Derechos humanos vs Ejército… Otra vez
Katia D’Artigues
El pasado jueves, la Comisión Nacional de Derechos Humanos giró una nueva recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta ocasión, por el asesinato de dos estudiantes en el Tecnológico de Monterrey, durante un enfrentamiento entre militares y presuntos narcotraficantes en marzo pasado
De acuerdo con la CNDH –y como se manejó posteriormente por diversas voces– los integrantes del ejército alteraron la escena de los hechos, y además, presuntamente habrían golpeado a los dos jóvenes antes de morir.
La madrugada del 19 de marzo pasado, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso se encontraban en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Monterrey. Eran dos estudiantes de excelencia.
Terminaban de estudiar y abandonaban ese campus, cuando afuera de él, comenzó un enfrentamiento entre militares y presuntos narcos.
Los estudiantes quedaron en medio del fuego. Murieron debido a las balas que habrían recibido… y digo habrían, porque de acuerdo con la CNDH, su muerte también se pudo deber a otras situaciones.
En un primer momento, las autoridades estatales dieron a conocer que los jóvenes muertos eran integrantes del grupo que atacó a los militares
Esto provocó tanto confusión y coraje por parte de esta institución y por sus familiares.
Días después de este lamentable hecho, el todavía rector del sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann dijo que los dos estudiantes murieron debido al estallido de una granada del ejército mexicano.
–Las personas que estaban ahí, pues se asustan y tratan de borrar aquello por las implicaciones, pues para qué iban a quitar credenciales y limpiar todo, la identidad de aquellas personas.
(Sin olvidar que la comunidad académica tanto del Tec como de otras universidades convocaron a diversas movilizaciones para que estos crímenes fueran esclarecidos)
Y esto viene a reforzar el argumento con el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos basó su recomendación: la alteración de la escena del crimen, porque eso fue.
También se refirió a toda la compleja situación que se dio durante las primeras horas, cuando las autoridades nos hicieron creer que Javier y Jorge eran presuntos delincuentes, como en tantos otros casos.
El pasado 1 de mayo, el vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera ofreció una conferencia de prensa, bastante mal organizada por cierto, donde intentó dar detalles del avance de las investigaciones sobre estos hechos. Les presento los últimos aspectos mencionados:
1.- De lo hasta ahora actuado, se infiere que los jóvenes ingenieros fallecieron a consecuencia de los disparos hechos desde diferentes distancias durante el enfrentamiento anteriormente descrito. Cabe hacer notar que, cuando menos en el caso del joven Jorge Antonio Mercado Alonso, uno de los impactos corresponde al calibre utilizado por la delincuencia organizada. Al respecto se seguirán realizando mayores investigaciones.
2.- La Procuraduría General de la República continuará con la investigación, a fin de encontrar la verdad histórica de los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. En lo que respecta con la alteración del lugar de los hechos y las omisiones en la preservación debida de la escena del crimen, a la par de las actuaciones de la PGR, se dará vista a la Procuraduría General de Justicia Militar, para deslindar responsabilidades conforme a derecho.
3.- Se informa que la Procuraduría General de la República ha integrado un grupo de reacción inmediata que, a partir de esta fecha, se hará cargo de eventos en los que participen instituciones federales en cualquier parte del territorio nacional.
Hasta aquí, parte de la versión oficial.
Y como ya les mencionaba, el jueves pasado, la CNDH dio a conocer su recomendación sobre este caso. De antemano, mencionan la falta de colaboración por parte de las dependencias oficiales relacionadas con el expediente del asesinato de estos jóvenes.
–En efecto, para la integración del expediente que contiene la investigación realizada por esta Comisión Nacional se enviaron diversas solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, a las cuales no siempre correspondió la respuesta debida y adecuada, por ello, no obstante que en términos de ley pudo haberse considerado que ante la falta de informe o bien respuesta puntual se hubiesen declarado ciertos los hechos, tal y como lo dispone el artículo 38 de la ley que rige el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta orientó el mejor de sus esfuerzos para allegarse de evidencias que permitieran arribar a la verdad histórica y corroborar los hechos que se desprenden de las investigaciones.
A la PGR la señalan porque en un principio sí se les permitió conocer el expediente. Pero posteriormente la situación cambió. Tampoco la SEDENA les permitió conocer la averiguación previa de este lamentable caso.
Ante estos hechos, la CNDH considera que no tiene los elementos suficientes para determinar quiénes fueron los responsables del asesinato de estos dos jóvenes.
–sin embargo, las evidencias recabadas permiten afirmar que el uso arbitrario de la fuerza pública por parte de la Unidad “Néctar Urbano 4”, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, lo cual tuvo como consecuencia de manera directa o indirecta la privación de su vida.
En la página 14 de esta recomendación pueden leer parte del informe de la SEDENA en el cual, los militares que participaron en el enfrentamiento, declararon que de la camioneta:
–“Marca GMC, tipo Yukón/Suburban 4WD…de dicha camioneta Yukón, descendieron dos personas más, que ahora se saben respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr hacia la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicado en la confluencia de las avenidas Garza Sada con Luis Elizondo, lugar en el que cayeron abatidos resultado del enfrentamiento referido.”
Ante esta versión, la CNDH declara en su recomendación:
– Ahora bien, las evidencias obtenidas por esta Comisión Nacional, permiten observar que la versión a que se ha hecho referencia, en la que se afirma que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, se bajaron de la camioneta Yukón en la que agredieron inicialmente a los elementos militares, resulta inconducente, por lo que esta Comisión Nacional observa con preocupación que el contenido del informe de la autoridad responsable no es apegado a la verdad y que existió, además, una indebida preservación de los indicios y recolección de los mismos. Una pieza esencial para la determinación de lo que en realidad sucedió el día 19 de marzo de 2010 consiste en el análisis del video, obtenido de la cámara de seguridad fija ubicada en la caseta de ingreso a la institución educativa en las esquinas de las avenidas Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo.
El organismo defensor de derechos humanos detalla también las contradicciones entre funcionarios de la procuraduría estatal, referentes a la identidad de los dos estudiantes ejecutados.
–De igual manera, esta Comisión Nacional se allegó del comunicado de prensa emitido por la Comandancia de la 7/a. Zona Militar, fechado el 19 de marzo de 2010 en General Escobedo, Nuevo León, denominado “PERSONAL MILITAR REPELE AGRESIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N. L., así como las primeras declaraciones de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, cuyo titular, refirió a T1, “te aseguro al 100% que no eran alumnos”, como consta en acta circunstanciada de 23 de marzo de 2010, sin embargo, horas después, las personas fallecidas fueron identificadas por sus familiares y se confirmó que se trataba de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Ahora bien, en la recomendación se hace referencia a que algunas de las heridas de bala en el cuerpo de Jorge Antonio Mercado Alonso, fueron realizadas a una distancia menor a un metro.
Y lo más lamentable: que de acuerdo con el material analizado por la CNDH, ambos cuerpos presentaban lesiones por golpes, que son causadas cuando los cuerpos aun estaban con vida.
–Es necesario dejar claro que la equimosis es una coloración causada por el sangrado superficial dentro de la piel, debido a la ruptura de vasos sanguíneos como consecuencia del sufrimiento de un golpe contuso, lo que sólo se puede presentar cuando la persona que los tiene se encuentra viva al momento de recibirlos.
Ahora bien, acorde al dictamen médico forense realizado por la Coordinación de Servicios Periciales de la Comisión Nacional se determinó que las lesiones descritas en la región facial de ambos cadáveres no corresponden con un proceso de caída, en razón de que en las autopsias no se describen lesiones en las partes o regiones anatómicas salientes del cuerpo, como son las rodillas, codos y dorso de los pies, lo que orienta a concluir que éstas fueron producidas por traumatismo directo, por un objeto romo, de consistencia dura, de bordes lisos y no por una caída.
Además, refieren a que a los cuerpos de los dos estudiantes del Tec les fueron sembradas armas –como en un primer momento lo difundió Reporte Índigo–, las cuales, de acuerdo con el reporte militar, habrían estado dentro de la camioneta que presuntamente participó en el enfrentamiento.
Reiteran por ejemplo, la desaparición de las identificaciones de los dos estudiantes, así como la mochila que portaba Arredondo Verdugo.
Hasta aquí, parte de la nueva recomendación girada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero no es el único caso sobre la presunta participación de militares en la muerte de civiles en medio de la lucha o guerra contra el crimen organizado.
No podemos dejar pasar de lado, la muerte de Martín y Brayan Almanza Salazar, en Tamaulipas, quienes junto con sus papás y otros familiares viajan para pasar unos días de descanso, pero fueron detenidos por un retén militar, y cuyos militares, presuntamente los agredieron.
¿Se acuerdan de este caso? Sí, en el que también la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las conclusiones por parte de esta dependencia oficial fueron dadas a conocer por el procurador militar José Luis Chávez García el 30 de abril de este año.
En Junio pasado, la CNDH emitió una recomendación sobre este lamentable hecho.
Estos son solo dos casos de presunta participación de militares en el asesinato de civiles en operativos contra la delincuencia. Esos famosos “daños Colaterales”.
Hace unos días, esta Secretaría dio a conocer un corte de caja, por así llamarlo, de todas las quejas y recomendaciones que ha recibido por parte de la CNDH de militares que participan en estos operativos.
Incluso, en su página de Internet hay un nuevo link especial en materia de Derechos Humanos.
En lo que va de esta administración, se han presentado 4 mil 35 quejas, de ellas, 59 han terminado en recomendaciones, representando el 1.46 por ciento.
Del total de quejas, 3 mil 44 han sido concluidas (75.43 por ciento) y 991 (24.56 por ciento) están en trámite.
Ya para finalizar, les dejo las declaraciones del general Roberto Gustavo García Vergara, Director del Colegio de la Defensa Nacional, durante la ceremonia de clausura de la maestría de Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional el viernes pasado.
–(esta lucha) es contra la inseguridad y el delincuente que han traicionado los más preciados ideales de México, que han lacerado a una sociedad pujante. Pero que quede claro, esta guerra también se está ganando, porque estamos unidos, porque nos asiste la ley y la razón; pero más que nada, porque nadie tiene derecho a rendirse, nadie tiene opción para desviar el rumbo y mucho menos a perder la fe en México y en su Presidente.
Me llama especialmente la atención su referencia hacia el apoyo de la ley. No hay que perder de vista que en le periodo de sesiones que apenas inicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los temas que se discutirán será el fuero militar del que gozan nuestras fuerzas castrenses.
Ahora, el Tec de Monterrey pidió al Presidente Felipe Calderón y al Gobernador de Nuevo León hacer todo lo posible para que se esclarezca este caso. Mientras que la SEDENA detalló que en el lapso que marca la ley para decir si aceptan o no la recomendación, según la ley, es de 15 días.
¿Cuál es su opinión sobre esta nueva recomendación? ¿Creen que estos dos casos señalados sean tomados en cuenta por la Corte para que los militares sean juzgados por la vía civil?
Espero sus comentarios, estamos en cibercontacto…