César Cansino
Una de las grandes conquistas de nuestra atribulada transición a la democracia ha sido la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información junto con la constitución de los organismos tanto federal como estatales responsables de hacerla valer. Sin embargo, es aceptado por propios y extraños que los avances en esta materia siguen siendo muy pobres, sobre todo porque la ley respectiva es muy superficial en lo que a sanciones para los que incumplen sus preceptos se refiere y porque la traducción local de la ley federal presenta variaciones de una entidad a otra. En parte, se ha intentado subsanar estas deficiencias, introduciendo modificaciones al artículo sexto constitucional, que unifica los criterios de aplicación de la ley en todos los ámbitos de gobierno tanto a nivel local como federal.
Por ello, considerando los haberes y deberes en materia de transparencia y acceso a la información, resulta poco sustentable la convicción del presidente de la República, Felipe Calderón, en el sentido de que “la transparencia se convertirá en el antídoto de la corrupción”, tal y como lo sostuvo en ocasión de la cuarta Semana Nacional de Transparencia. En realidad, que la transparencia y la rendición de cuentas son importantes para cualquier democracia, nadie lo pone en duda, pero que sean un fin en sí mismas para combatir la corrupción, resulta un despropósito, sobre todo porque la estructura política, judicial y policial del país está corrompida de origen. En otros términos, la transparencia sólo puede ser el punto de partida para combatir la corrupción, y es un inicio muy endeble si no va acompañado de toda una maquinaria jurídica y legal que permita sancionar a los transgresores de la ley y reparar los daños.
Como se sabe, el tema axial del gobierno de Calderón ha sido la seguridad y el combate al crimen organizado, pero la premisa de su estrategia (“violencia contra la violencia”) cae por su propio peso porque la estructura jurídica y policiaca para materializarla está infiltrada por el propio enemigo que se busca combatir. Algo similar puede pasar con el combate a la corrupción mediante la premisa de la transparencia, pues no contamos aún con las condiciones mínimas normativas para asegurar que las instituciones y las autoridades actúen en estricto apego a la ley.
Los ejemplos de este proceder son interminables y sugieren que seguimos viviendo en el reino de la impunidad, la discrecionalidad y los abusos de autoridad. O díganme, amables lectores, ¿creen ustedes que se hará justicia algún día en el caso de “enriquecimiento inexplicable” del ex gobernador Arturo Montiel, o que el góber precioso será castigado por los abusos de autoridad que todos pudimos constatar, o que se castigará a los culpables de millonarios desfalcos en la construcción de la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad de México o de la megabiblioteca José Vasconcelos, o a los responsables de cuantiosos desvíos documentados en Pemex en gobiernos pasados?
El hecho es que la corrupción sigue siendo un componente inherente a nuestras estructuras políticas, por lo que no basta la buena voluntad para combatirla. Hace años un prominente personaje de la otrora poderosa clase gobernante en México, se volvería famoso por una sentencia, casi un aforismo, sobre la concepción de la política nacional: “Un político pobre es un pobre político”. Frase que se volvía el pretexto ideal para la crítica al cinismo activo de nuestros representantes.
Sin embargo, ¿qué sugería la frase? ¿Que la política es abiertamente una arena para organizar un conjunto de transacciones de carácter mercantil pero a expensas de los representados? ¿O simplemente confirmar que la política está constituida por sótanos, despeñaderos, infiernos, que llevan rápidamente a la desconfianza de todos sus integrantes, pues sus valores van de la traición y el egoísmo al feroz apetito individual para volverse en un tiempo más o menos razonable inmensamente rico? Quizá la frase era todo ello y, al mismo tiempo, se encontraba por encima de los límites de perplejidad que se pudieran tener frente a una declaración tan realista y poco ética.
Con todo, contar con una ley más estricta en materia de transparencia es un activo importante. Acostumbrarse a que la corrupción cae en un umbral de permisividad estructural o funcional para el sistema político, concurrente con la pobre madurez política que nos caracteriza, es renunciar a encauzar a nuestra incipiente democracia por el camino de la ley, el respeto y la credibilidad. Es como si nuestra democracia fuera un chiste, un cascarón vacío, una burla, un instrumento para maquillar los abusos de autoridad, en suma, un engaño.
cansino@cepcom.com.mx
Director del Centro de Estudios de Política Comparada