Por Alejandro Pastrana Valls
La modernización de la administración pública mexicana, elemento clave para lograr el desarrollo de nuestro país, no puede ser concebida sin metodología que evalúe el desempeño de los programas sociales y el impacto que estos tienen en la sociedad. Éste debe permitir a los gobiernos responder de manera eficiente a las crecientes demandas sociales. Los retos que el país enfrenta en materia de crecimiento y estabilidad, más aún en estos tiempos de crisis y globalización, obligan al gobierno a responder con eficiencia y eficacia a las necesidades de la sociedad mexicana.La mejora del gobierno obliga a profundizar en un esfuerzo de modernización y evolución de la administración pública, el cual deberá provocar la ciudadanización, elevación de la productividad y apertura de la misma. El descontento de la ciudadanía con la gestión de los gobiernos se refleja en la opinión negativa de la sociedad en prácticamente todos los órdenes de gobierno. Ello vuelve indispensable la implementación de reformas y estrategias que orienten a la función pública en su conjunto al mejoramiento de su desempeño, para satisfacer y atender las demandas y necesidades de los ciudadanos.
Hay avances significativos en materia de mejora de la gestión que sugieren un gobierno más transparente y con un sistema de rendición de cuentas más eficiente; sin duda uno de los logros más significativos del sexenio pasado. Sin embargo, el reto fundamental de mejorar la gestión pública es lograr que las políticas públicas se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad: es decir, en resultados. Una administración pública moderna capaz de impulsar el desarrollo de un país, debe de basar sus evaluaciones en términos de resultados. Estos serán tangibles en la medida en la que se modernicen las estructuras públicas atendiendo a las características de una administración pública nueva.
En México el tema de la corrupción y sus consecuencias están directamente relacionados con la conceptualización del buen Gobierno que impulsa: la mejora de la gestión; perfeccionar la regulación, además de la innovación constante y la modernización en la prestación de los servicios públicos.
En la actualidad el gobierno mexicano sufre de una gran desconfianza. La Encuesta Mundial de Valores muestra información de los últimos 16 años. Los niveles de desconfianza en las instituciones de gobierno en la década de los noventa eran de más del 75% en 1990 y menos del 58% en 1996. En los primeros años de este siglo la desconfianza institucional ha tenido una reducción de casi 7 puntos porcentuales (la administración del presidente Fox se ocupo mucho de este tema, era uno de los principales programas dentro de su gestión). En el año 2000 esta cifra era de 63% de la población entrevista y en 2006% la cifra cae al 55%.
Esto es una manifestación real de la ausencia de Instituciones sólidas, las cuales no solucionan las demandas y carencias de la sociedad. Haciendo un análisis horizontal es importante elevar la eficacia y eficiencia del gobierno, se debe impulsar el Presupuesto basado en Resultados (PbR), promoviendo la transparencia y estableciendo incentivos para eliminar el oportunismo políticos de los gobernantes. Se debe aumentar la responsabilidad del poder legislativo (a partir de reformas constitucionales que permitan la reelección) para incrementar la capacidad de supervisión al Ejecutivo y ejercer su poder real a los procedimientos que no sea cumplidos por esa autoridad.
La participación ciudadana es fundamental (rendición de cuentas vertical). Es necesario que la sociedad se involucre directamente en el esquema de rendición de cuentas (Contraloría Social), que conozca qué es y cómo funciona. La participación va más allá de sufragar en cada elección, esta debe exigir transparencia, resultados y rendición de cuentas a través de mecanismos legales que agilicen y haga más fácil la vigilancia de las Instituciones públicas.
En tiempos en los que se requiere austeridad y mejor control del gasto, los mecanismos sancionadores que establecen una mejor coordinación entre los órganos de gobierno y las autoridades con responsabilidades de fiscalización deben de fortalecerse. Las instituciones encargadas de la implementación del PbR deben ser mucho más independiente con mayor capacidad de gestión, mayor autonomía para fortalecer e impulsar las instituciones del país y a su vez eficientizar los mecanismos de rendición de cuentas, los cuales son principios de cualquier democracia moderna.
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