Julián López Amozurrutia
El mes de septiembre nos despierta el sentimiento de patriotismo y orgullo nacional. Un país tan rico como el nuestro, que sobrevive en su generosidad más allá de descuidos y abusos, merece el cariño y la gratitud de quienes lo habitamos. A la vez, reclama asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos.
Identificar lo propio de nuestra identidad a partir de las costumbres es un camino peligroso. Se ha venido siguiendo en la revaloración de diversas expresiones culturales y folklóricas.
Si no tuviéramos un criterio de discernimiento más allá de los usos, tendríamos que reconocer como un valor patrio la extendidísima corrupción, lo cual evidentemente es un contrasentido. Nadie puede ver con simpatía un cáncer que desgasta el organismo y termina por matarlo por el simple hecho de que ocupa en él un lugar y se desarrolla con una cierta lógica propia.
En una ocasión escuché a alguien argumentar que “el mexicano es corrupto por naturaleza”. Es verdad que en ciertos mecanismos de corrupción se delatan burocracias que no han sido superadas, se equilibran ciertos poderes y hasta se distribuyen recursos que la injusticia parece mantener secuestrados. El fenómeno puede incluso justificarse como un proceso de incorporación a los mecanismos de comportamiento social aprendidos y repetidos. Pero nada de esto le quita su carácter perverso.
Es motivo de alegrarnos que, al menos en la lucha contra la corrupción, parezca existir un punto de convergencia en las políticas públicas de administraciones tan diversas como la federal y la del DF.
Por un lado, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública promueven en conjunto la campaña “Adiós a las trampas 2007”, en la que se busca propiciar a través de un concurso de dibujo para niños el respeto a las normas y leyes y el reconocimiento de que las trampas nos perjudican a todos, y por otro lado el Gobierno del Distrito Federal propone un programa de monitoreo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General llamado “Servicio Telefónico Anticorrupción Honestel”, para evitar que la entra-da del nuevo Reglamento de Tránsito se convierta en un pretexto para multiplicar los actos de deshonestidad.
Existe, pues, la conciencia de que se trata de una práctica que ha de ser evitada, y que requiere de la educación de todos.
De acuerdo con Paulina Groubet, titular de la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la SFP, justamente al lanzar la campaña referida, anualmente se destinan en México alrededor de 119 millones de pesos a “sobornos y mordidas”, monto que sería suficiente para construir mil 187 hospitales.
Ignoro de dónde obtengan estas cifras, pero aunque sólo fueran remotamente indicativas, revelarían una enfermedad social que urge sanar. Tal vez se ha logrado dar un paso real con el hecho de que los pagos para determinados servicios públicos se realicen en lugares diversos a aquellos en los que se solicita el servicio, pero se mantienen aún muchos espacios en los que la corrupción parece ser el pan cotidiano.
Mientras no se alcance el nivel de la convicción, y no estemos determinados a desterrar este mal, el peligro sigue latente. Sospecho que hay niveles en los que existe el interés de que estas prácticas se mantengan.
Ahora que se cuestiona sobre las eventuales novedades con las que nuestros gobernantes y sus opositores políticos querrán colorear las fiestas patrias, convendría pensar si el grito “¡Viva la honestidad!” reflejaría un nivel de independencia aún no alcanzado y al que deberíamos tender con un compromiso concreto. Este es el verdadero patriotismo.
teyamoz@prodigy.net.mx
Sacerdote y teólogo católico