Diego Valadés
El seminario internacional “Seguridad en Democracia”, celebrado en los primeros días del mes, sirvió para examinar experiencias ajenas y percepciones propias. Se vio que las disyuntivas históricas han consistido en privilegiar la seguridad sobre la democracia, o en fortalecer la primera sin afectar la segunda. En cuanto a México, las recomendaciones del seminario fueron en una dirección más ambiciosa: consolidar la democracia para mejorar la seguridad.
La reforma del Estado ha comenzado con buenos augurios. El primer tema de la agenda elaborada por el Congreso ya quedó despejado. El camino todavía es largo y sinuoso, pero recorrerlo parece posible. Cuando sean abordados los capítulos relativos a la justicia y al régimen de gobierno, deberá tenerse presente la cuestión de la seguridad. Los mecanismos para combatir a la delincuencia son controversiales. Se trata de instrumentos que sirven para tutelar a la sociedad, pero también pueden ser usados en su contra. La sociedad exige garantías ante los órganos del poder, de los que en todo momento pueden provenir excesos.
Por múltiples motivos los índices delictivos han ido en ascenso sin que el Estado cuente con los medios adecuados para hacerles frente. Se pide que la sociedad sea más participativa en el combate a la delincuencia, aunque en contraste no se le facilita que también intervenga en mayor medida en los procesos de gobierno. El superávit delictivo y el déficit democrático tienen una relación directa.
La sociedad parece estar atrapada: aumenta los poderes coactivos del Estado, con el peligro de nuevos desbordamientos, o permanece a merced de la acechanza delictiva. Los órganos del poder requieren de facultades que la sociedad no está dispuesta a concederles, porque existen razones para desconfiar. Esta explicable actitud nos mantiene en una precaria situación de inseguridad que puede quebrar las resistencias sociales. Si la presión criminal se hace intolerable y el discurso oficial llega a ser convincente, se abriría una puerta a la restauración del poder autoritario. La delincuencia podría convertirse en el pretexto para que el autoritarismo resurgiera, incluso con la simpatía social, si se ofrecen resultados satisfactorios en un plazo breve. Hay otra opción: que el poder se haga más controlable para que puedan confiársele mayores atribuciones en el combate a la delincuencia.
Al hacer más controlable el funcionamiento del poder, menos vertical la toma de decisiones, y más profesional y neutral la organización administrativa, la democracia y la seguridad serían compatibles. Hasta este momento hemos optado por la democracia. La sociedad mexicana ha hecho un sacrificio valioso; pero las tensiones entre las estructuras autoritarias y las democráticas coexisten en un equilibrio precario.
Para evitar nuevas formas de hipertrofia del poder es conveniente ensanchar los derechos fundamentales, que incluyan orientación jurídica, procedimientos simplificados, y patrocinio jurídico accesible, oportuno y confiable, para que la sociedad controle al poder y para que el poder controle a la delincuencia. La sociedad debe contar con elementos de defensa ante las acciones de la delincuencia y ante los temores de un poder arbitrario. El problema de la violencia y de la inseguridad no es policiaco, es político.
Es inadmisible un proyecto de seguridad pública al margen del Estado democrático de derecho. Un sistema presidencial hipertrofiado y un sistema representativo atrofiado hacen una mala combinación. Para emprender acciones eficaces contra la delincuencia se requiere dotar al Estado de facultades suficientes para contrarrestar la magnitud del embate que afecta la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de los mexicanos. Pero estas decisiones resultan difíciles de procesar en sociedades que han vivido periodos autoritarios. Hoy, por no quedar inerme frente el poder, la sociedad se encuentra desvalida frente la delincuencia. Hasta ahora la sociedad optó por una libertad con riesgos para la seguridad, antes que por una seguridad con amenazas para la libertad. Este dilema es superable, porque el Estado constitucional dispone de instrumentos que permiten ampliar las potestades de policía sin afectar las libertades públicas.
La impunidad, que propicia las actividades delictivas, resulta en buena medida de instituciones caducas. No puede haber facultades crecientes del gobierno donde no existen responsabilidades políticas de los gobernantes.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM