un país como el nuestro.
Sin duda la prioridad debe ser un desarrollo equilibrado que fortalezca el Índice de Desarrollo Humano destinando recursos suficientes para que se amplíen los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, particularmente de quienes viven en condiciones de exclusión. Es necesario reducir las asimetrías que prevalecen entre las regiones con el impulso a proyectos carreteros, de comunicaciones, de educación y culturales, de salud, de turismo, así como otros que promuevan la industrialización y la generación de valor agregado, como las agroindustrias.
Este planteamiento no reside solamente en un compromiso moral con quienes han sido abandonados por el mercado —lo cual debería bastar por sí mismo—, sino en una necesidad objetiva para dar viabilidad a la democracia y potenciar nuestro desarrollo.
El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que el desarrollo de la democracia depende de que se amplíe de manera decidida la ciudadanía social a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y la creación de empleos de buena calidad.
En su último reporte sobre la democracia en América Latina concluye que si bien ésta se ha extendido en la región, sus raíces no son profundas. Y ello se debe a las desigualdades y al crecimiento insuficiente para enfrentar las demandas de la población, aumentando la insatisfacción ciudadana. En algunos casos, el descontento ha puesto a prueba la fortaleza de las instituciones. El informe reporta, también, que más de la mitad de la población estaría dispuesta a sacrificar un gobierno democrático si ello significara una mejoría evidente en su nivel de vida. Concluye que con estados pasivos y débiles sólo puede aspirarse a conservar democracias electorales. Su recomendación es, por lo tanto, expandir la ciudadanía a través de políticas públicas orientadas a lograr la equidad y la participación.
En este marco, para que en México avancemos hacia una ciudadanía social es indispensable contar con un presupuesto que apoye —con una visión de desarrollo regional— a aquellas zonas del país que requieren más apoyo para incorporarse a las dinámicas de la economía.
Los proyectos y las iniciativas ahí están, se han presentado en diversas reuniones para demostrar su viabilidad, y es indispensable que se construya una política de Estado que utilice todas las herramientas posibles para lograrlo. Se trata de hacer rendir cada peso del erario público en las áreas donde más puede aprovecharse y representar una mayor diferencia en la vida de la gente. Se trata de proyectos de salud, educación y vivienda de calidad, así como de infraestructura carretera e hidráulica, o bien de proyectos para incorporarnos a las corrientes internacionales del desarrollo, como es el caso de las tecnologías de la información, entre muchos otros.
Es indispensable que se promuevan proyectos en aquellas regiones expulsoras de migrantes para generar ahí oportunidades que eviten la migración hacia Estados Unidos. Para que aprovechemos aquí su capacidad y talento en la generación de valor y de mejores condiciones de vida.
Si orientamos el presupuesto a reducir la brecha de la desigualdad, lograremos fortalecer a la democracia y estaremos potenciando el desarrollo del país, pues incorporaremos el aporte de regiones enteras que han sido excluidas. Por ello, destinar más recursos para reducir las asimetrías y combatir la pobreza es una visión estratégica para el futuro del país.
Gobernadora de Zacatecas