Enrique Vázquez Palacios /ASICh
Para el doctorante en derecho penal, Arturo Jesús Becerra Martínez, nunca como ahora, en el caso de la francesa Florence Cassez, ha sido puesta en entredicho la actuación jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y ha quedado demostrado que, en su estructura y composición orgánica interna, existe una total anarquía en la justa aplicación de criterios jurisprudenciales pero, lo más grave, es que se patentiza un canibalismo jerárquico respecto de cómo procuran y visualizan los señores Ministros la defensa de la constitución general de la república frente a los actos de autoridades.
Entrevistado en torno al caso de la extranjera que fuera exonerada de todo cargo por delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y/o secuestro respecto a cómo visualizan estos mismos escenarios justicieros los inferiores jerárquicos como son los Magistrados de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Jueces de Distrito, indicó que, en el caso de la francesa “existe una desatinada -por no decir alocada-, apreciación justiciera respecto de hechos exactamente iguales que motivaron, por un lado, una escandalosa y arbitraria condena hasta de 60 años de prisión y, por otro lado, una supuesta legalidad de absolución criminal abordada por los supremos ministros.
“Aquí no coincide, y el pueblo de México lo ha reclamado, la realidad con la ficción legal”, señala enfático el ex Procurador General de Justicia del Estado, Arturo Becerra.
Detalla que “en los últimos años, los mexicanos hemos visto cómo se descompone este complejo sistema de seguridad y justicia. Las policías viven la corrupción cotidiana; hay suficientes evidencias de que los ministerios públicos sólo hacen el 8% de su trabajo y (que) su situación laboral es de tal naturaleza, que la dádiva y el cohecho son el lubricante de su eficacia o su desidia, y por ello son ineficientes voluntaria e involuntariamente.
“Las pruebas de que las policías ministeriales o especializadas -o como se les llame-, han sido penetradas por el delito organizado, son apabullantes. Es claro que los jueces son comprables. La situación en el interior de los reclusorios no puede ser más denigrante. Mal andan todas las cosas, y es difícil defender a cualquiera de los eslabones, así sea por la respetabilísima Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agregó que “afortunadamente en el fuero federal, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha avanzado mucho, lo cual da pie para que en breve, las Entidades Federativas garanticen un absoluto ejercicio ético y honesto en sus respectivas Judicaturas Locales; por ello, que mejor oportunidad que ahora se pida a los Ejecutivos y Legislaturas Locales, incrementen las percepciones salariales de los policías, ministerios públicos, jueces y magistrados; pero sobre todo, del personal que hace la talacha en este quehacer justiciero, como son: el personal de apoyo administrativo y operativo y demás servidores públicos, pues es aquí en donde nacen, crecen y se reproducen los virus de la corrupción; muchas veces, autorizados por los superiores y, además, se homologuen los salarios que perciben los miembros del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República .
“Lo anterior tiene que ver con la dignidad del Abogado y de su personal de apoyo y auxiliares en general y, porque además, su función no puede ni debe verse como artículo de comercio y menos debe admitirse que continúe prevaleciendo una gran diferencia entre la Judicatura Federal respecto a la Judicatura Local, pues ambos servicios son de igual importancia y de idéntica trascendencia para la procuración y administración de Justicia.
Por ello, señala el doctorante Arturo Jesús Becerra Martínez “es necesario un nuevo sistema jurídico mexicano, así como la implementación de procedimientos judiciales, a través de los cuales se garanticen: el respeto absoluto de los derechos humanos y del debido proceso legal mediante la urgente necesidad de transformar las estructuras orgánicas y de capacitación criminalística en materia penal, en que ahora se desenvuelven la Procuraduría General de la República y de las entidades federativas.
“Por otro lado, la SCJN está obligada, frente al acontecer nacional, a revisar exhaustivamente que sus jueces y magistrados se apeguen más a la realidad social, económica y política cuando les toque decidir aspectos tan fundamentales como es la privación de la libertad del gobernado, y no continuar con jueces y magistrados de escritorio que por no tener una perspectiva justiciera como lo demandan sus particulares escenarios justicieros, seguir dictando sentencias total y absolutamente alejadas de una justa aplicación de la ley.
Cabe hacer mención que la solución a estos aspectos tan fundamentales para la impartición de justicia más pronta y expedita, la aporta el doctorante Arturo Jesús Becerra Martínez en su extraordinaria obra jurídica, “La Presumida Inocencia. Ineficacia de los Juicios Orales. Nuevo Replanteamiento Constitucional y Legal”, que en sus más de 500 páginas, aparecen, entre otras cosas, cambios sustanciales orgánicos de las referidas instituciones justicieras, nuevos métodos de investigación criminalística, nuevos procedimientos de trámites jurisdiccionales, que se distinguen por lograr una tramitación rápida que culmina con expedites los procesos penales que se abren y que, por lo mismo, garantizan los derechos vulnerados a las víctimas. ASICh