Emilio Zebadúa
Hace ya rato que existe un consenso de que el ISSSTE, encargado de proveer una variedad de servicios de seguridad social a los trabajadores del Estado, dejó de ser viable en términos financieros. Las modificaciones demográficas en la pirámide de edad, el incremento sostenido en la esperanza de vida y los cambios en el cuadro epidemiológico de la población trabajadora fueron acumulando durante varias décadas una creciente demanda de tratamientos médicos más caros y más largos, así como de jubilaciones más extendidas para más personas.
Con recursos propios, el ISSSTE sólo puede pagar uno de cada cinco pesos que se requieren para cubrir las pensiones y, en consecuencia, se tienen que utilizar fondos de otras prestaciones, como el destinado a créditos de corto y largo plazo para el consumo o la vivienda. Adicionalmente, también el fondo de servicios médicos sufre un déficit de operación que se refleja en el deterioro y la insuficiencia de la atención al derechohabiente en hospitales y clínicas. De haber continuado así, al final de este sexenio el gobierno no tendría recursos para subsidiar la nómina de los jubilados, para lo que se necesitarían alrededor de 130 mil millones de pesos cada año.
La solución empleada por el gobierno -previa a la reforma a la ley- implicaba un subsidio creciente para el funcionamiento cotidiano del ISSSTE, pero sobre todo para su sistema de pensiones, sin que ello representara alguna solución posible en el horizonte más lejano. Durante varios años, la clase política reconoció su impotencia, mientras el ISSSTE continuaba a la deriva en camino a una crisis; el ejemplo previo de otros países, como Chile, España o Canadá, demostró sin embargo que la reforma era tanto necesaria como factible.
Con la participación de una mayoría parlamentaria amplia de partidos y la voluntad de sindicatos de servidores públicos, incluyendo de manera estratégica al SNTE, la reforma prosperó finalmente. La clave, quizás, está en el proceso de transición del régimen de pensiones hasta entonces vigente, al que se incorporó en la nueva ley, con lo cual los trabajadores resultan beneficiados en el presente, mientras que en el futuro se asegura la viabilidad del sistema en forma integral.
La reforma viene acompañada por la inversión de 8 mil millones de pesos a hospitales y clínicas, lo que se traducirá a su vez en un esfuerzo por mayor abasto de medicamentos, mantenimiento de la infraestructura de servicios y en la capacitación de médicos y enfermeras. Se trata de la inversión más importante en el ISSSTE en muchas décadas. Y además el panorama alternativo, como se ha dicho, era de deterioro y crisis.
En el nuevo marco, los cerca de 600 mil jubilados amparados bajo la anterior ley no sufrirán ningún cambio en sus pensiones. Los trabajadores que ingresen desde ahora al sector público estarán sujetos a un régimen de pensiones de cuentas individuales, administradas por el Pensionissste, órgano público creado para el periodo de transición. Y los trabajadores que cotizan actualmente y que ingresaron bajo el régimen de la ley anterior conservarán sus derechos pensionarios y su antigüedad, y pueden optar por mantenerse dentro de un régimen solidario de reparto o cotizar con cuenta individual. De decidirse por la segunda opción, recibirán un bono de pensión acorde con los derechos acumulados hasta este momento.
Gracias a la reforma, el ISSSTE recupera su funcionalidad financiera, se preserva la capacidad del gobierno de proveer servicios sociales diversos, desde créditos, apoyos a la vivienda y atención médica, mientras se construye un sistema de pensiones acorde con las nuevas condiciones demográficas y económicas de los trabajadores al servicio del Estado. Se logró detener la inercia de deterioro, para traer al presente un futuro con condiciones más favorables para la viabilidad del sistema en su conjunto.
Presidente de la Fundación del SNTE