Artemio Ortiz
La reforma al ISSSTE ultraja los derechos civiles y políticos de más de 10 millones de mexicanos afiliados al ISSSTE, a quienes los diputados y senadores nunca consultaron. De esta manera, los legisladores se convirtieron en verdaderos delincuentes al violentar el principio de representación.
Basta con decir que la “nueva” ley aumenta los años de trabajo. En la anterior normatividad las mujeres se jubilaban con 27 años, seis meses y un día laborados, y los hombres 29 años, seis meses y un día laborados, sin importar la edad. Con la modificación, los tiempos de trabajo se alargan entre cinco y 15 años.
Lo peor es que se reduce el monto de las pensiones. Hoy, la pensión promedio es de 5 mil 681 pesos y la pensión por jubilación de 7 mil 366 pesos. Ahora sería de 3 mil 034 pesos que pueden disminuir según el proceso inflacionario, ya que esta cantidad no está indexada al aumento del salario mínimo.
Con la nueva conceptualización de sueldo básico, las pensiones de algunos trabajadores en particular se van a reducir entre 30% y 50 % respecto de lo que hoy perciben, como es el caso de los de la UNAM.
Además, se quiere entregar los fondos de los trabajadores a delincuentes probados como los son Elba Esther Gordillo y Joel Ayala. La primera, como todos sabemos, carece de representación legal alguna, ya que fue impuesta por Salinas en 1989.
Con la reforma permite explícitamente la privatización o enajenación de toda la infraestructura del Instituto. Desde el 1 de abril pasado el organismo adquiere una nueva función: enajenar “los bienes e inmuebles necesarios para la realización de sus fines”.
Y en la mira están: 261 tiendas, 110 farmacias, 38 agencias Turissste, 239 estancias de bienestar y desarrollo infantil, las cuales atienden a un total de 32 mil 262 hijos de madres trabajadoras, siete centros deportivos y 74 centros culturales.
Los trabajadores van a tener que pagar a los bancos la administración de sus cuentas individuales e incrementar el monto de sus aportaciones.
De 3.5% del sueldo base que se cotiza hoy para el fondo de pensiones, en el 2011 se cotizará 6.125%, y de 8% total del sueldo base que se cotiza al ISSSTE hoy para tener acceso a todas las prestaciones que la ley contemplaba en la redacción de 1983, el nuevo régimen impondría una cotización mayor a 17% del sueldo básico en cinco años.
De esta manera, el Estado se desentiende de su obligación de garantizar la jubilación de sus trabajadores. Por cierto, el término “jubilación” desaparece en la nueva ley (artículo 248). Pero no sólo eso, elimina el carácter protector del Estado de los derechos laborales y debilita la unidad de clase y el papel de los sindicatos, en la medida que abandona los principios de solidaridad intergeneracional y de clase.
Todo lo anterior hace concluir que esta reforma es reaccionaria. Va a contracorriente de la capacidad productiva y de la evolución ética y normativa de la sociedad contemporánea que hoy está en condiciones de garantizar el acceso a la seguridad social como un derecho universal de todos los mexicanos.
Estamos cansados de que los tecnócratas, los banqueros y grandes capitalistas, además de toda clase de políticos corruptos, sigan robándose el patrimonio de los mexicanos. Pensión congelada, viuda a la calle y cero aguinaldo.
Estas son algunas de las razones por las que rechazamos la ilegal e ilegítima nueva ley del ISSSTE. Sería bueno que los legisladores y el señor Felipe Calderón debatieran con nosotros, frente a la nación, las bondades de su ley, que por cierto es tan benigna que no se aplica a los militares a quienes el Estado les cubre el costo total de la seguridad social, incluida la jubilación.
Secretario General de la Sección XVIII del SNTE en Michoacán