Rodolfo de la Torre
Desde su inicio la política social del presidente Calderón ha estado claramente definida: continuidad y expansión gradual de sus componentes. Así, por ejemplo, ha permanecido el programa central de combate a la pobreza, Oportunidades, y se han agregado a él elementos como la ayuda a las familias para la adquisición de energéticos. También ha sido claro que este enfoque es insuficiente, por lo que se esperaban nuevas propuestas.
El Plan Nacional de Desarrollo presagiaba la profundización de la política social al introducir como su base la noción de desarrollo humano sustentable y proponerse el combate a la desigualdad. Sin embargo, los planes sectoriales no condujeron a una política social más estructurada. Ahora, con un nuevo titular de la Sedesol se plantea la posibilidad de reforzar dicha política.
Ampliar la cobertura de los servicios de salud, mejorar la calidad de la educación o aumentar los recursos y servicios para los pobres, objetivos planteados en los planes sectoriales de la política social, si bien atienden importantes necesidades, no atacan el problema fundamental de generar aceleradamente empleos para que las personas puedan acceder a mejores niveles de vida y sostenerlos por sí mismas. No se le saca el máximo provecho a una política social si, por ejemplo, se mejora la salud de la mujer, su nivel educativo y se le permite alistarse para el mercado laboral con estancias infantiles, si no existe un puesto de trabajo bien remunerado esperándola a ella. Se dirá que tal asunto no es materia de la política social sino de la económica, pero tal cuestión no es enteramente cierta.
En las últimas décadas México ha enfrentado un cambio tecnológico que privilegia el empleo de mayores niveles de capital humano, es decir, de trabajadores cada vez más saludables y educados, generando desventajas para aquellos que no tienen servicios de salud o una educación de calidad.
Por este motivo las medidas para mejorar el acceso a los servicios educativos o acercar elementos de la seguridad social a quienes no gozaban de ella han ido en la dirección correcta, particularmente programas como Oportunidades, focalizado en los más pobres. Sin embargo, elementos centrales de la política social, como los servicios que proporciona el IMSS o el Seguro Popular, han planteado la elevación del capital humano de una forma injusta y adversa para la creación de empleos.
A diferencia de la educación básica, la seguridad social, en un sentido amplio, no es un derecho de todos los mexicanos, sino sólo de aquellos que tienen un empleo formal. Quienes no tienen un trabajo de esta naturaleza deben conformarse con servicios médicos, de pensiones, guarderías y de acceso a la vivienda muy limitados pese a también ser ciudadanos mexicanos y trabajar tanto como lo harían en la formalidad. Lo anterior equivale a una situación en la que a un niño se le permitiera inscribirse a una escuela primaria pública si y sólo si su padre tuviera un trabajo formal y tuviera que esperarse a recibir cursos especiales o educación para adultos de no ser así. Lo que en algún momento fue nuestra más avanzada legislación, los derechos laborales, ha quedado obsoleta en la época de los derechos universales.
Por otra parte, los asalariados formales tienen que pagar por su seguridad social, junto con empleadores y gobierno, un elevado costo en la forma de contribuciones que les restan remuneración líquida. A cambio reciben en bloque, sin poder elegir los elementos que son de su interés, servicios que distan mucho del valor que representa el dinero que sacrifican por ellos. En otras palabras, la contribución al IMSS equivale en buena medida a un impuesto a los trabajadores. En cambio, los que laboran en la informalidad reciben de manera altamente subsidiada elementos de seguridad social entre los que pueden escoger. Lo anterior representa de facto un incentivo a que empresas y trabajadores eviten pertenecer a una formalidad que les es onerosa y elijan una informalidad cobijada por fondos públicos.
La política pública requiere universalizar los derechos a la seguridad social, dejar de poner un impuesto a la formalidad y de subsidiar a la informalidad, no sólo como una cuestión de justicia sino también para reactivar la creación de empleos de calidad. De no ser así, la Sedesol, administrando mejor sus programas y generando más activos productivos para lo pobres, habrá de rescatar de la pobreza extrema a una población que enfrentará un mercado de trabajo adverso y que recurrentemente regresaría a ser sujeta de su atención. La nueva política social no puede cifrarse en la continuidad y el gradualismo, en un segundo piso a Oportunidades o en un nuevo parche a lo que no ha sido cubierto en el pasado. Sin descuidar la formación de capital humano se requiere mirar a la creación de empleos.
En suma, se requiere armonizar una política económica y una política social que por décadas se han planteado de manera independiente hasta terminar por enfrentarlas, y no simplemente sumarles elementos. Esta tarea ciertamente rebasa las atribuciones del nuevo secretario de Desarrollo Social, pero bien puede comenzar con él.
rodolfo.delatorre@prodigy.net.mx
Director de la Oficina del Informe Nacional de Desarrollo Humano