Alberto Aziz Nassif
Lo que empezó con bombo y platillo —una reforma constitucional en materia electoral—, porque prometía un cambio importante en las principales reglas de la competencia por el poder, se aproxima a su fase final de forma poco alentadora. La publicación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el pasado 14 de enero, marca el punto final en materia de legislación; sin embargo, en un balance se pueden plantear muchas dudas y abiertos cuestionamientos sobre los cambios. Además, la renovación de los consejeros electorales se encuentra empantanada en la Cámara de Diputados.
El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) ha elaborado un balance sobre lo que nos dejó este cambio de reglas del juego. Hay importantes cuestionamientos y riesgos graves. Lo menos que se puede decir de entrada es que la fase que sigue en la vida política del país abre desafíos estratégicos para la gobernabilidad, y los diputados parecen empeñados sólo en la satisfacción de sus pequeños intereses de corto plazo.
En suma, entre lo que se prometió y sus resultados, entre lo que no se hizo y lo que se legisló para controlar a la autoridad electoral, entre lo que queda sobre la mesa y los desafíos que vienen en el corto plazo, tenemos una reforma de claroscuros, con algunos avances indudables, pero sin la fuerza para reconstruir la confianza y conducir el conflicto dentro de márgenes institucionales para evitar una nueva etapa de polarización. Sin duda, estamos frente a un problema estratégico para la democracia mexicana.
Las principales conclusiones a las que hemos llegado en el CCRE son:
1) En la nueva relación entre política y medios masivos hay avances, sobre todo por la prohibición de compra de tiempo y por la imposibilidad de difusión de la propaganda gubernamental en tiempos electorales, sin dejar de lado la despersonalización de la propaganda oficial. No compartimos las posiciones empresariales y de un grupo de intelectuales sobre supuestos atentados a la libertad de expresión en la reforma.
2) En materia del financiamiento, consideramos que los legisladores nos vendieron gato por liebre, porque en efecto hay una disminución del gasto para campañas, pero el gasto ordinario sigue igual, así que en los próximos 10 años el tan cantado ahorro sólo será de 11%, de acuerdo con los cálculos del propio comité.
3) Sobre las coaliciones de partido, consideramos que se llegó a un acuerdo inaceptable por la solución de una fórmula denominada de “vida eterna” para los partidos chicos, con lo cual sólo tendrán que llegar a 1% para que se les complete el porcentaje mínimo; se trata de un abierto tráfico de votos.
4) Sobre la fiscalización de los gastos de los partidos hay un avance en la superación del secreto bancario, fiduciario y fiscal, pero el traslado de la fiscalización de una comisión de consejeros hacia un órgano unipersonal es una pérdida en la ciudadanización de la función y tendrá consecuencias complejas en la relación entre el fiscalizador y el Consejo General del IFE.
5) La organización de las comisiones de los consejeros sufrió un retroceso, sobre todo por la burocratización de un espacio que también pierde en libertad, autonomía y ciudadanización.
6) Una de las grandes limitaciones de la reforma es la completa ausencia para fortalecer a los consejos locales y distritales, espacios desde los que se hacen las elecciones en concreto. Se mantiene la centralización y las limitaciones para los consejeros en estos ámbitos.
7) Si hay un retroceso abierto este es, sin duda, la nueva contraloría que será nombrada y monitoreada desde el Congreso; tendrá funciones amplias para que los partidos ejerzan una presión cotidiana sobre el IFE, en una abierta violación a su autonomía. Trato de excepción al IFE dentro de todos los órganos autónomos. Era demasiado autónomo el IFE para los partidos políticos. Es una decisión equivocada. Pronto lo veremos.
Al final, pero no menos importante, queda el tema de la elección de los nuevos consejeros electorales. Lo que se anunció como un proceso innovador, una consulta pública, terminó en un fracaso. Cuando el objetivo de los legisladores es controlar al IFE y poner consejeros de su confianza, el resultado son los vetos cruzados, las filias y las fobias. Si el objetivo hubiera sido poner al frente del IFE a consejeros con peso propio, con convicción democrática, autonomía de los partidos y conocimiento de la materia, el resultado se habría ajustado a una evaluación objetiva y profesional, cosa que no sucedió. Ahora, en los próximos días quizá se logre algún acuerdo, pero nada lo garantiza.
Sin duda, la renovación de los consejeros debería haber sido completa, solución óptima para la reconstrucción de la confianza en el IFE. Pero a una decisión parchada, con un escalonamiento forzado, ha seguido la violación de una norma constitucional que los mismos legisladores establecieron. A ello se puede agregar que el nombramiento de tres consejeros, entre ellos al consejero presidente del IFE, se ha empalmado con la renovación de los siguientes tres, que tendrán que irse el próximo mes de agosto. Así, un proceso que fue innovador ha terminado en una crisis constitucional. Una prueba adicional de incompetencia ha sido la revocación que hizo el Tribunal Electoral de los acuerdos del autodenominado grupo de los ocho consejeros actuales (EL UNIVERSAL, 24/I/08).
Finalmente, hay en el escenario electoral próximo dos riesgos graves que afectarán de forma progresiva al sistema electoral en su conjunto: uno es la intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en las elecciones, con señales que cada día son más explosivas: el asesinato de candidatos, legisladores y jueces, además de la penetración directa no sólo a través de recursos económicos, sino de representantes directos. El otro tiene que ver con la manipulación del voto, la compra y la coacción, el aumento del clientelismo, que ahora será profundizado por partidos cada vez más ricos.
En las nuevas reglas del juego electoral no existe ningún instrumento que pueda enfrentar estos desafíos. Para variar, a nuestros legisladores sólo les alcanzó para ver hacia atrás, pero no para una reforma hacia el futuro. Por lo pronto, la incapacidad de la clase política para reconstruir la confianza electoral perdida nos dejan un panorama poco alentador.
Investigador del CIESAS