Gilberto Díaz López/ASICh
Marjorie Oropeza Núñez, del consejo administrativo del portal en Internet Cámara en Línea, “La verdad aunque duela”, en Veracruz, acompañados de Karla Gil Oropeza y Samuel Calderón en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, dieron a conocer que en un operativo de policías ministeriales dentro del programa alcoholímetro, destacamentados en la entrada a Cintalapa, Chiapas, los extorsionaron con más de 15 mil pesos, argumentando ataques a la vías de comunicación.
Dijo que los hechos ocurrieron el pasado día sábado 17 de Agosto a las 11:30 horas, donde se detectó a Rigoberto Hernández Núñez, quien fue el que encabezó todo el show para poderlos encausar en un delito, el cual consideran como delito no grave, sin embargo se tornó un calvario para la familia Oropeza, el haberse topado con dichos funcionarios en Chiapas.
Al examinar a Samuel Calderón, yerno de Oropeza Núñez, conductor del vehículo X trail color arena en el que viajaban, después de soplar por más de 18 veces el filtro resulto con 0.75 de alcohol en la sangre, como no sabían cómo bajarles la lana, posteriormente aparece con .125 de alcohol, por lo que se preguntan, de donde salió este aliento alcohólico, posteriormente lo encierran, lo suben como marrano, lo esposan, a pesar de no ser un delito grave, lo meten a la cárcel y lo incomunican, por órdenes de Rigoberto.
Al día siguiente domingo la licenciada en turno, les dice que son 15 mil pesos, ordenado por un tal nucamendi, y que el procurador había establecido dicha tarifa, cosa que dudan porque no consideran que el procurador sea un hampón.
Indico que Mariela Escobar Escobar y Rigoberto Hernández Núñez y un tal Darinel, ministerios públicos dieron a conocer que dicha tarifa fue establecida por el Procurador General de Justicia en Chiapas, lo que realmente dudaron, sin embargo dichos personajes continuaron con su postura.
Los ministerios públicos exigían la cantidad de 15 mil pesos, al final recibieron 12 mil pesos y para liberar la camioneta, otro viacrucis, ya que según ellos el delito cometido fue el de ataque a las vías de comunicación en su calidad de conducir en estado de ebriedad, cuando el mínimo es 80 y lo que tienen que aplicar en multa son diez salarios mínimos, no llega ni a 7 mil pesos y por qué 15 mil pesos. Los policías ministeriales argumentaron que existe una legislación en la cámara de diputados que es de 15 mil pesos, se echan la bolita expreso.
Dijo que para este día tenía contemplado realizar un plantón frente a la Procuraduría y parar el tráfico para que fueran atendidos, sin embargo al conocer que realizaría dicho movimiento conjuntamente con otras personas que también han sido agraviados de la misma manera, donde les inventan y les imputan arriba de los limites para poder bajarles el dinero, es un robo con credencial, por lo que al ver que ya se estaban uniendo con 12 personas más que han sufrido de estos robos, les liberan sus vehículos ese mismo día.
Posteriormente, dejan libre su vehículo a las 21 horas después de pagar 5 mil pesos más, sin embargo los ministerios se quedan con la factura original, por la que piden otros 5 mil pesos más, la cual se encuentra a nombre del licenciado Valentín Gutiérrez, notario público en Agua Dulce, Veracruz y endosada a su nombre.
Oropeza Núñez reconoce que el conductor del vehículo había tomado tres copas de licor, pero su límite es de 3.75 y cuando realizan la prueba del alcoholímetro arroja 0.75, pero en la averiguación previa aparecen 125, sin conocer a quien le realizaron esta prueba, por lo que Interpondrán su averiguación previa ante la Fiscalía contra delitos cometidos por funcionarios públicos, ante derechos humanos, ya que además de la extorsión, fueron amenazados por vía teléfono, para que se atuvieran a las consecuencias en caso de continuar con sus demandas, llamadas que fueron realizadas por una persona del sexo masculino.
Por lo antes expuesto indicaron que solicitaran protección para salir de Chiapas, ya que su vehículo está reconocido y portan su factura original.
Entonces porque tienen que pagar 5 mil pesos más, por la factura, cuando ya entregó casi más de 30 mil pesos, en hoteles, alimentación, peaje, entre otros gastos, derivados de el cobro excesivo de grúas, licenciado, liberación de vehículos entre otros.
Explicaron que solicitan al Procurador General de Justicia en Chiapas, castigue a los funcionarios públicos corruptos que utilizan el membrete, la credencial y el nombre de ellos, para medrar, para atacar y violar los derechos de los ciudadanos. ASICh