Cruzada contra el Hambre, “reto Pecsi”
Nutrición con “chatarra” fortificada, dulce negocio
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
¿Qué puede pensarse de la Cruzada Nacional contra el Hambre si en su estrategia contempla convenios en el ámbito de la nutrición con una de las más importantes transnacionales de “comida chatarra”?
Lo primero que podemos advertir es que el programa social insignia de este sexenio adolece de una garrafal incongruencia que repercute en la seriedad y credibilidad de sus promocionadas motivaciones humanitarias, pues es como si las grandes cerveceras hicieran acuerdos con la Secretaría de Salud para combatir las adicciones o patrocinaran las labores de Alcohólicos Anónimos o los operativos del alcoholímetro. Simplemente es absurdo.
En segundo lugar se puede pensar que hay un interés gubernamental por beneficiar a determinadas empresas como una forma de pagar favores económicos recibidos o bien que después los funcionarios esperen algún tipo de retribución material.
Y tercero, quedar convencido de que “Sin Hambre” –pese a lo que diga la publicidad oficial— será sólo un paliativo para contener la expansión de la pobreza extrema, pues difícilmente impactará en el mejoramiento de las condiciones de vida de los marginados del país y en la estructura económica que ha producido más de 40 millones de pobres.
El cuestionamiento viene al caso porque el 8 de abril la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, firmó un acuerdo con directivos de PepsiCo “para contribuir a la Cruzada Nacional contra el Hambre en cuatro áreas de acción: desarrollo de productos alimenticios que contribuyan a combatir la desnutrición; favorecer el desarrollo de proyectos productivos sustentables en las comunidades atendidas por la iniciativa; impulsar la donación de productos destinados al bienestar de las personas en esas comunidades, y apoyo en desastres naturales”.
El primer punto significa que el gobierno federal cederá a la compañía productora de Pepsicola, Sabritas y Quaker, el derecho de elaborar un atole y una galleta enriquecidos a base de avena que “contribuya a solucionar las necesidades nutricionales de los niños y las niñas, las mujeres embarazadas y en lactancia”. Todo, claro, a precios accesibles. Pero además la trasnacional usará de “conejillo de indias” a los consumidores, pues podrá llevar a cabo protocolos de investigación sobre los beneficios de ambos productos a través de alianzas con instituciones académicas y de salud. Y después, ya con los resultados y con la coadyuvancia de la Sedesol, “se evaluarán las alternativas de distribución a las comunidades del país, en particular a aquellas con requerimientos de atención especiales”.
¿Acaso no hubiera sido más congruente que las universidades públicas se encargaran de elaborar productos con más garantías de ser nutritivos y a menor precio, o bien impulsar empresas regionales que ya están en el mercado de los alimentos saludables? No, el gobierno prefirió asumirse como impulsor de nuevos mercados para el capital multinacional a fungir como promotor de la economía nacional.
Y bajo esa misma estrategia, la Sedesol también firmó un convenio con Nestlé, la cual “impartirá más de 200 mil horas de educación en nutrición y cursos de autoempleo en los municipios con mayor carencia del país, y a través del programa ‘Mi dulce negocio’ brindará capacitación empresarial y culinaria a más de 15 mil mujeres emprendedoras para que abran su propia empresa”. ¿Y se imagina usted lector con qué productos se elaborarán las recetas de los postres que los niños o las mujeres saldrán a vender en las calles y en los mercados? Efectivamente, con los de la variada línea Nestlé.
Bajo estas consideraciones, queda claro que los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre no están sustentados en una genuina filosofía de justicia social regida por el Estado mexicano, sino que están supeditados a las necesidades del capital trasnacional que busca no quedar excluido de un programa en el que se invertirán 294 mil 665 millones de pesos a través de 70 programas de diversas dependencias federales para atender en una primera etapa a 400 municipios pobres del país.
Para que quede más claro, la propia secretaria de Desarrollo Social sostuvo durante la firma de convenio con la Nestlé, que la Cruzada “es parte de la política social de nueva generación del gobierno de la República, que busca construir un México incluyente, que también beneficiará a las empresas establecidas al propiciar la expansión del mercado”. Y agregarían los expertos: también servirá para que las empresas puedan deducir cuantiosas cantidades en impuestos al mismo tiempo que limpian ante la sociedad su imagen de compañías trogloditas.
Bajo los criterios mercantilistas con que funciona la política social, la Cruzada será un “dulce negocio” para las trasnacionales involucradas. Y en Chiapas, donde el hambre campea en muchas comunidades marginadas, es muy probable que la pobreza siga siendo paisaje y, por desgracia, destino para miles de personas.
REMOLINO.- A propósito de la Cruzada Nacional contra el Hambre, los delegados de la Sedesol en los estados ahora sí deben ponerse a trabajar para dar resultados, sobre todo aquellos que se la han pasado nadando “de muertito”, meciéndose en el suave vaivén de la inercia o haciendo grilla para seguir cómodamente en la nómina. Ya Rosario Robles les recordó hace una semana: “Ustedes son parte no de los gobiernos estatales, sino de la Secretaría de Desarrollo Social; ustedes trabajan en el gobierno federal. Hay que coordinarnos con los gobiernos de los estados, pero no son empleados de los gobernadores”. El mensaje va para los funcionarios de dicha dependencia, pero bien podrían ponerse el saco los de otras secretarías que por nada del mundo quieren salirse de su zona de confort.
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