José Luis Calva
Frente a los vientos de recesión que sacuden a la economía estadounidense —y amenazan de contagio al crecimiento económico mundial—, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss, afirmó: “Además de estimular el crecimiento a través de la política monetaria, algunos países tienen margen de maniobra para flexibilizar su política fiscal, aunque tengan déficit” (AFP, “El Foro de Davos culmina con sombríos pronósticos”, 26/I/08, http://afp.google.com/article). De esta manera, el FMI aparece ahora recomendando la utilización de los motores macroeconómicos de emergencia característicos del keynesianismo.
Desde luego, los estadounidenses no esperaron la bendición del FMI para actuar con políticas macroeconómicas contracíclicas. Mediante sucesivos golpes de timón en su política monetaria —iniciados poco después del estallido de la burbuja hipotecaria—, la Reserva Federal estadounidense ha reducido la tasa de interés de los fondos federales desde 5.25% (el 18/IX/07) hasta 3% anual (el 30/I/08).
Complementariamente, el gobierno de George W. Bush y el Congreso estadounidense acordaron un paquete de estímulos fiscales equivalentes a poco más de 1% del PIB, que incrementará en igual magnitud el déficit fiscal del gobierno general hasta situarlo encima de 3.6% del PIB en 2008. Ha sorprendido el fácil consenso político entre demócratas y republicanos detrás de este acuerdo, sobre todo por las próximas elecciones presidenciales. Pero no es algo insólito.
En general, dentro de los países desarrollados las orientaciones básicas de política económica son mantenidas como políticas de Estado. Así, izquierdas y derechas están de acuerdo en que para enfrentar la desaceleración de sus economías es necesario aplicar políticas macroeconómicas contracíclicas. Por una parte, políticas monetarias expansivas —de bajas tasas de interés— para estimular el consumo, la inversión y el crecimiento económico. Por otra parte, políticas fiscales contracíclicas, que comprenden no sólo los llamados estabilizadores automáticos (como el seguro de desempleo y otros rubros del gasto público), sino también el incremento de la inversión y el gasto gubernamental —o bien la reducción de impuestos—, para impulsar el crecimiento.
Como corolario, existe consenso en que si la desaceleración es honda son necesarios los déficit fiscales, incluso elevados (recuérdese que para enfrentar la desaceleración de principios de este milenio, Estados Unidos —en paralelo a sucesivos ajustes en su tasa de interés primaria, hasta bajarla de 6.5% anual a 1% anual— aplicó también un agresivo programa de estímulos fiscales, que hizo pasar el balance presupuestal del gobierno general de un superávit de 1.9% del PIB en 2000, a un déficit de 4.8% del PIB en 2003; y las más grandes economías de la Unión Europea —en paralelo a sus acciones monetarias expansivas— rompieron incluso el techo de déficit fiscal de 3% del PIB acordado como máximo en la zona del euro).
En contraste, los países en desarrollo que caen en la telaraña del Consenso de Washington son compelidos a aplicar políticas de “austeridad fiscal” y “disciplina monetaria”, incluso en tiempos de recesión o desaceleración de sus economías. No sólo carecen de motores macroeconómicos de emergencia, sino que aplican políticas fiscales y monetarias procíclicas, que agravan o prolongan la contracción económica.
Esta ha sido la desgracia de México: privado de instrumentos contracíclicos de política macroeconómica, nuestro país ha quedado desarmado frente a las desaceleraciones o recesiones. De allí los sucesivos ciclos de freno y arranque, cuyo costo ha sido enorme (durante el gobierno de Fox, por ejemplo, la carencia de motores macroeconómicos de emergencia significó un trienio perdido para el desarrollo: el crecimiento del PIB fue de 0% en 2001, de 0.7% en 2002 y de 1.2% en 2003, lo que implicó una caída del PIB per cápita a una tasa media de 0.6% anual y la pérdida de 398 mil empleos formales registrados en el IMSS durante ese trienio).
La excentricidad de México en sus políticas macroeconómicas resulta difícil de creer en el área del TLCAN: en vez de aplicar las políticas monetaria y fiscal contracíclicas que están aplicando nuestros vecinos del norte, las autoridades monetarias y hacendarias de México se mantienen aferradas a la “disciplina monetaria” (elevando incluso la tasa de fondeo bancario en plena desaceleración) y a la “responsabilidad hacendaria” (programando incluso un balance fiscal cero para 2008). El lema parece ser: “fieles a la ortodoxia monetaria y fiscal aunque el país reviente”.
En el futuro inmediato (y de largo plazo), si realmente deseamos ingresar a un ciclo largo de crecimiento acelerado y sostenido —cercano al potencial de la economía mexicana, que es reconocidamente similar al de los exitosos países asiáticos—, es necesario utilizar los motores macroeconómicos de emergencia descubiertos por Keynes, pasando en consecuencia a una nueva estrategia macroeconómica en la cual las políticas monetaria y fiscal estén dirigidas no sólo hacia el control de la inflación y del balance fiscal, sino también hacia la operación de la economía real en un nivel cercano al pleno empleo.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM