Enrique del Val Blanco
El pasado lunes en Mecatlán, Veracruz, el Presidente de la República manifestó que no se podrá atacar sustancialmente la pobreza si no se aumentan los recursos públicos para combatirla, agregando que era inadmisible que 18 de cada 100 habitantes no tengan ni siquiera para comer.
Todos estaríamos de acuerdo con lo manifestado, si el gobierno en realidad viera esta preocupación como fundamental y no como meras declaraciones, que también varios de sus secretarios repiten una y otra vez.
Pero la realidad está demostrando que los recursos para combatir la pobreza no aumentan. Lo único que aumenta son los programas, lo cual no sería grave, pero también al parejo, y esto es lo preocupante; los precios de los productos de la canasta básica y de la no tan básica están aumentando soterradamente, y con lo único que responde hasta ahora el gobierno es con pedir “buena voluntad” a los productores y distribuidores.
Están muy contentos desde que renovaron el acuerdo para estabilizar el precio del maíz en abril pasado. Acto que, por cierto sorprendentemente, se realizó en el Casino Militar del Campo Marte, como si fuera el lugar apropiado para firmar un convenio de esta naturaleza. A menos que se considere, como debería ser, que el abasto del maíz y su precio son asuntos de seguridad nacional, y de ahí el haber escogido tan distintivo lugar.
En enero el gobierno intervino no oportunamente, como dice la secretaria de Desarrollo Social, sino cuando parecía que las cosas se iban a salir de cauce por la escalada experimentada y que llevó a la tortilla a costar hasta 15 pesos en algunas partes del país. Y la estabilización, que tan ufanamente se achacan, ha sido a costa de permitir un precio superior del principal alimento de los mexicanos. Y, para no variar, hoy es en las grandes cadenas de distribución de alimentos donde se vende más barata, lugares que los pobres difícilmente pueden frecuentar.
Los aumentos de precios han seguido en varios alimentos que consumen los mexicanos, como la leche, las carnes de todos los tipos y el huevo, entre otros, sin que hasta la fecha se pueda decir que el gobierno está reaccionando para detenerlos, pues a lo más que le apuestan es a contar con buena voluntad, como hemos dicho anteriormente.
El único precio que controlan es el de la fuerza de trabajo, asignando una cantidad ridícula y nada suficiente al salario mínimo. Este gobierno está renunciando a ser el rector de la economía nacional, sin tomar en cuenta, ellos que son tan religiosos, que la única y verdadera religión que existe hoy en el mundo es el mercado, como bien se expresa esta semana en una caricatura del periódico El País.
No sabemos hasta cuándo se darán cuenta que dejar las cosas como van provocará una situación crítica, no sólo para los 49 millones de pobres que reconoce el gobierno que existen en el país, sino abarcará a más mexicanos que hoy se ubican en la menguada llamada clase media.
En lugar de ufanarse, como lo han hecho, que esperan reducir en 30% la pobreza extrema en cinco años, ésta aumentará irremediablemente. Sería muy conveniente que dejaran de presumir este futuro logro, porque es una vergüenza nacional, ya que estamos hablando de seres humanos que se acuestan con hambre uno y otro día.
Este gobierno también presume de que está mejorando la focalización de las decenas de programas que tiene para atender la pobreza, siguiendo los lineamientos que el Banco Mundial impuso como leit motiv para combatir la pobreza desde hace 10 años. Todavía no se dan cuenta que la focalización poco ayuda a reducirla y que sería más conveniente tener programas universales, como los que tanto critican de las autoridades del Distrito Federal, que tiene otro concepto de mayor éxito.
Pero lo que resulta inaceptable ahora es que se condicione la asignación de mayores recursos para el combate a la pobreza a que se apruebe su proyecto de reforma fiscal. Y si éste no sale, ¿qué va a pasar con los pobres? Desde ahora deberían tomar en consideración que el combate a la pobreza tiene igual rango que los programas de combate a la inseguridad, los cuales han tenido en los últimos años aumentos sustanciales. Algunos analistas cuantifican esos incrementos presupuestales durante los últimos ocho años en más de 4000%, cifra verdaderamente espectacular, sin que hasta la fecha los resultados obtenidos sean para enorgullecerse.
Independientemente del resultado de la propuesta de reforma fiscal que realice el gobierno, en el próximo presupuesto se debería destinar una cantidad suficiente para el combate a la pobreza y, de paso, para reducir la desigualdad existente, mucha de ella producto de los subsidios, éstos sí no focalizados, que se otorgan en diversas ocasiones a los que más tienen; como es el caso del Procampo, que beneficia hasta a los productores más ricos, y cuyo monto por hectárea en varios lados es superior incluso al que dan los estadounidenses a sus productores.
Los empresarios de todo tipo quieren más y más para su beneficio personal, como esta misma semana estamos viendo que quieren que se les otorgue otra prórroga para continuar sin cumplir con el pago de las cuotas patronales al IMSS de los trabajadores eventuales, que en muchos casos son menores de edad. Esperemos que el actual gobierno actúe decididamente para por lo menos acabar con esta injusticia, en beneficio sólo de los ricos, como hemos dicho.
Sería muy conveniente que los principales servidores públicos de este gobierno, sobre todo de las áreas encargadas del combate a la pobreza y del campo, dejaran de hacer declaraciones insustanciales y se pusieran a trabajar en serio para que se incrementaran los presupuestos que el gobierno envía a la Cámara de Diputados.
Si no hubiera sido por decisiones de esta última, que les ha enmendado la plana durante los últimos años, tendríamos un verdadero caos social en México. Todavía están a tiempo de hacer su trabajo. Pero de hacerlo bien y dejarse de buenas voluntades. Éstas sólo son para los domingos.
Analista político y economista