Cosme Vázquez /ASICh
Ante el movimiento nacional de grupos de mujeres contra leyes antiaborto, incluyendo Chiapas donde han pedido al Ejecutivo ejercer su derecho al veto de la reforma al artículo cuatro constitucional, de diciembre del 2009, el diputado Mario Vega Román sostuvo que no se puede dar marcha atrás en este asunto porque ya está publicado en el Periódico Oficial 205.
Señaló que la reforma deja en claro que el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todos ser humano tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal.
En este sentido, sostuvo que el gobierno protege a la vida desde la concepción, y por otro lado descriminaliza a la mujer que sea denunciada por ese tipo de delito.
La mujer ahora ya no va a la cárcel, sino por el contrario recibe un tratamiento integral de salud en caso de requerirlo, y a solicitud de las involucradas se puede otorgar asistimiento psicológico, no es obligado esta atención.
Por ello, destacó que desde la entrada en vigor de la ley dos mujeres indígenas que estaban en las cárceles purgando penas por el delito de aborto fueron liberadas, y en lo que va del año no han vuelto a pisar los reclusorios mujeres que se vean involucradas en este tipo de delitos.
Reconoció que la iniciativa de decreto que atendieron como diputados locales en su momento, estuvo bien fundamentada, considerando los derechos fundamentales del hombre que se integran en la categoría de derechos civiles y de primera generación, y que están reconocidos en numerosos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convenció para la para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas y degradantes.
Sin embargo, se penaliza a quien practique el aborto a una mujer menor de edad con o sin consentimiento, con hasta 12 años de suspensión en su ejercicio profesional, trátese de enfermeras, médicos o comadronas.
El legislador anotó que se trata de una reforma de ley avanzada que se logró en Chiapas, para dar toda una atención integral a las mujeres y la seguridad de que no irán a la cárcel sino que tendrán que responder con servicio a la comunidad. ASICh