César Cansino
Según la encuesta anual Latinobarómetro recientemente publicada, la democracia no es el sistema de gobierno preferido por los ciudadanos del hemisferio. En el continente, sólo 48% de los ciudadanos lo prefiere, en contra de 52% que se inclina por regímenes fuertes, si son eficaces. En particular, en el caso de México, hoy menos mexicanos —31%, contra 41% del año pasado— están a gusto con la vida democrática. ¿Qué explicación hay detrás de estas cifras?
Si el ingreso de México a la democracia en el año 2000 fue tardío y completamente inusual respecto de todas las transiciones de las que se tenga registro, más inusitado está resultando su instauración y establecimiento después de la alternancia. Los mexicanos nunca depositamos en la democracia, cuando apenas se asomaba, más de lo que ésta es y puede llegar a ser: una forma de gobierno basada en el respeto a los derechos políticos y civiles de todos, orientada a articular de manera pacífica y abierta una pluralidad de intereses mediante reglas claras e incluyentes, como la representación y el sufragio.
Asimismo, nunca pensamos que la democracia resolvería mágicamente nuestros muchos rezagos acumulados, ni que neutralizaría de golpe los embates autoritarios o que santiguaría a la clase política para que actuara con honradez y rectitud. Sin embargo, sí creíamos que con el arribo de la democracia la política ganaría en civilidad, que los políticos tendrían menos incentivos para actuar impunemente, que habría más controles para frenar los abusos de autoridad y castigar a los que infringen la ley, que los ciudadanos seríamos más influyentes en el comportamiento de nuestros representantes, dado que podríamos castigarlos o premiarlos en las urnas.
Como quiera que sea, nuestra primera experiencia como nación con la democracia ha sido francamente desilusionante. En el México del cambio, como lo demuestra Latinobarómetro, no ha logrado afirmarse culturalmente ese conjunto mínimo de valores y contenidos que hacen que una forma política sea preferible a otras; no ha cuajado ese dispositivo simbólico que lleva a hacer tabla rasa de un pasado autoritario para abrazar con entusiasmo y convicción un futuro distinto, de plenas libertades y derechos. Para ello ha coadyuvado una cadena de escándalos políticos de triste memoria que ha exhibido a una clase política sin escrúpulos, en la que reinan la impunidad, la discrecionalidad y los abusos de autoridad. Los mexicanos todos hemos sido espectadores los últimos años de un deterioro institucional y político que abona al desánimo y el malestar.
Por todo ello, pero sobre todo por los muchos déficit de credibilidad y certidumbre institucional que dejaron las elecciones federales del 2 de julio de 2006, nuestra democracia necesita ser repensada con nuevos contenidos producto de una discusión amplia y plural de la que no pueden marginarse ni los actores políticos ni la sociedad. Lamentablemente, en la medida que los ajustes y reformas normativas pendientes dependen de los mismos actores partidistas no se ve cómo podrían trascender el círculo de los perversos incentivos antidemocráticos.
¿Cómo albergar entonces de manera virtuosa las nuevas conductas y los nuevos valores abiertos con la transición democrática en el marco de instituciones y leyes heredadas del pasado autoritario, creadas para fines no democráticos? En efecto, si algo sugiere de manera dramática la turbulencia política de los últimos años es la imperiosa necesidad de actualizar de una vez por todas nuestras normas e instituciones, pues las vigentes no responden a los imperativos de una democracia. En su marco sigue siendo factible la corrupción y la impunidad en todos los niveles, la procuración de justicia sigue siendo abiertamente permisiva y discrecional, en una palabra, el estado de derecho sigue siendo una quimera.
Huelga decir que difícilmente pueden asentarse socialmente los valores democráticos ideales, como la tolerancia, el imperio de la ley, el pluralismo, el diálogo, el respeto, la honorabilidad, etcétera, cuando la clase política realmente existente permanece muy distante en los hechos cotidianos de esos valores. Lo que está en juego es la construcción social de una convicción básica e igualmente indispensable para que la democracia electoral tenga un piso fértil y seguro en el imaginario colectivo: la democracia no resuelve mágicamente todos los problemas; es una forma de gobierno compleja cruzada siempre de conflictos y contradicciones, la representación política no siempre conecta con la sociedad, y una interminable lista de inconsistencias; pero, pese a todo, siempre será preferible a cualesquiera otras formas de gobierno.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada