MIGUEL ANGEL CULEBRO ACEVEDO
LIBERTAD Y RECONCILIACION
No es tan fácil, en el ejercicio del poder, anteponer la justicia social como premisa de un gobierno que hace alarde al goce de las libertades y de los derechos humanos plenos, sin pasar por alto las garantías constitucionales, sin embargo, en Chiapas se viene observando que el ejercicio practicado por el gobernador Juan Sabines Guerrero, no solo se basa en la voluntad política, sino irrestricto respeto de la ley, su cabal aplicación y una humana justicia social. El otro rostro del ejercido durante la dictadura de Pablo Salazar.
Por principio de cuentas, Juan Sabines no se aproxima una milésima al estilo repudiado del ejercicio del poder de muchos gobernadores que en los últimos 25 años ha tenido este rincón del sureste mexicano, a excepción de su padre, Juan Sabines Gutiérrez, cuya mística, no solo quiere homologar, sino en muchos casos superar, por las condiciones de pobreza extrema que hoy prevalecen en la entidad y sobre todo, de injusticia acumulada al paso de las décadas.
Liberar a presos que por su condición humilde y por alzar la voz contra la injusticia, ser actores sin libertad, más que para la escenografía grotesca que dibujó Pablo Salazar en sus seis años de demencia mesiánica, es aplicar la ley y Juan Sabines no tiene empacho en ordenar la revisión de expedientes de los llamados presos políticos en Chiapas, cuya cifra aún no es cuantificada, aunque el Subsecretario de Relaciones Políticas, Seth Yassir Vázquez Hernández, anticipara que se analizan 360 expedientes judiciales y por lo pronto, en pleno inicio de Semana Santa, fueron liberados cuatro presos más.
Va de la mano la acción de impotencia de decenas de presos que algunos, ante la desesperación de haber cumplido hasta cinco años, sin que les dictaran sentencia, como el caso del indígena chamula Zacario Hernández Hernández, quien estuvo preso más cinco años en el penal El Amate, se vio obligado a declararse en huelga de hambre, cumpliendo en ayuno más de 30 días para hacerse escuchar, poniendo en alto riesgo su vida. Está entre los cuatro liberados la semana pasada.
La medida por supuesto no es recomendable. No es necesario, incluso, porque el gobernador chiapaneco ha dado instrucciones precisas al Poder Judicial del Estado y al Ministerio de Justicia, encabezados por Sonia Simán Morales y Amador Rodríguez Lozano, respectivamente, para revisar los expedientes y otorgar su libertad a cuantos se encuentren presos injustamente.
Llama la atención que no solamente organismos en defensa de los derechos humanos salgan al paso para que se analice los expedientes judiciales de inocentes presos en las cárceles de Chiapas, como el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, sino que la iglesia católica también alce la voz para la aplicación de la ley. Ahora hay oídos que entienden el lenguaje, por lo mismo, Seth Yassir Vázquez Hernández, ha pedido, a nombre del gobierno que encabeza Juan Sabines, que la Diócesis de San Cristóbal de las Casas convenza a los demás indígenas en ayuno, que suspendan su huelga de hambre, pues con y sin esa medida de presión, los expedientes se están revisando y se otorgará libertad a quien así lo amerite.
Y HABLANDO DE LEYES
En ese contexto, los diputados del Congreso del Estado harán lo propio, luego de haber coincidido en la creación de la Agenda Legislativa, que desde la semana pasada quedó integrada, misma que contiene crear trece ordenamientos legales con 12 leyes nuevas y la revisión a fondo de los actuales códigos en materia penal y civil.
Los legisladores tendrán la oportunidad de pasar a la historia, dentro de un gobierno democrático y justo, impulsar leyes que se alejen de las perversidades del poder, que sirvieron de sustento para acallar y hasta encarcelar a cuantos se han opuesto a los regímenes dictatoriales y sobre todo, a cuantos han alzado la voz contra la corrupción.
Si la Agenda Legislativa de Chiapas prevé crear 12 nuevas leyes, las cuales son parte de ejes temáticos fundamentales para el fortalecimiento de la vida democrática y la justicia social, entre ellos Procuración y Administración de Justicia, Derechos Humanos, Seguridad y Protección Ciudadana, Electoral y Participación Ciudadana, Desarrollo Social y Humano, Ecología, Fortalecimiento Municipal y Equidad de Género, sin duda que la concordancia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo está siendo práctica común que como ejemplo pone el gobernador Juan Sabines.
Las discrepancias, las ideologías y cualquier antagonismo personal ha quedado superado en el seno del Congreso chiapaneco, anteponiendo la civilidad política de parte de la Junta de Coordinación Política conformada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, Sami David; Juan Carlos López Fernández, del PRD; Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, del PAN; Alejandro Orantes Coello, del PVEM; Sonia Catalina Álvarez, del PT; Carlos Arturo Penagos Vargas, de Convergencia; Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza y José Ángel Córdova Toledo, Presidente de la Mesa Directiva.
Con el acuerdo de la Junta se crearán las siguientes leyes.
Ley de Justicia Alternativa, Ley para la Protección a Migrantes, Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial, Ley de Partidos Políticos y Participación Ciudadana, Ley de Afectación de Bienes y Derechos por Causa de Utilidad Pública, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Coordinación Fiscal del Estado con sus Municipios y un Código Financiero y Administrativo Municipal, Ley de Desarrollo Social, Ley para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental, Ley para el Manejo de Residuos Sólidos, Ley Orgánica Municipal y Ley del Instituto de la Mujer.
LA ANTITESIS
Mientras que en Chiapas se insiste en la aplicación de la transparencia en los órdenes estatal y municipal, pareciera que los diputados federales, luego del escandaloso asunto de PEMEX, donde, a fuerza de una estrategia mediática, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño se vio envuelto por un conflicto de intereses, en el Congreso de la Unión, los legisladores federales están en pleno retroceso de la Ley de Información y Transparencia y ahora resulta que crearán un reglamento que permita ocultar información, que será clasificada como “reservada”.
Mientras ello sucede, habrá que ver cuántas “sorpresas” más intenta dar el titular del Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, Humberto Blanco Pedrero, tras la detención del expresidente municipal de Chiapa de Corzo, Francisco Molina Moreno. El exalcalde de Cacahoatán, Carlos Enrique Alvarez está siendo investigado por cuantiosa fortuna y de paso su actual presidente municipal, quien obviamente lo solapa y no se salvan los expresidentes municipales de Huixtla, Jitotol, Villaflores, Tonalá, Tuzantán, Ocozocuatla, San Fernando, entre otros, pese a que algunos se sienten intocables por los resultados del 7 de octubre de 2007…ahí está pues… ¡YA! Correo defacto2010@hotmail.com