Ye Gon, verdad y justicia

Manuel Camacho Solís

Es sorprendente la capacidad que tiene un acto de justicia para resolver una situación política inmanejable y restablecer la confianza de la sociedad. Ninguna campaña publicitaria, ningún recurso económico, ni apoyo internacional pueden lograrlo. Si el asunto del señor Ye Gon se resuelve con verdad y justicia, se le hará un gran bien al país.
En estos días el mundo fue testigo de la fuerza que puede tener la justicia. En Pakistán, la reinstalación del chief justice que había sido separado del cargo por una instrucción de su presidente, cambió por completo la situación política: cuando el país se dirigía hacia su desestabilización y a un baño de sangre, la decisión de su tribunal superior fortaleció a la sociedad civil, prestigió a sus jueces y le ha abierto a esa nación la oportunidad de construir una salida democrática a un enfrentamiento entre el Ejército y los grupos radicales. Para el mundo, la diferencia tiene un valor estratégico enorme. Sí, un acto de justicia cambia todo.

Hasta en Pakistán, con un gobierno militar producto de un golpe y un aliado central de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo, pudo ocurrir esa rectificación. Pero en México, por lo pronto, eso es lo que no tenemos. Los casos grandes y difíciles no se aclaran. Por ello queda la imagen de incredulidad e impunidad que no hace sino alimentar la desconfianza colectiva en las instituciones y la justicia.

En el caso de Ye Gon, lo más probable es que se repita la historia de confusión e impunidad. Todo está hecho para salirse por la tangente, con el argumento de que, en efecto, las acusaciones fueron toda una invención, “un cuento chino”. El sistema político, incluido el papel de muchos medios, está hecho para eso. Para proteger al presidente y de esa manera protegerse a sí mismos. Si no se probó que el PAN le entregó fondos a Ye Gon (aseveración que desde el principio resultaba inverosímil), entonces ciérrese el expediente, búsquese detener al inculpado y olvídese el caso.

¿Qué no se podría hacer de otra manera? ¿Qué no hay forma de saber qué ocurrió? ¿Qué no hay leyes que, con toda precisión, establecen cuáles han sido los ilícitos? ¿Ninguna autoridad es responsable?

Si hubiera la decisión política de esclarecer lo ocurrido, se tienen todos los elementos para que, en un plazo breve, se aclaren las dudas que hoy existen. Ahí están los hechos, los documentos, los funcionarios responsables, las leyes. Este no es un caso de un crimen en el que no haya pistas y que podría llevar años esclarecerlo. Este es uno, donde 80% de la información ya está en manos del gobierno y gran parte la conoce la opinión pública.

Las preguntas son sencillas. ¿Por qué, dentro de la Secretaría de Salud se le facilitó a Ye Gon la importación de materias primas cuyo manejo está estrictamente regulado? ¿Cuál fue el papel de las aduanas? ¿Por qué se le otorgó tan fácilmente la ciudadanía? ¿Qué ocurrió con el dinero y, en su caso, por qué se dispuso de dinero ilegal sin que hubiera una sentencia judicial? ¿Por qué algunas autoridades en Estados Unidos le han dado protección, a pesar de que el gobierno de México está en guerra contra el narcotráfico?

Bastaría con que el Presidente ordenara a su procurador que se invistiera a un fiscal con el poder y la autonomía para sentar a unos cuantos y con discreción preguntarles: ¿qué pasó? Si no son responsables: que sus nombres queden reivindicados.

Si el Presidente teme que el interrogatorio genere demasiados conflictos, que se nombre un fiscal independiente, verdaderamente independiente, avalado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Se pondría fin a la estratagema. Con un fiscal independiente, el Presidente resolvería su problema y los resultados de la investigación se convertirían en un hito a favor de la credibilidad de las instituciones y el estado de derecho. ¿Está tan dañado el entramado institucional y son tan grandes las complicidades que, ni siquiera en el más sonado caso de narcotráfico, será posible conocer la verdad?

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

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