Mario Tassías
Estaríamos de acuerdo que de lo que se trata, es de que el ciudadano sea el actor principal en el modelo policial que se implemente para una justicia y seguridad en democracia.
Destruir es muy fácil, construir es lo que cuesta y mucho, cuando no se tiene una idea clara de qué es lo que se pretende y se desconoce el tipo de terreno donde se proyecta edificar.
Se dice con razón, que todo proyecto nace de una idea. Se busca el objetivo cuando ya se tiene en mente hacia donde se quiere dirigir el esfuerzo. Quien no sabe para dónde va, ya llegó. Nadie va a la terminal o a la taquilla a comprar un boleto sin saber qué quiere.
En el caso que nos ocupa, la reforma policial parte de la responsabilidad de construir políticas públicas democráticas de seguridad; la policía sigue a la política de seguridad, y ésta a la política social. ¿Para qué aplicar un proyecto en donde no se tiene en cuenta al ciudadano?
Los expertos dicen que a la construcción de comunidades seguras y policías modernas y profesionales en los municipios sigue el establecimiento de Estados y país seguros. Nunca es al revés.
La reforma policial debe apuntar a la configuración de una policía más civil, democrática y eficiente. La base original para construir esas políticas públicas es el municipio, punto de partida para enfocar esfuerzos y trascender a las esferas estatal y federal.
La reforma policial debe ser la consolidación institucional, dejando a un lado las prácticas de utilización política de las instituciones policiales, bajo un liderazgo democrático. El nuevo modelo policial debe redefinir una relación hacia un trabajo conjunto.
Para darle un papel protagónico al ciudadano, es necesario contar con diagnósticos que reconozcan la diversidad de cuerpos policiales municipales preventivos, su composición y características, sus avances, logros y debilidades. Conviene analizar cómo se hace frente a los desequilibrios o desbalances policiales desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a su incapacidad para garantizar el necesario proceso de homologación o estandarización que impone un sistema policial descentralizado como el mexicano. No se trata de decir que todo está bien, nada más porque sí.
La sugerencia de la UNAM, de viva voz del rector José Narro al presidente Calderón, es de que el modelo policial debería: 1. Adscribirse al modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana. 2. Adherirse a un modelo de prevención social de las violencias y de la delincuencia. 3. Asumir la perspectiva de los derechos humanos. 4. Fortalecer la política de transparencia y rendición de cuentas policial y por supuesto que ello conlleva 5. Desmilitarizar a la policía.
Este es un planteamiento de cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad (protección de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadanía y de la participación social, solución pacífica de conflictos interpersonales y sociales, fortalecimiento de las instituciones y obtención de impactos durables en el mediano y largo plazo).
Admite que debe prevalecer la coherencia con los objetivos de la cohesión social y de la calidad de vida de las comunidades y las ciudades, y no tanto con una mera política de disuasión de los delitos.
Así se impulsa la creación de mecanismos democráticos y eficientes de rendición de cuentas y control como fórmula para lograr una mayor legitimidad y reconocimiento ciudadano.
Se debe asumir que la policía es una institución civil y debe refundarse poniendo como principal valor su esencia civilista y su capacidad para la resolución de conflictos de la ciudadanía, por tanto, debe desvincularse de la institución militar y acercarse a la sociedad civil.
Por lo que es necesario redefinir claramente la integración de principios, valores y normas sobre su papel constitucional, vinculado con la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la seguridad, así como con la vocación de servicio, la promoción de la cohesión social, la cultura de la legalidad y la cultura de paz. No estamos hablando de otra cosa.
Todo lo anterior requiere de una construcción de instituciones. Es importante el establecimiento de una política de reclutamiento, selección, formación y promoción que incluya innovaciones técnicas policiales y métodos pedagógicos avanzados que permitan, la vinculación con las exigencias reales de los ciudadanos y que garantice la calidad y la eficiencia de los servicios ofrecidos por la policía y que, además, incorpore a todos sus miembros para que aquellos que no logren adaptarse puedan desistir de manera adecuada y conforme a derecho.
Es prioritario mejorar las condiciones laborales y los derechos de los policías. La tarea de los policías es delicada, riesgosa y de enorme importancia social. Los salarios y las condiciones laborales deben corresponder a la relevancia de la tarea.
También es necesaria una policía evaluada y controlada desde el exterior. Se requiere generar un sistema de indicadores del desempeño y la efectividad policial que permita evaluar el cumplimiento de metas institucionales. Es necesario el desarrollo de la coordinación institucional de seguridad y policía que permita la creación de espacios de análisis estratégicos para la reformulación de los problemas comunitarios. La reinserción social de la policía llama a un uso intensivo y creativo de la comunicación.
De eso y mucho más está robustecida la propuesta “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, entender que donde hay sociedad, allí está el derecho, algo más que un solo instrumento académico al servicio de la paz en nuestro país.