Alejandro Encinas Rodríguez
En las últimas semanas se ha generado una gran polémica e incertidumbre en torno a la denominada Iniciativa Mérida, a la que diversos analistas identifican como una modalidad del Plan Colombia implantado para México.
Las páginas de EL UNIVERSAL han dado cuenta de las diversas críticas y sospechas que esta iniciativa ha despertado, al haberse construido un acuerdo a partir de negociaciones “discretas”, como lo señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin considerar, como lo establece nuestra Constitución, al Senado de la República.
Se ha puesto énfasis en el hecho de que esta iniciativa viene acompañada de condiciones e imposiciones sobre la soberanía y política exterior de México; que el enfoque que da a esta “cooperación” el gobierno de Estados Unidos es fundamentalmente bélico, como lo acredita el hecho de que los recursos que este país asignará al programa provienen de la misma partida presupuestal que la destinada a las guerras de Irak y Afganistán, y que es inaceptable que el Ejército mexicano se subordine a los dictados del Pentágono, entre otros muchos comentarios.
Nadie puede negar la necesaria cooperación internacional para combatir a las organizaciones criminales del narcotráfico. Por el contrario, el combate a esta actividad ilícita requiere de acciones firmes, que garanticen el cumplimiento de los deberes fundamentales del Estado: la seguridad de las personas y sus bienes, y la integridad del territorio y de la soberanía nacional.
Sin embargo, como lo he señalado anteriormente, enfrentar un problema de esta magnitud necesita una visión integral que atienda no sólo los efectos, sino principalmente las causas, y que más allá de la adquisición de equipos, armas y más policías, enfrente los problemas estructurales.
Por ejemplo: el Tribunal Superior Agrario ha reconocido que la tercera parte de las tierras cultivables del país se destinan al cultivo de drogas. Es decir, de los 31 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, 9 millones se dedican a la siembra de mariguana y amapola, muy por encima de las poco más de 8 millones de hectáreas que producen maíz.
Por su parte, un estudio de la Universidad de San Nicolás Hidalgo, de Michoacán, retomado en un artículo de Ernesto Méndez, señala que el precio que se paga a un productor de enervantes es 300 veces superior al que recibe por el cultivo de maíz, ya que el kilo de mariguana cuesta 18 mil pesos, frente a los 2 mil pesos que se paga por tonelada de maíz, situación que se reproduce respecto a los productos agrícolas más rentables.
Esto ha llevado a un crecimiento acelerado de la superficie destinada al cultivo de droga, que abarca principalmente ocho estados del país y a 5% del territorio nacional, mientras que sólo 0.5% de la superficie cultivada con droga en el país es destruida por las autoridades.
Esta situación ha traído consigo no sólo que un sector importante de los productores agrícolas sustituyan los respaldos económicos que deberían recibir del Estado mexicano por el apoyo del crimen organizado, sino que además estos últimos han venido construyendo una base social, que permite el control del narcotráfico de vastas regiones del país.
Se debe asumir que hace tiempo nuestro país dejó de ser sólo un país de tránsito de drogas para convertirse en un país productor y consumidor, las estadísticas así lo demuestran; y al mismo tiempo que existen regiones bajo control del crimen organizado, lo que puede reproducir fenómenos similares a los acreditados en Colombia, donde pese al amplio despliegue policiaco y militar, y a la presencia militar de Estados Unidos, el control de un vasto territorio de ese país, por el narcotráfico, grupos guerrilleros y grupos paramilitares se ha consolidado, sin disminuir la producción de enervantes.
Como lo hemos visto en otros países, en el fondo a la derecha no le interesa combatir este problema, le interesa más aparentar que algo se está haciendo, en la lógica de lograr un cambio en la percepción pública. Que ésta tenga la impresión de que se está combatiendo el problema, pese a que éste avance, y hacer un despliegue de fuerza y autoridad, que más allá de combatir al crimen pretende legitimar y ampliar el poder del Estado, sin contrapesos y transparencia, e inhibir e intimidar la inconformidad social.
aencinas@economia.unam.mx
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM