Raúl Cremoux
Inundado de arrepentimiento, Santiago Creel nos hace una de las muchas confesiones que nos debe. Por supuesto, la llamada ley Televisa fue cocinada y horneada al calor de la pasada contienda presidencial.
Los intereses mercantilistas gravitaron sobre los partidos políticos, y las muestras de ello se regalaron en fotos a colores en las que se vieron a los tres aspirantes en Valle de Bravo recibidos por el dueño de la macro empresa televisiva.
Uno tras otro fueron pasados a la báscula. Ninguno quería ser ninguneado o desterrado de la pantalla. La solución fue sencilla: todas las bancadas, los diputados, absolutamente todos y no pocos senadores votaron lo que convenía a los intereses de los concesionarios. ¿Cuándo no ha sido así?
Desde el 9 de enero de 1960, cuando se promulgó la vieja e incumplida Ley Federal de Radio y TV, hasta nuestros días, la legislación en la materia se gesta y redacta en los despachos de los abogados de los concesionarios.
Por ahí han pasado los borradores del reglamento relativo a los contenidos emitido por Gobernación; el acuerdo que autorizaba a Hacienda a cobrar el pago de impuesto en especie y, también, todo el clausulado que supuestamente ahora reformará a esos medios. No obstante ser considerados patrimonio de la nación, a nadie rinden cuentas. Al revés, las descuentan.
A pesar de que son cuatro las secretarías que tienen responsabilidades en el ramo, fue el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien anunció el fin del impuesto de 12.5%. Impuesto diseñado de tal manera que, si en forma semejante fueran todas las contribuciones, el Estado quebraría.
Si bien resulta inocultable el conjunto de privilegios que se otorga a quienes gozan de una concesión federal en radio o en televisión, resplandece en el nuevo intento la tendencia contra los medios públicos.
Mientras que los comerciantes se llenan de utilidades, a las radios comunitarias y a emisoras como el 11, 22, 34, 44 y otras más de las universidades y centros de educación y cultura se les imponen exigencias inadmisibles sometiéndolas a donaciones y a presupuestos estatales que les obligan a trabajar en condiciones precarias.
La tendencia a que mueran de inanición es clara. ¿Por qué se prohíbe a los emisores públicos que puedan allegarse recursos que van en su mismo sentido como son librerías, espectáculos culturales, empresas estatales como Pemex o CFE, discos, películas, empresas ecológicas y tantas otras que harían un larguísimo inventario? ¿A qué se debe que les limite técnicamente y no se les dé la jerarquía de proveedores tecnológicos?
De facto, las emisoras televisivas no comerciales en el país podrían formar eso que han llamado “la tercera cadena”. La garantía de contenidos diferentes está garantizada. Los valores que transmiten se caracterizan por informar, analizar y difundir aquellos aspectos de las artes mayores y de los ciclos fílmicos que al comercio no le interesan.
La sociedad podría contar con elementos nuevos en la formación de sus juicios, gozar de entretenimiento diverso y opiniones plurales. La identidad de la nación no estaría sujeta al pastelazo, a la venta de frituras y a las patadas del balompié. Sólo que todo esto es utópico, ya que diputados, senadores y otros próceres sólo son movidos por otros intereses: justo lo que va en contra de una mejor y más aguda conciencia colectiva.
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Escritor y periodista