Julián López Amozurrutia
El vertiginoso ritmo con el que se han presentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal temas delicados y de gran relevancia social y cultural dificulta digerir sus contenidos y discernir sus alcances. Los ciudadanos esperaríamos una atención equivalente en lo que se refiere a la transparencia en la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos. Mientras tanto, es necesario reconocer que la función legislativa es sumamente delicada, y que se ha de guardar el equilibrio entre no precipitarse y no dilatar indefinidamente las decisiones.
Habría parecido que, a diferencia de temas como el aborto y las sociedades de convivencia, al planteamiento del proyecto de Ley de Voluntad Anticipada presentada el 18 de junio por Carlos Beltrán, diputado del PRD, en el que se retoma íntegramente y se adiciona el proyecto de la diputada del PAN Paula Soto, no se le harían mayores objeciones, pues se trata de evitar el encarnizamiento terapéutico. En muchas ocasiones he sido testigo de cómo, por la falta de información, personas de bien, dispuestas a decisiones aparentemente heroicas por mantener vivos a sus seres queridos, han caído en manos de médicos sin escrúpulos, que quieren mantener abierta una esperanza inexistente con fines meramente comerciales.
En este sentido, es de aplaudir todo intento por asegurar legalmente que las personas puedan rehusar las intervenciones médicas inadecuadas y desproporcionadas respecto a la situación del enfermo, a los resultados que pueden esperarse y los recursos que implican. Garantizados los cuidados mínimos de hidratación, ventilación, nutrición, mantenimiento de calor, higiene y una razonable analgesia, permitir que el ritmo natural del fin de la vida se cumpla salvaguarda la misma dignidad del ser humano.
Sin embargo, ciertas ambigüedades en el planteamiento de la ley no pueden sino suscitar desconfianza. Lo más delicado, a mi parecer, se refiere a la definición misma de los conceptos, que deja abierta la puerta a interpretaciones inaceptables. Por ejemplo, la descripción de la eutanasia como un “dejar morir” puede entenderse como evitar el encarnizamiento terapéutico, pero también puede indicar una eutanasia por omisión, que sería inaceptable.
La ortotanasia es algo mucho más amplio que la simple eutanasia pasiva, pues debe incluir el evitar el encarnizamiento terapéutico asegurando a la vez los cuidados mínimos para sobrellevar el dolor, el ambiente de afecto de los seres queridos y el acompañamiento sicológico y espiritual de acuerdo con las creencias del individuo. En algunos momentos, la propuesta de ley parece sugerir que el objetivo buscado es la muerte. Aquí no caben simples matices.
La propuesta de ley pone en evidencia la dificultad de legislar correctamente sobre temas en los que no siempre se puede determinar a priori qué intervenciones son adecuadas a las circunstancias del enfermo y cuáles no. De ahí que con gran facilidad esta legislación podría abrir espacio para que se pase en la práctica del evitar el encarnizamiento terapéutico a la eutanasia por omisión, si no es que francamente a la eutanasia activa.
No queda claro en qué consiste la mejora de la propuesta respecto a la situación legal actual para evitar el encarnizamiento terapéutico, y si no se convierte más bien en una justificación fácilmente manipulable para realizar asesinatos o suicidos asistidos con argumentos aparentemente humanitarios. La ley no logra establecer los criterios objetivos para determinar qué intervenciones son extraordinarias o desproporcionadas; para ello basta la deontología médica, las guías de una buena práctica médica y una relación adecuada entre médico y paciente o sus representantes para cada decisión.
Precisamente para los casos más complicados se cuenta ya con comités de bioética hospitalarios. Fortalecer estos comités es, en realidad, la verdadera urgencia.
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Sacerdote y teólogo católico