Mauricio Merino
Es verdad que en la Secretaría del Trabajo no se tramitan asuntos penales. Pero colgar una manta con esa leyenda frente a la manifestación de los mineros enconados con su representación sindical no sólo fue una falta de tacto de los funcionarios de esa dependencia, sino algo más grave: fue también una manifestación inequívoca de su posición política ante un conflicto que los ha desbordado. Y muestra, de paso, su visión sobre el papel del Estado en materia laboral.
Los conflictos entre el capital y el trabajo, como solía decirse antes de que la jerga de los mercados laborales se adueñara del lenguaje oficial, son y seguirán siendo inevitables. Está en la naturaleza de la economía de mercado que los trabajadores pugnen por obtener las mejores condiciones posibles de ingreso y de calidad de vida, mientras que los patrones intentarán obtener las mayores utilidades posibles a cuenta de su inversión y su iniciativa.
Se trata de una relación de libro de texto, que requiere de la intervención del Estado para regular y arbitrar en esos conflictos, de manera que el resultado no sea la derrota de los trabajadores ni tampoco la eliminación de toda posibilidad de inversión privada que sea redituable.
Tras la forma en que el Estado asume ese papel de regulación y arbitraje se esconde buena parte de la ideología del régimen político en su conjunto, y su estrategia para promover el crecimiento económico y el bienestar públicos. No se trata solamente de la geometría política clásica entre izquierda y derecha (aunque también se trata de esto), sino de la responsabilidad y la prudencia que los gobernantes deben poseer para impedir que los conflictos sociales se vuelvan ingobernables. Y en último análisis, se trata también del compromiso de las autoridades políticas con las prioridades sociales y de su lectura sobre la forma en que deben abordarlas.
La manta colgada en las rejas de la Secretaría del Trabajo revela, en ese sentido, que nuestras autoridades han confundido su papel de arbitraje y moderación entre intereses irremediablemente contrapuestos, con una suerte de militancia política a favor de sus propias causas. Y muestra también que quieren hacerlo en el terreno de la opinión pública: derrotar a los trabajadores rijosos con la fuerza de las leyes y la coerción física, de ser necesario, pero también descalificar sus demandas en el debate público. No encuentro otra explicación al despropósito de esa manta, ni tampoco a las entrevistas que concedió posteriormente el secretario del Trabajo para tratar de justificar el mensaje.
Sin embargo, no es necesario llenarse de datos para advertir que la política laboral del gobierno está atrapada en contradicciones flagrantes. De un lado, el gobierno ha repetido que la creación de empleos es una de sus mayores prioridades políticas, pero de otro lado, ha insistido también en que ese objetivo no podrá conseguirse sino ofreciendo el mayor número y calidad posible de incentivos a la inversión privada. Y entre ellos, a todas luces, ha estado el respaldo del Estado para ayudar a los empresarios a lidiar con las demandas laborales de sus empleados.
Contener las presiones salariales y moderar las prestaciones exigidas por los trabajadores es una forma directa y activa de contribuir a la rentabilidad de las inversiones privadas. Pero en el camino, esa estrategia (que lleva ya dos décadas de vigencia) ha acabado por confundirse con el desprestigio de los sindicatos y de toda actividad política que se declare favorable a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Dicho de otra manera: en busca de la creación masiva de empleos, se ha apostado por la debilidad de los sindicatos y, ante el conflicto, por la defensa abierta de los empresarios que arriesgan sus capitales. En cambio, a los trabajadores se les ha pedido que incrementen gradualmente sus aportaciones para el momento de jubilarse, a fin de evitar la quiebra del sistema financiero generada por el peso de las pensiones.
En esa estrategia hay además un amplio despliegue de recursos públicos destinados a la capacitación de la fuerza de trabajo y al incremento gradual de la oferta de prestaciones sociales para mitigar las demandas potenciales de los trabajadores. Es decir, hay un uso creciente de dineros públicos para suplir gastos y compromisos (incluyendo hasta el desarrollo tecnológico) que, en rigor, deberían cargarse a la cuenta de la empresa privada.
Y por si esto fuera poco, a los empresarios se les exime también de sus contribuciones a los costos de la seguridad social, a cambio de crear nuevos empleos para quienes se incorporan por primera vez a la fuerza laboral en activo. Buena parte del gasto público en México está anclada a esa lógica, que ha venido construyendo facilidades crecientes para la inversión privada, con el respaldo abierto y generoso del Estado.
En cambio, los sindicatos que han minado la eficacia del propio Estado tienen un tratamiento diferenciado. Los trabajadores de la administración pública, que se agrupan en las organizaciones sindicales más poderosas del país, incluyendo a los maestros, a los trabajadores petroleros o a los empleados de la misma seguridad social destinada a favorecer las condiciones laborales para la empresa privada, cuentan con la mayor simpatía y el privilegio del gobierno que los ocupa. Pero, paradójicamente, esos mismos favores han contribuido con creces al desprestigio de la organización sindical en su conjunto.
El mismo gobierno que se endurece con los trabajadores empleados por la iniciativa privada, tolera y auspicia excesos de todo cuño con los trabajadores pagados por el erario público. Y de paso, utiliza con propósitos políticos evidentes las alianzas forjadas con ellos.
Esas contradicciones se han venido construyendo desde hace por lo menos dos décadas. Pero en los últimos años se han convertido en una verdadera ancla para el crecimiento y el desarrollo social del país. El fracaso de esa doble ética laboral salta a la vista. Tanto como la manta colgada en las rejas de la Secretaría del Trabajo.
Profesor investigador del CIDE