Rogelio Ramírez de la O
Ante la nula viabilidad política de aplicar el IVA de 15% en alimentos y medicinas, el gobierno optó por un impuesto directo, la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), el cual genera confusión y preocupación.
La confusión es porque, si bien el objetivo gubernamental es cerrar las puertas al abuso por empresas de regímenes especiales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), la CETU no elimina ni el ISR ni sus regímenes especiales. Añade una carga administrativa a los contribuyentes para que calculen un nuevo impuesto además del ISR y paguen el que resulte más alto de los dos.
Esto es difícil de entender: como si un arquitecto quisiera corregir defectos de un edificio, pero en lugar de hacerlo en la construcción misma, edificara otro alrededor.
La CETU se basa en un razonamiento económico y no en la práctica de las operaciones empresariales. Estos dos no son necesariamente compatibles. Para empezar, la contabilidad de las empresas procura reflejar sus operaciones y su situación fielmente. El razonamiento económico, basado como se basó la CETU en las cuentas nacionales, es siempre una abstracción. La contabilidad nacional nació para ayudar al análisis macroeconómico, siglos después de que existieran los impuestos y de que Adam Smith formulara sus cuatro máximas sin las cuales los impuestos podrían resultar abusivos y provocar al público a evadirlos.
Utilizar los agregados económicos para definir una política de impuestos lleva inevitablemente a proponer una sola tasa de impuestos para todo el ingreso nacional; de ahí la tasa única de 19%. Pero eso no significa que todos los contribuyentes puedan pagar esa tasa. De ahí que la CETU no es proporcional ni equitativa, como lo exige el artículo 31 de la Constitución.
Algo que ayuda a explicarnos la inconformidad contra la CETU es que los gastos de nómina no son deducibles, a pesar de que para la empresa son una erogación y no un ingreso propio.
El gobierno anticipó este problema, pero en lugar de evitarlo, haciendo la nómina deducible, creó un mecanismo para que las empresas acrediten los impuestos que retienen a sus trabajadores contra el impuesto a pagar por ellas mismas. Aun así, las que emplean mano de obra abundante, de baja calificación y salarios bajos, no tendrán mucho impuesto que acreditar.
De nuevo, anticipando esta situación, la iniciativa prevé que se aplique un nuevo crédito al empleo en favor de la empresa, el cual supuestamente la compensaría por este impacto. Pero aun así las empresas no podrán deducir la seguridad social ni las prestaciones. Estos pagos son generalmente cuando menos un tercio de los salarios directos.
Aplicando a las prestaciones la tasa única de 19%, la empresa resultaría responsable de pagar impuestos por utilidades inexistentes. Como además la mayoría de empresas medianas y pequeñas tienen bajos márgenes de ganancia, la CETU acabaría con diversos sectores productivos.
La posibilidad de que las empresas deduzcan en un solo ejercicio fiscal sus compras de activo fijo e inventarios de nada les sirve a empresas sin recursos para hacer estas compras. Sólo las más grandes podrían realizar inversiones y así bajar el impuesto a pagar.
Con esto no va a aumentar el empleo. Es irrealista suponer que con los ingresos que obtenga de esta reforma el gobierno haría más obra pública y atendería rezagos sociales que a la larga permitirían crecimiento y empleo.
Primero, porque los recursos que obtenga el gobierno los quitará al sector privado y nunca podrá crear tanto empleo eficientemente como lo hacen las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas. Esta lección ya debería estar aprendida desde el colapso de la Unión Soviética.
Además, el gobierno no es un buen administrador del gasto. En el último sexenio recibió por ingreso petrolero 158 mil millones de dólares adicionales a los recibidos por el gobierno anterior del presidente Zedillo. Sin embargo, casi no aumentó el empleo ni invirtió esos recursos en más obra pública. La inversión física directa del sector público apenas aumentó en mil millones de dólares entre 2000 y 2006, cuando el gasto total aumentó 75 mil millones de dólares.
Esto explica el rechazo a la propuesta en sectores que debían ser aliados naturales del PAN, es decir, las empresas. También puede unificar a los sindicatos en su contra por las implicaciones sobre prestaciones y el aumento de la carga sobre salarios, aun con el subsidio al empleo.
rograo@gmail.com
Analista económico