Asume Fernando Ponce en ANPRAC, inicia campaña rubro de refrescos para redimensionar su rol y riesgos de sumar IEPS al IVA
Alberto Aguilar
NUEVAMENTE LA INDUSTRIA del refresco está en el centro de la polémica al cuestionarle su responsabilidad en el complejo problema del sobrepeso y la obesidad que aqueja a la población del país.
Obviamente se trata de una posición muy polémica. El problema es que como consecuencia en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, la ahora senadora panista por Querétaro, Marcela Torrres Peimbert emitió una iniciativa que está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para imponerle un IEPS al refresco.
Como imaginará en ese rubro se encendieron las voces de alerta frente a una amenaza que se ha vuelto constante y que hasta ahora se ha logrado desactivar.
De hecho a finales de los 80’s se logró eliminar ese gravamen que junto con el famoso control de precios afectaba la modernización de las embotelladoras.
Además la industria refresquera, esto es Coca Cola que dirige Francisco Crespo y PepsiCo a cargo de Pedro Padierna como actores protagónicos, es la única del segmento de alimentos que paga IVA.
El riesgo para su rentabilidad y crecimiento futuro es que ahora se pudiera aprobar este segundo gravamen como fórmula para detener la obesidad.
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos (ANPRAC) se ha mostrado muy activa para hacer ver a los legisladores el que dicha medida es insuficiente para contrarrestar un problema que es multifactorial.
Obviamente esas empresas no se van a quedar con los brazos cruzados y por lo pronto acaba de designarse como presidente de ANPRAC al influyente embotellador yucateco Fernando Ponce Díaz, también director de BEPEMSA.
El hombre de negocios de 48 años y quien fuera también presidente de la Asociación de Embotelladores de Coca Cola (ASCOCA) sustituyó en ANPRAC a Ildefonso Ochoa de GEPP, firma refresquera de Pepsi Cola propiedad de Juan Gallardo.
De hecho la ANPRAC que dirige Emilio Herrera está por iniciar una campaña para redimensionar el rol del rubro del refresco en el ámbito de la alimentación actual del mexicano.
Hoy el consumo per cápita de refresco es de 400 ml por persona al día, lo que significa el 5.2% de la dieta. Dicho nivel se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 20 años con un crecimiento acumulado del 7%, en tanto que el sobrepreso y la obesidad se han disparado.
Del total del portafolio de bebidas de la industria, 37% de los productos y presentaciones son bajos en calorías y sin las mismas. El agua es la bebida que más ha crecido y significa ya el 30% del volumen de ventas.
Todas las empresas además producen pequeñas presentaciones individuales de 180 ml, se han comprometido a un etiquetado que informa al consumidor y se han sujetado a no transmitir publicidad en TV dirigida a menores de 12 años. Inclusive de forma voluntaria retiraron sus bebidas carbonatadas de las escuelas primarias.
Adicionalmente, las grandes empresas se han vuelto promotoras de la actividad física, amén de una serie de programas de sustentabilidad para el uso responsable de agua y energía.
Se hace ver que el cobro de un IEPS va a generar a la postre una disminución de la actual recaudación de impuestos del gobierno, al migrar el consumo a productos informales que seguramente aparecerán. Además al elevarse el precio, será a las familias más pobres a quien se afecte.
Igualmente la inversión se verá mermada. Hoy significa algo así como 600 millones de dólares anuales y genera 135 mil 332 empleos directos y un millón indirectos, vía una industria que opera con 131 centros de producción, 415 bodegas y 35 mil unidades de reparto. El refresco aporta 1.3% del PIB.
Así que una vez más la industria formal se ve amenazada, en tanto la informalidad en el país se maneja a sus anchas con la más nutrida y variada gama de productos sin control sanitario y con enorme cantidad de grasas que es lo que a diario consumen muchos mexicanos.
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EL ENFRENTAMIENTO ALREDEDOR de la firma aeroportuaria GAP que preside Eduardo Sánchez Navarro y que dirige Fernando Bosque con Grupo México de Germán Larrea sigue al rojo vivo. Mientras los socios de control de AMP lograron como era previsible un amparo para evitar la nulidad de sus estatutos en donde se restringe la tenencia accionaria a un 10%, GMéxico presentó este martes ante la CNBV que comanda Jaime González Aguadé, una denuncia de hechos por violaciones por parte de los miembros del consejo y directivos de esa controvertida emisora. Sucede que en GAP se sigue manejando la información contable bajo las Normas de Información Financiera (NIF Mexicana) y no conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), como lo dispone la Ley del Mercado de Valores. Obviamente esto traería deformaciones serias a los números que se presentarán del ejercicio fiscal pasado en la próxima asamblea a realizarse en breve. En el documento de GMéxico a la CNBV se hace ver que incluso en la convocatoria se reconoce que esa emisora no se apega a las IFRS, lo que afectaría la transparencia y pudiera ser violatorio del artículo 383 de la legislación del ramo en donde se sanciona la difusión de información falsa. Se hace ver que en un momento dado los inversionistas en esa próxima reunión bien podrían cuestionar los estados financieros que ahí presentará GAP.
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RESULTA QUE YA está en Cofemer que dirige Virgilio Andrade, el documento con los cambios a las reglas de capitalización para que la banca se ajuste a Basilea III. Como le platiqué en su momento, los bancos no estaban conformes con algunos puntos de lo que se publicó unos días antes de que concluyera la administración de Felipe Calderón. Auténtico “madruguete” puesto que el asunto aún se negociaba con el gremio. La ABM que comanda Jaime Ruiz Sacristán no quitó el dedo del renglón en cuanto a pulir algunos temas delicados, particularmente el de la restricción para emitir obligaciones convertibles a capital si el banco no cotiza en la BMV que preside Luis Téllez. Por lo que se sabe ese elemento se flexibilizó, aunque se acotó a una cantidad predeterminada. No es del todo descartable que la aprobación de ese delicado expediente pudiera estar listo antes de que arranque la convención bancaria en Acapulco. Habrá que ver.
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EL QUE ESTÁ por dejar la CNBV es Miguel Angel Garza Castañeda, funcionario con una larga trayectoria en esa dependencia. El vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros buscará nuevos derroteros en su carrera profesional, de ahí su determinación que se hará efectiva a partir del 16 de abril. Sin duda una baja sensible para esa institución.