Propone Senadora decretar castigo a la extorsión por teléfono

Por tratarse de un tema de preocupación nacional y que ha sido exigido por la sociedad a las autoridades, con el fin de abatir la delincuencia organizada que amenaza a todos por igual, la Senadora María Elena Orantes López, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa con Proyecto de Decreto para regular y castigar el delito de la extorsión telefónica. Fundamenta la legisladora, que la extorsión telefónica ha resultado un negocio millonario. El monto global nacional del 2001 (año en que aparece la extorsión telefónica en México) a la fecha, es de 309 millones de pesos. Se han registrado 38 mil 644 líneas celulares empleadas con esta finalidad. Las entidades más afectadas por este ilícito, además del Distrito Federal, son el Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Tlaxcala.
Orantes López, indica en su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso “D” a la fracción 1 del Artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y Reforma y Adiciona el Artículo 390 del Código Penal Federal, que es necesario que los permisionarios inicien de manera obligatoria y en coordinación con las autoridades, el levantamiento del padrón de usuarios, sin que esto implique el incremento de tarifas y contemplando la adecuada protección de datos.
En su exposición de motivos María Elena señala de manera atinada, que los extorsionadores telefónicos se han convertido en un elemento de la delincuencia organizada que mantiene bajo el terror a la ciudadanía, es una modalidad delictiva que ha venido a tomar auge en el país, favorecida por el avance tecnológico e ingenuidad de las víctimas. Los delincuentes explotan el miedo a ser víctima de un delito como el secuestro, lesiones u homicidio en contra de algún miembro de la familia.
Las operaciones delictivas son cometidas por al menos 10 bandas de extorsionadores, que inicialmente realizaban esas actividades desde penales de la Ciudad de México, ahora se ha trasladado a las calles. Este fenómeno ha multiplicado las extorsiones telefónicas a lo largo y ancho del país, generando un estado de pánico e inseguridad entre la población.
El monto de los supuestos rescates oscila entre 30 mil y 200 mil pesos. Las autoridades tienen identificadas en el país, aproximadamente 700 bandas de extorsionadores que operan por medio de teléfonos, 14 de ellas en la capital del país. En el 95 por ciento de los casos, las extorsiones se realizan por telefonía celular y el resto desde teléfonos públicos, tanto en los reclusorios como en el exterior. Cada organización delictiva realiza durante el día al menos entre 15 y 20 intentos de extorsión; las negociaciones son “relámpago” y en ocasiones obtienen el dinero en menos de 24 horas.
Por ello, la Senadora Orantes López propuso se adicione un inciso, el D, al Artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: D. En el caso de la telefonía celular, las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente, que permitan combatir la extorsión y los secuestros virtuales, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos celulares, así como los nuevos cuentahabientes de este servicio, con la debida protección de datos.
Asimismo, se reforma y adiciona el Artículo 390 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 390….En el caso de extorsión telefónica y otras tecnologías informáticas, se aplicará de cinco a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación definitiva para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará permanentemente para desempeñar cargos o comisión públicos. ASICh

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