Miguel Carbonell
No cabe duda de que, en materia de respeto a los derechos de los migrantes, México sigue siendo farol de la calle y oscuridad en su casa. El Presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, los gobernadores, los legisladores federales y locales, e incluso los periodistas no dudan en criticar con toda energía (como debe ser) al gobierno de Estados Unidos por las vejaciones a que son sometidos los mexicanos que se atreven a cruzar la frontera norte de manera ilegal. Pero esos mismos actores son incapaces de levantar la voz para frenar las terribles violaciones de derechos que sufren los extranjeros que se adentran en territorio nacional, sobre todo a través de la porosa frontera con Guatemala y Belice.
En una de sus últimas recomendaciones de 2007 la CNDH documentó una humillación más a los extranjeros indocumentados que atraviesan suelo mexicano en busca de alcanzar Estados Unidos. En la estación migratoria de Saltillo miembros de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila obligaron a varios migrantes guatemaltecos a introducirse un “hisopo rectal” de más de 20 centímetros, a fin de verificar que no fueran portadores del virus del cólera.
Lo hicieron violando completamente su derecho a la intimidad, su dignidad humana y su integridad corporal. ¿Se imagina el lector lo que diría el presidente Calderón si a los migrantes mexicanos que fueran detenidos en Arizona o en California los obligaran a introducirse en el recto un hisopo para sacar muestras corporales? ¿Se imagina el lector la humillación que sentiría si le aplicaran esa prueba en público, tapado apenas con la “privacidad” de una cortinilla, mientras una enfermera y un doctor supervisan el hecho y en la misma habitación aguardan otros cuatro o cinco migrantes?
Pues eso se hizo hace unas semanas en un centro de detención de migrantes que depende del Instituto Nacional de Migración, el cual a su vez forma parte de la Secretaría de Gobernación del gobierno que encabeza Felipe Calderón. ¿Se ha escuchado de parte de Cecilia Romero, del antiguo o del nuevo secretario de Gobernación o incluso del Presidente el anuncio de un plan global de mejoramiento del instituto o de condena contundente por la utilización de los hisopos? ¿Se ha escuchado que el gobernador de Coahuila —jefe de los médicos responsables del atropello— haya hecho algo contra el personal bajo su mando? ¿Qué espacio le han dedicado los medios de comunicación a difundir la recomendación de la CNDH y condenar a los autores de tamaño atropello?
El tema ya sería trágico si fuera simplemente anecdótico. Sucede sin embargo que es mucho peor, dado que de acuerdo a lo que caso tras caso ha podido documentar la CNDH no se trata de una desgracia aislada. Tal parece, más bien, que existe una política del Estado mexicano destinada, de forma expresa, a mantener un trato hacia los migrantes que propicia, fomenta y ampara las violaciones de derechos humanos de quienes llegan a México sin documentos legales. Se ha acreditado hasta el cansancio el pésimo estado de las estaciones migratorias, la impunidad de los vigilantes de trenes que asaltan y lesionan un día sí y otro también, el funcionamiento ilegal de elementos de seguridad privada en recintos oficiales a cargo del Estado mexicano, la extorsión de las policías municipales, estatales y federales a los migrantes, el abuso sexual de servidores públicos a las mujeres migrantes y un largo etcétera que nos debería llenar de vergüenza como país y como ciudadanos.
¿Con qué cara podemos pedir respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos si nosotros tratamos mil veces peor a quienes se adentran en territorio mexicano? ¿Es que acaso hemos perdido el más elemental sentido de la dignidad y del respeto hacia los demás? En materia de migración, no cabe duda alguna, México está claramente reprobado.
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Investigador en el IIJ-UNAM