Beatriz Paredes
Un Estado democrático es aquel que fomenta, con todos los medios a su alcance, la creación de ciudadanía. Considero una involución en los avances que lograron diversas fuerzas políticas y organizaciones civiles en la democratización del sistema político mexicano, la tendencia generalizada a clientelizar los programas públicos, y a establecer políticas clientelares que, abusando de la necesidad de los beneficiarios, intercambian apoyos institucionales por lealtades electorales.
Si la democracia electoral mexicana se sigue convirtiendo en la subasta de quién da más para obtener votos, alcanzar la maduración democrática de una sociedad responsable es ilusorio.
Las prácticas clientelares han lesionado especialmente a los programas de desarrollo social, por eso es indispensable una revisión integral de la política social del gobierno de la República. Propongo la realización de un debate nacional sobre el tema.
Hay que diseñar una nueva política social que se aleje de lo asistencial y que tenga como propósito generar la capacidad autonómica de los sujetos, de los involucrados en los programas públicos para que a través de apoyar una nueva inserción en su entorno económico, que les permita alcanzar la autosuficiencia. Eso supone actuar no sólo en el terreno de los programas sociales sino en la política económica y social, como un todo articulado. Si los programas sociales pretenden equidad, deben ser universales y no selectivos o focalizados, pues ya vimos que la focalización tiene escasa repercusión en reducir las causales de la pobreza. La universalización de los programas sociales, no permite manipuleos de los padrones, y erradica el riesgo de la discriminación de posibles beneficiarios por razones políticas. Simplifica el ejercicio de los programas y suprime estructuras innecesarias para promoción y localización de beneficiarios.
Una nueva política social, integral, que descentralice a entidades federativas y municipios los programas de apoyo, y no genere o duplique aparatos burocráticos para llevar a cabo actividades que bien podría ejecutar el orden de gobierno estatal o municipal.
La discusión de fondo sobre los programas de desarrollo social cobra mayor relevancia en un entorno donde la demografía del país presiona intensamente la estructura productiva, pues más de un millón 300 mil plazas nuevas de empleo permanente deben establecerse, anualmente, para canalizar a la población que se incorpora a la actividad económica, sin contar el rezago y los niveles de subocupación. O sea, una política económica que genere empleos, salarios remunerativos y redistribuya justamente el ingreso es, sin duda, la mejor política social.
Si los programas de “desarrollo social” siguen concentrándose sólo en recursos compensatorios para la sobrevivencia, y no hay una amplia estrategia de capacitación, habilitación y formación de una base productiva para que la gente pueda incorporarse a procesos económicos que le genere ingresos, estaremos ante la paradoja de haber apoyado la sobrevivencia de niños y adolescentes que asisten y permanecen en la estructura escolar, sobreviven por las vacunas y la atención básica de salud, y luego se encuentran un diseño económico que los expulsa, en el que no caben y que sólo les deja la alternativa de la migración, cada vez más restringida o de la economía informal. La “tianguización” del país como perspectiva, no parece ser opción suficiente ni satisfactoria para todos.
Son muchos asuntos los que integran una estrategia integral para impulsar el desarrollo social, con una combinación de políticas públicas. Es hora de debatir ampliamente.
correo@beatrizparedes.org
Presidenta nacional del PRI