Raúl Cremoux
Una de las más funestas consecuencias que ha tenido la pasada elección de 2006 repercute hoy en la radio y en la televisión. Estos medios, que desde hace decenios aguardan una reforma que los lleve a ofrecer una mucho mayor calidad en sus emisiones cotidianas, se verán desde ya constreñidos en lo que debiera ser una amplia pluralidad de criterios y posibilidades de elección. La violencia en las series filmadas, dibujos animados, series de héroes empistolados, así como concursos de rebosante estulticia y machaconas interrupciones de comerciales, seguirán aumentando. En cambio, los proyectos legislativos en materia de reforma electoral ya han dado en el blanco, se lo hayan propuesto o no, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión.
Hace unas horas, la comisión redactora de la reforma a la legislación secundaria en asuntos electorales acordó establecer sanciones de hasta 200 mil salarios mínimos, aproximadamente 10 millones de pesos, a los medios electrónicos que incurran en violaciones al nuevo marco jurídico.
Y en esas nuevas disposiciones el nuevo texto del artículo 41 constitucional, publicado en el Diario Oficial el pasado 13 de noviembre, nos dice que: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y tv dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Esta disposición que, debiendo estar encaminada a tener una mayor equidad de los candidatos, deriva obligadamente en un acotamiento inadmisible para la libertad de expresión.
El texto no puede ocultar su animadversión a los grupos empresariales que participaron en la pasada contienda electoral federal; pero acaso, ¿no tienen derecho a externar sus opiniones esas personas? Si la variable económica quiso ser atemperada, se pudieron formalizar otros mecanismos, pero no los de la censura. ¿No son acaso los partidos políticos los primeros en pretender influir en el público votante? Sería absurdo pretender impedirles que lo hicieran. Este mismo texto constitucional y la que será su complemento en la legislación secundaria buscan el que no exista lo que se da regularmente en los países democráticos como campañas contrarias y que aquí han sido bautizadas como “guerra sucia”.
Estas campañas se encargan de enfatizar algunos aspectos o negativos o desconocidos de los candidatos. El votante tendrá con ello más elementos o más prejuicios al momento de votar; madurar o estancarse es parte de lo que está en juego en esas sociedades y ya hemos visto que finalmente forman parte del marco democrático. Obviamente las campañas tersas, bonitas, no existen ni le brindan nada nuevo al ciudadano que no sea lo que los candidatos quieren.
Legislar del modo que se hace ahora es hacerlo con los ojos cerrados, y teniendo como plataforma de acción considerar que la mexicana es una sociedad de párvulos o de menores cerebrales.
Los actuales legisladores, electos en los mismos comicios que condenan y a los que dedican prácticas nocivas a las que hay que corregir y reformar, o ignoran lo que han hecho o sus rencores y suspicacias son de una dimensión extraordinaria. La tv concesionada seguirá como reina de la frivolidad, el mercantilismo y la mediocridad. En tanto, los tiempos y resultados electorales por venir tendrán consecuencias imprevisibles.
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Escritor y periodista