Por Jaime Arizmendi
*Próximo Presidente Rendiría Protesta Ante Congreso o Corte
*Violaciones a Derechos Humanos Desatendidas por CNDH
*Agradece Eruviel a Congreso Mexiquense Labor Anticrimen
Para evitar otro “SanQuintín” como el del 2006… Con el reinicio de sesiones este jueves en la Cámara de Diputados, se reanudó también la discusión de los artículos de la Reforma Política reservados en lo particular por legisladores, y en ellos destaca la aprobación por mayoría de una modificación al artículo 87 de la Constitución, para que el Presidente electo de la República, rinda protesta ante las Mesas Directivas del Congreso de la Unión, cuando no haya condiciones de hacerlo ante el Pleno del Congreso General.
La propuesta presentada por el perredista José Luis Jaime Correa, modifica el segundo párrafo de dicho artículo en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, que preveía que ante tal situación, la toma de protesta se rindiera ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El artículo 87 quedó de la siguiente manera: “En caso de que el Presidente no pueda rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras, lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Jaime Correa señaló que la propuesta busca establecer una tercera alternativa a la toma de protesta del presidente electo, además de que se conservaría la facultad del Congreso de la Unión.
De su lado, el petista Jaime Fernando Cárdenas Gracia se pronunció en contra de la propuesta de que el presidente electo tome protesta de ley ante las mesas directivas de las Cámaras del Congreso, al considerar inaceptable que se decline la facultad del Congreso de establecer mecanismos de control hacia el Poder Ejecutivo. Como sea, ya no serán necesarios otros legisladores de “oposición” que se tiren al suelo para abrirle paso al Señor Presidente…
Ombudsman, lento y sin dientes…Durante el primer semestre de este año se han registrado más de seis mil denuncias por violación a las garantías individuales, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado muy pocas observaciones, porque no están calificadas como delito grave.
Manuel Cadena Morales, en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisa que la violación a las garantías individuales en México no es un delito grave, por lo que la CNDH sólo hace observaciones cuando hay violaciones a estos.
Y expuso además que ante los próximos comicios federales, se corre el riesgo de utilizar el tema de seguridad con fines electorales, ya que se puede emplear la muerte de 50 mil personas para que se lleve a las autoridades encargadas de seguridad ante la Corte Interamericana.
En el foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad” Luis Moreno Ocampo, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, especialistas internacionales en la materia coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas para combatir al crimen organizado, así como la colaboración con otros países por ser un problema de índole internacional.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Ocampo, se refirió a la importancia de hacer más rápida y eficiente la justicia no sólo para castigar, sino para frenar la violencia global con respeto a los derechos humanos, para limitar las acciones violentas del crimen organizado.
Mientras que para el juez español, Baltasar Garzón, la estrategia de seguridad debe tener como prioridad el combate a la corrupción y debe estar focalizada con acciones concretas, integrales, con ética, legalidad y eficacia, con apoyo de instituciones y sociedad para evitar que haya acciones dispersas.
Dolores Delgado García quien actualmente ocupa la cartera de combate al terrorismo internacional y ha consideró que la renuncia del Estado a los valores seculares en la lucha contra las mafias, constituye la primera victoria del crimen organizado. Pero el asunto dará todavía para más que unas opiniones…
Es de sabios reconocer… Gracias a la voluntad de los diputados locales del Estado de México, a la seriedad y profesionalismo de todos los grupos parlamentarios, independientemente de sus ideologías, en temas torales e importantes como la Seguridad Pública, se dio paso a la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así lo reconoció el gobernador Eruviel Ávila Villegas durante la ceremonia protocolaria en que rindió su protesta Salvador Neme Sastré, como titular de la nueva dependencia que suple a la desprestigiada Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y cuyo eje principal es la ciudadanía y la capacitación de los elementos policiacos.
En el evento, el incansable mandatario que no deja de realizar giras de trabajo por la entidad, pidió a los diputados: José Sergio Manzur Quiroga, presidente de la Junta de Coordinación Política y Óscar Sánchez Juárez, presidente de la LVII Legislatura estatal, trasmitir el reconocimiento a los otros 73 integrantes del Congreso mexiquense, por aprobar en tiempo y forma las iniciativas correspondientes a la Ley de Seguridad, y crear esta nueva Secretaría.
El pasado 13 de octubre, cuando se aprobó por unanimidad el dictamen que crea la dependencia, las bancadas de PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT y Movimiento Ciudadano (exConvergencia), coincidieron en demostrar que los poderes públicos estatales y la ciudadanía trabajan de manera coordinada y respetuosa, y que los legisladores locales se ocupan de lo que preocupa a la sociedad, porque la seguridad “es un asunto de todos”.
Entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están: prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas; auxiliar a las autoridades competentes, cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos; y concurrir -en términos de la ley- con las autoridades correspondientes, en casos de siniestros o desastres.
La nueva dependencia estatal ejercerá el mando directo de las instituciones policiales del estado y deberá preservar las libertades, el orden y la paz públicas; impulsar la coordinación de los organismos policiacos; proponer políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública con la Federación, los estados y los municipios.
Además, le corresponde promover la formulación, capacitación, profesionalización, actualización, adiestramiento y especialización de las instituciones policiales; ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia previstos en los convenios de colaboración suscritos por el Estado de México, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, la maquinaria policiaca del Edomex está aceitada; ahora, a cambiar de mentalidad, no sólo de uniformes…
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