Julián López Amozurrutia
La semana pasada, la Universidad Pontificia de México cerró el año jubilar de los 25 años de su reapertura con un simposio organizado por la Facultad de Derecho Canónico, que se tituló “Sanciones para algunos delitos imputables a clérigos, según el derecho canónico y civil”. En él se puso sobre la mesa de discusión el doloroso tema de los casos de pederastia que involucran a sacerdotes.
Es, sin duda, importante que en una sede académica como la universidad se considere abiertamente la cuestión, y aunque se echó de menos una perspectiva más amplia, que incluyera el contexto antropológico, teológico, pastoral y moral de los elementos involucrados, la columna vertebral del derecho permitió enfrentar un cuestionamiento grave con serenidad y realismo.
Es también sano conocer el sistema de sanciones previsto. Permite recordar, por una parte, el necesario marco de referencia que debe asegurar la objetividad de toda cuestión legal, así como la delimitación entre los campos civiles y canónicos, pues el cumplimiento de un orden no exime del otro.
Es verdad que en los casos manejados recientemente en la opinión pública hemos sido testigos de calumnias, oportunismos económicos, búsqueda de personajes de renombre y linchamientos mediáticos. Pero ello no quita que, aunque se tratara de un solo caso, nos encontramos ante un crimen abominable. Aunque las situaciones humanas son mucho más complicadas de lo que se pueda imaginar, y algún estudio ha mostrado que el porcentaje de religiosos que han presentado estos comportamientos es menor que el de otros grupos de la sociedad, ello no justifica ni excusa los casos existentes.
Creo que al interior de la Iglesia, la crudeza de los datos nos tomó por sorpresa; la incredulidad ante lo que se iba presentando se convirtió en perplejidad y, por qué no decirlo, en vergüenza. En este sentido, y no sin presiones a veces ejercidas en el lugar equivocado, la indignación pública ha prestado el servicio de un profundo examen de conciencia. Institucionalmente nos toca pedir perdón; no por los casos inventados, sino por los ciertos.
Como se hizo notar en el simposio, no basta pensar en las sanciones que debe enfrentar quien delinque, sino en la atención a la que tiene derecho quien ha sido víctima de abusos, así como sus familiares y seres queridos.
En este sentido, las compensaciones económicas que se han dado en lugares como Estados Unidos pueden ser un signo del reclamo social, pero resultan totalmente insuficientes a la hora de reconstruir interiormente la integridad de las víctimas, su fe y su pertenencia eclesial.
La sociedad tiene derecho a esperar de la Iglesia un testimonio totalmente diverso. La reflexión presente debe conducirnos a un trabajo concienzudo en la formación sacerdotal, así como una revisión amplia de parte de los sacerdotes sobre la integridad de todas las facetas de su vida. Si se pierde la motivación sobrenatural de la vocación, y se descuidan los medios que acompañan su desarrollo armónico, amenazas de este tipo o de otro aparecerán, poniendo en entredicho no sólo al ministro, sino a la Iglesia entera.
Es cierto que hay notables testimonios de caridad eclesial, de promoción de la justicia y de la educación, de la memoria sobre la dimensión trascendente de la vida humana. Pero todo esto se pone en peligro delante de traiciones como las que se estudiaron en el simposio. La Iglesia no trabaja su credibilidad por una especie de mercadeo social, sino por la convicción de fe que la anima en su servicio al hombre.
Es precisamente esto lo que ha sido golpeado, y la razón por la que los reclamos de incongruencia que se nos han hecho deben ser atendidos. Sólo la verdad nos hará libres.
teyamoz@prodigy.net.mx
Sacerdote y teólogo católico