Rodolfo Echeverría Ruiz
En tanto no sean reformados los documentos básicos del PRI durante una Asamblea Nacional —Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos— ninguno de sus dirigentes o militantes puede contravenirlos. Son consustanciales al gobierno interior del partido, a su unidad y a sus relaciones con los otros grupos y formaciones políticas. Estamos obligados a respetarlos ante una sociedad hipercrítica y bien informada. Ella nos observa con mirada escrutadora.
Declaración de Principios: “En materia de energéticos el PRI defiende el principio constitucional de propiedad de la nación (…) se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos (…) y postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz por el pueblo para supeditar todo género de intereses al superior de la nación”.
Programa de Acción: “El PRI postula una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional (…) se pronuncia por el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución (…) para lo cual es necesario mantener la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos y sobre las entidades paraestatales relacionadas con los energéticos como Pemex, la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro…
Estatutos: “La expulsión procede por alguna de las causas siguientes: I. Atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido; II. Sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en los documentos básicos; III. Realizar acciones políticas contrarias a los documentos básicos o a los lineamientos concretos de los órganos competentes del partido”.
Cuando fungió como director de Pemex (1964-70), y en defensa de nuestra gran empresa nacionalizada, anunció la patriótica rescisión de unos “contratos-riesgo” vigentes entonces. Los definió con su muy característico estilo verbal. Dejó dicho Reyes Heroles: “Los compromisos que hoy damos por concluidos eran buenos y jugosos contratos para las empresas extranjeras y riesgos —¡y qué riesgos!— para México”. Y remató: “Nuestro pueblo tiene el petróleo metido en las venas”.
Expreso algo subversivo hoy: cumplamos la Constitución lisa y llanamente, al margen de cualquier triquiñuela legaloide violatoria de su espíritu. El ordenamiento mayor de los mexicanos —atrás de cada una de sus palabras subyacen los episodios más trágicos y ensangrentados de nuestra historia— determina la propiedad “inalienable e imprescriptible” de la nación sobre las riquezas del subsuelo. Bajo un torpe y doloso subterfugio, encerrado en una añagaza lanzada para distraer a los ingenuos —aludo a su amarillista y mendaz “diagnóstico”— el gobierno panista pretende ocultar, bajo la máscara de una supuesta “rectoría del Estado” —aunque en ella no ha creído ni creerá—, sus aspiraciones privatizadoras, como si los ciudadanos careciéramos de perspicacia o ignoráramos mandatos expresos de la ley fundamental.
Durante el año en curso se celebrará la 20 Asamblea Nacional del PRI. Quien, entre nosotros, intente aceptar, bajo cualquiera de sus modalidades, la privatización, así sea enmascarada, de esa industria integrante del patrimonio nacional, tendrá que participar, de manera activa y sincera, en los debates públicos inherentes al mencionado órgano máximo de dirección partidaria. Y, ya encarrerado, atreverse a presentar —y a defender con valentía— una propuesta, hecha sin equívocos, destinada a convencer a la mayoría social priísta (cuyos delegados al mencionado órgano interno de gobierno la representarán en su seno) en torno de la “conveniencia” de facilitar negocios estratosféricos a poderosos intereses privados, nacionales y extranjeros, en materias básicas para la economía nacional y popular como la exploración, la perforación, la refinación…
Analista político