Rodolfo De la Torre
Se ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), y con su difusión comenzarán a conocerse las prioridades gubernamentales para el futuro en cuanto a la atención de los problemas del país.
No sólo eso. El PND contiene en mayor o menor medida un diagnóstico de los problemas nacionales, del cual se derivarán las acciones a emprender en la forma de objetivos, estrategias y plazos a ser cumplidos. De esta manera, lo que en los primeros meses de gobierno se ha planteado como urgencia o como medio para mostrar que se actúa comenzará a ubicarse dentro de una perspectiva de largo plazo. Así, se harán explícitas las bases para la realización de diversas políticas públicas y quedarán claros los compromisos que se adoptan con ellas.
Evaluar el PND será una tarea que tomará tiempo, pero desde ahora puede decirse que este ejercicio de consulta ciudadana y reflexión no cerrará el debate de los problemas nacionales, sino abrirá otra etapa. Por una parte, el PND será contrastado con las primeras acciones de gobierno buscando interpretar las mismas como parte de una estrategia de gran alcance. Con ello se apuntarán posibles inconsistencias que pondrán en entredicho tanto la acción inmediata como el plan de largo plazo. Ante este panorama cabe advertir que las políticas públicas iniciales y aquellas derivadas del PND responden a circunstancias y motivaciones muy distintas. Frente a las medidas de los primeros seis meses de gobierno deberán tener más peso los planes para el resto del sexenio.
En segundo término, no faltará quien apunte que la consulta realizada para el PND fue limitada, y que en consecuencia quedaron al margen del “proyecto de nación” un gran número de ciudadanos. Ante ello habrá que recordar que el PND es un ejercicio en donde suelen opinar un número reducido de personas, por lo que no es razonable suponer que habría una participación masiva. Aun así, las decenas de miles de participaciones electrónicas y los más de 200 foros de consulta podrían haber sido más numerosos, o podrían haberse movilizado consejos consultivos y grupos de expertos en mayor grado. Sin embargo, tal vez este sea el costo de un gobierno que prefirió actuar lanzando de inmediato programas y propuestas en vez de concentrarse en sólo planearlas.
Finalmente, es natural que un documento como el PND, que al definir prioridades deja necesariamente a un lado ciertos temas, deje insatisfechos a muchos grupos que esperaban ver reflejado en él su particular visión del país. El PND no es la simple agregación de las opiniones consultadas, ni la expresión de las organizaciones que dicen representar a la sociedad civil, ni un documento académico, sino las preferencias reveladas de un gobierno electo. En este sentido se le puede exigir un mínimo de cobertura temática y consistencia lógica, como el expresar con claridad un concepto de desarrollo, estrategias para conseguirlo y cómo dar vigencia a los derechos establecidos en nuestro marco legal, pero no puede reclamársele el no ver retratadas nuestras ideas en él al pie de la letra.
Del PND cabe destacar que quizás por primera vez se desprenda de una perspectiva del muy largo plazo, la denominada Visión 2030, que, con todas sus limitaciones, es preferible al mero panorama sexenal. Por otra parte, el plan declara como su principio rector el concentrarse en las personas, sus derechos y la ampliación de sus capacidades, con una concepción de desarrollo similar a la que ha promovido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cual está sólidamente fundamentada. Tal concepción es afín a un enfoque de ciudadanía de las políticas públicas, en donde los individuos no sólo tienen derechos a ser protegidos ante las amenazas de otros, sino también a ver promovidas, con igualdad, sus oportunidades para una vida mejor.
En lo que corresponde al planteamiento de la política social, el PND contiene guías muy concretas. En particular destacan las ideas de focalizar los recursos en aquellos programas que han mostrado ser efectivos, construir un padrón único de beneficiarios y evaluar sistemáticamente las acciones gubernamentales para mejorarlas. Lo anterior tiene un sentido eminentemente pragmático ante la limitación de recursos que enfrenta el sector público para atender las carencias de desarrollo, lo cual no tiene por qué implicar la limitación de los derechos sociales. Focalizar significa dar prioridad al gasto que más combate las desigualdades, y para ello se requiere saber exactamente a quién se está beneficiando y evaluar de qué forma y qué tanto se hace.
Un ejemplo de la nueva etapa que ahora se abre en la discusión pública lo constituye el combate a la pobreza. El PND reconoce que todo lo avanzado en la última década apenas compensa lo sufrido en la crisis económica de 1995, por lo que se requiere un esfuerzo extraordinario, que implícitamente apunta al objetivo de reducir 30% de la pobreza alimentaria para el año 2012. Así, ha pasado el tiempo de interpretar qué quiere hacer el gobierno para entrar en el seguimiento y exigencia de sus compromisos.
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Director del IIDSES de la Universidad Iberoamericana