Fernando Ortiz Proal
Cuando parecía agotado el intenso debate que se desató con motivo de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, este asunto retomó vigencia debido a la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de las citadas reformas por parte del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En principio, la determinación de José Luis Soberanes de controvertir la decisión del Legislativo capitalino encuentra justificación acudiendo a dos premisas básicas: el derecho a la vida es el más fundamental de los derechos fundamentales, y es elemental la obligación de todo ombudsman accionar en contra de cualquier situación que se estime lesiona los derechos esenciales, evidentemente, a través de las herramientas legales pertinentes.
En este sentido, a nadie debe extrañar que quien protege los derechos humanos haya solicitado al máximo tribunal del país pronunciarse sobre si las reformas legales que despenalizaron el aborto en la ciudad capital vulneran o no el derecho a la vida que consagra la Constitución.
En este sentido, más allá de las siempre respetables posiciones ideológicas y religiosas, con este hecho el debate sobre el tema del aborto alcanzó una dimensión diferente y eminentemente legal. Y si bien sólo toca a los ministros de la Corte juzgar y resolver este asunto, todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, máxime quienes son destacados miembros de la comunidad jurídica nacional.
Sin embargo, llamó la atención que el debate de altura que en los terrenos del derecho constitucional se esperaba fuera desplazado por un intento de linchamiento en contra de Soberanes. Se le fueron a la yugular al presidente de la CNDH. Y mayor aún fue la sorpresa de que en esta embestida ajena al debate de las ideas participara un destacado jurista y académico como lo es Diego Valadés, quien además muchos ubicaban como integrante del mismo grupo académico-político del que forma parte el propio Soberanes.
El doctor Valadés manifestó que la acción de inconstitucionalidad intentada por Soberanes respondía a opiniones meramente religiosas y que no tenía ningún sustento jurídico, para lo cual citó el catecismo de la Iglesia católica, según se dio cuenta en las páginas de este diario.
No podemos dejar de señalar que respetuosamente disentimos de la opinión del doctor Diego Valadés, a quien profesamos afecto. Hay quienes consideramos inconstitucional la despenalización del aborto, atendiendo a argumentos jurídicos que tienen que ver con la prelación de los derechos humanos.
En efecto, no se puede negar que el Tribunal Constitucional alemán es actualmente el órgano jurisdiccional más innovador en lo que toca a la definición del contenido y alcances de los derechos fundamentales. Y este tribunal resolvió que “durante todo el tiempo que dura el embarazo, la protección de la vida del embrión tiene fundamentalmente preferencia frente al derecho de autodeterminación de la mujer embarazada, y no puede ser puesta en entredicho por un plazo determinado”.
Este argumento del tribunal germano, que al momento de emitir este criterio contaba como magistrado a Ernst-Wolfgang Böckenförde, uno de los más grandes teóricos de los derechos fundamentales, coincide en gran medida con las razones esgrimidas por el también doctor -y al igual que Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- en su acción de inconstitucionalidad.
Por ello, conminamos a todos los integrantes de la comunidad jurídica mexicana a expresar su punto de vista en este asunto que, más allá de los dimes y diretes políticos que ha suscitado, sin lugar a dudas implica una cuestión legal de la mayor relevancia.
Hagámoslo con prudencia y madurez, pero sobre todo con argumentos y no con descalificaciones personales. Todavía faltan otros muchos asuntos, igual o más controvertidos como para querer batirse en un duelo o mandar a la hoguera a quienes no piensan igual en el primero.
ferortiz@consultoreslegislativos.com
Abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM