Cosme Vázquez /ASICh
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública no deberá tener ninguna ingerencia en la toma de decisiones que tengamos con respecto a los sujetos obligados a la transparencia, y en eso es lo que estamos haciendo frente común los 33 organos garantes de la transparencia en el país, sostuvo el consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas, Mario Vega Román.
Dijo que como parte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, el IAIP mantiene la confianza en que los partidos políticos representados ante el Congreso de la Unión consoliden una reforma constitucional de transparencia de vanguardia, que fortalezca el acceso a la información en el país.
Vamos por un verdadero sistema nacional de transparencia gubernamental, pero se ha pedido que el IFAI no tenga competencia en los recursos de resolución de los institutos estatales, porque para empezar los recursos que fiscalizamos son estatales, no federales.
En tanto, en el caso de las personas podrían recurrir al Instituto Federal como una segunda estancia, sobre todo cuando no estén conformes con las resoluciones de los órganos locales o a juicio de amparo ante el Poder Judicial.
Precisó que no tratan como organo garante de transparencia en Chiapas, blindarse de la intervención del IFAI en las resoluciones que hagan de cada uno de los casos de los sujetos obligados, lo unico que se trata de evitar es el retraso en la entraga de la información a los solicitantes.
Dijo que para la reforma constitucional que actualmente se encuentra en manos de los diputados federales, los 33 institutos de acceso a la transparencia en los estados han propuesto que se debe establecer órganos garantes con autonomía constitucional, especializados e imparciales.
No es funcional facultar al IFAI para que pueda atraer recursos de revisión de las entidades federativas a discreción, pues ello atentaría contra la debida autonomía de los organismos garantes locales.
Asimismo, dijo que efectivamente es conveniente expedir tres leyes generales que establezcan estándares mínimos en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información pública; protección de datos personales y archivos.
Han dejado establecido que los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la legislación en materia de transparencia, tanto a nivel federal como local, además de los fondos y fideicomisos públicos, las personas físicas y todo aquel que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
Vega Román puntualizó que han llegado a la conclusión y acuerdo en que la Constitución determine la obligación de todo servidor público de documentar sus actos de autoridad, para que la sociedad pueda realizar una revisión adecuada a su gestión. ASICh