Situación del periodismo en México

México está en grave peligro de caer en la anarquía y de cancelar su incipiente democracia de continuar los atentados contras las libertades de prensa y expresión que se expresan con los 100 asesinatos y 18 desapariciones forzadas, trágicos y preocupantes hechos ocurridos durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en los que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
En los momentos en que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara Diputados han aprobado las reformas a la Constitución Política, precisamente en el artículo 73, para que las autoridades federales puedan conocer los delitos contra periodistas que tengan por propósito impedir, limitar o menoscabar el ejercicio de las libertades de información, expresión e imprenta, emitimos este actualizado informe al tercer trimestre de 2011.
Desde luego con una preocupación, que hacemos saber antes de que suba el Dictamen al Pleno de la Cámara, ya que la información oficial respectiva señala, textual: que “aprobaron por unanimidad que el Ministerio Público Federal pueda atraer investigaciones del fuero común cuando esté involucrado algún periodista o medio de comunicación”.
Si los mismos legisladores que integran estas dos comisiones consideraron que deben ser perseguidos y sancionados por las autoridades federales responsables de los delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de prensa y expresión, por qué usar el término limitante de pueda, cuando lo correcto es debe atraer indefectiblemente dichas investigaciones.
Los informes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por los cuales recomiendan al gobierno mexicano que avance la federalización de eso delitos a fin de otorgar mayores garantías a los trabajadores de los medios de comunicación, fueron tomados en cuenta para la aprobación del dictamen.
El dictamen resalta, que de acuerdo al informe presentado por la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante las dos últimas administraciones federales, cifras que como lo anotamos en este último documentos han llegado a extremos aterradores.
Sabemos que algunos interesados en desvirtuar la realidad, hacen llegar listas sesgadas sobre los atentados a periodistas, trabajadores de prensa y familiares de los comunicadores, que tienen el doble propósito de quebrantar las libertades prensa y expresión, así como de minar el derecho a la información del pueblo de México.
Esas listas no coinciden con la expuesta en este Informe, se manejan 70 homicidios y 12 desaparecidos de 2000 al 2011, cuando en realidad han sido 100 asesinatos: 84 periodistas, 8 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos. Las desapariciones forzadas suman 18, 4 de los colegas aparecieron muertos, 14 continúan desaparecidos.
Cuando con urgencia el Gobierno Federal dio a conocer un protocolo para la defensa de los periodistas “sin periodistas”, manifestamos de inmediato nuestro repudio; ahora con la presentación de la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, el gremio organizado considera que es uno de los caminos seguros para proteger a los comunicadores, que incluye la federalización de los delitos contra las libertades, que al parecer está a punto de hacerse ley.
Por esta grave situación de agravios a las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información, nuestro país continúa con el deshonroso primer lugar en el mundo en asesinatos, desapariciones forzadas y demás agresiones a comunicadores, inclusive por arriba de Irak, lo que comprueba que el gremio periodístico es uno de los grupos más violentados.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aprovechó la firma de un “Mecanismo para la Protección de Periodistas” con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para justificar la “guerra” contra el crimen organizado, decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El funcionario afirmó que “son inaceptables las agresiones contra periodistas y son una razón más para redoblar la lucha contra la criminalidad y en favor de la seguridad”, sin embargo no se ven resultados.
El documento mencionado fue emitido a toda prisa ante la inminencia de la reunión que llevó a cabo en el país una organización internacional de editores, desde luego sin tomar en cuenta el punto de vista de las organizaciones gremiales, protocolo que contempla la creación de un “Comité de consulta y auxilio técnico”, al que se integrarían 3 periodistas con voz pero sin voto. Es decir, un protocolo para periodistas “sin periodistas”.
Es también de mencionar que la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación de la actual LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, que preside la colega María Yolanda Valencia Vales, por intereses partidistas mezquinos se anuló su Consejo Consultivo, el cual lo conformábamos representantes de la sociedad civil; es decir, organizaciones gremiales y ONGs, Organizaciones No Gubernamentales.
Las cifras, por si solas, destacan la gravedad del fenómeno. De 1983 al 2000 fueron asesinados 36 periodistas y 1 familiar, en promedio dos por año. Los homicidios de informadores se incrementan a partir del 2000 y a la fecha son 100 los caídos, 9 por año en promedio.
En los apenas 59 meses de la actual administración federal han ocurrido 70 homicidios más de uno por mes, y de no actuarse en consecuencia la tendencia nos presenta un panorama de gravísimas consecuencias, en el sentido de que tales crímenes tienen como objetivo común vulnerar las libertades de prensa y expresión, y el derecho a la información. Lo más grave radica en que todos los casos yacen en la más vergonzosa impunidad.
Lo anterior, sin poder tomar en cuenta, por falta de información, los 8 secuestros de comunicadores ocurridos en 14 días, entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2010, en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. La información nos llegó vía medios estadounidenses, por temor de los familiares y colegas. Hasta ahora se habla de tres muertos, 3 heridos y dos que permanecen desaparecidos. Sólo tenemos consignado un asesinato.
En ese tenor, siempre nos hemos dirigido al presidente Felipe Calderón Hinojosa para exigirle justicia, en el entendido de que sólo con su decisión política se puede revertir el fenómeno que tiene, repetimos, como objetivo único y fundamental el socavar las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información.
Por toda esta situación de vergonzante impunidad y la nula labor preventiva, situaciones que siempre hemos denunciado como acciones tendientes a socavar las libertades de prensa y de expresión y que colocan, insistimos, a México en el vergonzante primer lugar en el mundo en asesinatos, desapariciones forzadas y demás agresiones a periodistas, inclusive por arriba de Irak, todos nos unimos con la demanda unificada de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y Club Primera Plana, CPP, que presiden, respectivamente, el colega argentino Juan Carlos Camaño y en México su vicepresidente, Teodoro Rentería Arróyave; Hilda Luisa Valdemar Lima, Teodoro Raúl Rentería Villa y Arturo Bárcena Bazán: ¡No más asesinatos, desapariciones y demás atentados a periodistas! señor presidente, Felipe Calderón Hinojosa. ASICh

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