Carlos Bazdresch
Es cierto que el panorama político en el Congreso —al menos visto desde afuera— se ha ido oscureciendo de un tiempo para acá. Al principio, las cosas parecían ir bien. Así, se aprobó la reforma fiscal, la cual no es algo espectacular, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pero es viable y promete un aumento significativo de la recaudación.
Después se acordó la reforma que limitó el uso del dinero fiscal para la publicidad pagada de las campañas políticas. Fueron dos buenos logros que, en principio, mostraban la existencia de una voluntad de las distintas diputaciones de llegar a acuerdos.
Hoy se habla de la reforma electoral. Es decir, de la reforma a las reglas que norman la actividad del IFE, y en particular la elección del nuevo presidente de esta institución. Por lo que se lee, al parecer se tiró la piedra al avispero, pues en varios periódicos aparece la queja de que no se está avanzando, de que no hay acuerdos y, más particularmente, se insiste en que, a pesar de lo prometido, los legisladores no lograron ponerse de acuerdo en quién será el consejero presidente del organismo electoral.
La recomendación, que sigue incluyendo ahí al editorial de EL UNIVERSAL del lunes pasado, es que ya se haga la tarea y se pongan de acuerdo. Desde luego, la dificultad para resolver el nombramiento se ve sólo como la punta del iceberg, pues, después de esta elección, está la reforma energética, la laboral, la educativa, etcétera.
¿Qué es lo que está pasando? El Congreso y el país ya saben que cuando no se hacen las reformas necesarias, el país cae en la anomia política. Eso fue lo que ocurrió el sexenio pasado y muchos se contentaron con decir que “se perdió la oportunidad”. Sin embargo, al parecer, no aprendimos nada y hoy seguimos jugando el acuerdo/desacuerdo.
Desgraciadamente, no es asunto para jugar. Como lo muestra la experiencia, tanto del pasado mexicano como del de muchos otros países, desarrollados y no desarrollados, la paralización del Congreso suele terminar mal, no sólo para los partidos, sino también para la democracia misma y, desde luego, para el país. Ciertamente es un juego peligroso.
Pero, afortunadamente, creo, aún no llegamos ahí. Pese a todo, en el presente no hay todavía quien reniegue de nuestra muy incipiente democracia. Al parecer, lo que ocurre es que aún no hay suficientes medios para ponerse de acuerdo. Tampoco parece haber consciencia de lo que pasaría si los partidos no logran ese acuerdo. Claramente, si el consenso necesario no llega en un plazo razonable, la situación podría evolucionar, en muchas formas, pero todas ellas indeseables. Pero repito, aún falta un buen trecho antes de llegar ahí.
Viendo las cosas desde lejos, al parecer, lo que sucede no es tanto un problema de intransigencia, sino de que todavía no tenemos la actitud necesaria para reconocer que en estos casos los negociadores tienen que ponerse de acuerdo. Esto, en principio, significa que de alguna manera ninguno de los negociadores tiene que salirse con la suya. Todos deben llevar alternativas válidas al debate. Es decir: nadie pone trabas definitivas a los acuerdos. Todos tienen que ceder.
Si vamos a la experiencia española encontramos que en ese país, cuando se inicia la apertura a la democracia con los acuerdos de la Moncloa, los enemigos de siempre se embarcan en un proceso de modernización y de concesiones mutuas que duró años, y que les llevó a establecer una democracia efectiva y una economía competitiva. Nadie vetó a nadie y las decisiones necesarias se tomaron.
Profesor e investigador del CIDE