Ramón Cota Meza
El inusual procedimiento constitucional en curso sobre telecomunicaciones, radio y televisión refleja en sí mismo la complejidad de la materia, transmite confianza en el debido proceso legal y proyecta una imagen pública de la Corte, noticia por derecho propio. Esto no sería posible sin la televisión, por supuesto. Por desgracia, la tv comercial abierta no ha estado a la altura, ahora que podría ayudar a clarificar los asuntos.
Al no estar a la altura, la tv comercial abierta da razón a sus impugnadores en el punto más irritante y soterrado del litigio: la reacción de la clase política ante su creciente exposición al sensacionalismo de los medios. Este es sólo un aspecto del debate, pero tiende a inclinar la balanza. Conviene que mientras dure el proceso, políticos y medios de comunicación se den una tregua en este punto, a fin de que cada uno de los asuntos restantes sea juzgado en sus propios méritos.
Con una tregua, la tensa relación de la clase política con los medios quedaría aislada y podría ser llevada al ámbito legal que le corresponde, el de los partidos, elecciones y del honor y la dignidad personales, no el de leyes de telecomunicación, radio y tv. Para estas últimas lo más importante es la transición hacia la digitalización, cuyos aspectos técnicos y sociales son oscurecidos por los argumentos políticos (soberanía, rectoría estatal).
Si la Corte separa la transición digital de la discordia política, sentaría las bases para que el Congreso aprobara una ley de transición digital con caducidad en fecha establecida. La terminación de la transición digital en México es el año 2021, pero no hay una ley para la complejidad del caso. La fecha de 2021 podría ser excesiva. La de Estados Unidos es 2009 y la de la Unión Europea 2012. El criterio de una diferencia tan amplia debe ser explicado.
Un horizonte de transición razonable debe considerar la inversión y proyección comercial de las empresas interesadas, las cuales tienden a convertirse en empresas de telecomunicación total con los servicios que la digitalización les permite. Esto ya está ocurriendo. Al finalizar la transición podría haber una ley de telecomunicación que subsuma a la de radio y televisión, y prevea al menos algunas consecuencias sociales y económicas de la digitalización completa.
Un argumento es que el Estado cedió soberanía, perdió dinero y creó el riego de acaparamiento monopólico del espectro radioeléctrico. El dato real es que el Estado autorizó a cada concesionario utilizar una banda más para transmitir simultáneamente en el sistema analógico (tradicional) y en el sistema digital mientras la transición termina. Los nuevos usos tecnológicos están implícitos en la transición misma. Al terminar, el concesionario devolverá la banda no utilizada.
Se discute si este derecho de los concesionarios a usar la banda adicional para nuevos servicios debería ser objeto de licitación o de tarifa. El punto a considerar aquí es que las empresas adoptaron la digitalización por inevitable y por sus posibilidades comerciales. Si éstas habrán de realizarse es otra cosa. En principio, si las empresas están invirtiendo en tecnología digital, el único destino de esa inversión es obtener el mayor beneficio a mediano y largo plazos.
El valor del espacio radioeléctrico está determinado por la tecnología. Su precio se calcula sobre la base de la tasa de crecimiento de la aplicación tecnológica líder (telefonía móvil en este caso), más el impacto del cambio digital en presupuestos públicos y aspectos sociales. Pero la digitalización en sí misma entraña un enorme beneficio para las tareas de gobierno y comunicación social, no digamos seguridad pública, donde hay nuevos usos con potencial positivo y negativo.
Las leyes impugnadas no son peligro para la soberanía nacional ni la rectoría estatal. Los principios en juego son la mayor eficiencia, la utilidad pública y las garantías individuales. La transición hacia la digitalización total de las telecomunicaciones no debe ni puede ser frenada porque es inevitable y benéfica, aunque sujeta a las fallas humanas de siempre. Puede verse también como una nueva oportunidad para los políticos, a ver si ahora mejoran su comunicación directa con el público.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político