Mejores prácticas de gobierno

Amalia D. García Medina

No cabe duda que uno de los mayores desafíos que enfrentamos para consolidar la democracia es brindar resultados que se reflejen en la calidad de vida de la gente. Los diferentes estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ponen el acento en la necesidad de implementar políticas públicas de amplio impacto social que reduzcan las desigualdades y brinden oportunidades de inclusión, participación y desarrollo para toda la población.
Los ciudadanos y ciudadanas quieren resultados y es su derecho contar con gobiernos eficientes que optimicen los recursos para que las políticas públicas impacten cada vez a más personas, especialmente a quienes más lo requieren. Precisamente, en el segundo Encuentro Internacional de Mejores Prácticas de Gobierno desde los Estados, que se realizó en Zacatecas la semana pasada, se planteó ese objetivo. Fue un encuentro muy valioso porque propició el intercambio de experiencias, así como de retos que todavía tenemos que resolver.

Sin duda, conocer iniciativas que se han desarrollado en otras regiones nos permite avanzar en el propósito de contar con mejores gobiernos. No podemos iniciar cada vez de cero, porque ya hay caminos andados. Es necesario compartir experiencias y conocer las circunstancias que influyeron en la toma de aquellas decisiones que han marcado el rumbo. Ahí está el diario del general Lázaro Cárdenas, que nos permite conocer sus reflexiones en momentos de gran intensidad durante la expropiación petrolera, cuando por un lado trataba de rescatar un bien fundamental y, por otro, tenía que evitar la ruptura de las relaciones diplomáticas con países que se sentían afectados. Y al paso de los años, son pocos quienes no reconocen los beneficios que su decisión trajo para México.

Para lograr mejores gobiernos es esencial partir de la definición sobre el tipo de Estado que necesitamos. En el siglo pasado se libraron grandes debates en el mundo sobre si el Estado debía ser muy grande o si convenía uno mínimo. También se discutía cuáles actividades debía desarrollar y con cuáles facultades debía contar. Hasta dónde llegaba el Estado y hasta dónde el mercado. Hoy, muchos coincidimos en que el asunto sustancial no es cuánto Estado, sino qué calidad debe garantizar; qué debe hacerse y cómo debe gobernarse. Ahora el debate se centra en lo que debemos hacer para servir a la sociedad, para gobernar bien y para tomar decisiones adecuadas.

Ese es el momento en que nos encontramos y por ello es indispensable la reflexión acerca de los mecanismos de funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo los distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los órganos autónomos. Una de las conclusiones que compartimos cada vez más es que las instituciones de la República tienen que transformarse para brindar más calidad y ser más eficientes; es decir, debemos avanzar en la reforma del Estado, incorporando a ésta las modificaciones de las normas que regulan la administración pública.

Debemos plantearnos cómo hacer para tener un Estado con más calidad y eficiencia. Sin duda, un tema es la reducción de las normas para que los servidores públicos trabajen mejor y aplicarlas con eficacia. No podemos olvidar que la complejidad del sistema normativo puede propiciar la corrupción. La transparencia se relaciona con procesos simplificados, claros y que estén al alcance de todas y de todos.

Para hacer mejores gobiernos se requiere, también, homogeneizar las normas para contar con ciertos hilos conductores comunes. Uno de los ámbitos donde más se deben emprender acciones en este sentido es el de la justicia. Ahí el reto es hacer que los códigos de Procedimientos Penales tengan una racionalidad que nos permita unidad a la hora de tomar decisiones sin que se lesione la soberanía de cada entidad federativa. Hay que ir homogeneizando los criterios y los contenidos, de tal manera que el funcionamiento de las entidades encargadas de procurar y administrar justicia en cada uno de los estados y a nivel nacional cuenten con una coordinación que se traduzca en mayor seguridad y menos impunidad.

Son retos importantes los que debemos plantearnos y para enfrentarlos hoy contamos con nuevos instrumentos que nos brinda la tecnología. Desde luego, en un inicio lo esencial no son los equipos ni los programas que se adquieren, sino las decisiones previas para incorporar esas herramientas en el ejercicio público. La eficiencia no se trata de máquinas, sino del objetivo de servir a la gente. En Zacatecas y en otros estados de la República se han puesto en servicio módulos de atención electrónica, a través de los cuales algunos trámites que antes implicaban una gran inversión de tiempo hoy se puedan realizar en unos cuantos minutos.

Debemos profundizar más; hay que recuperar la memoria e intercambiar conocimientos. Porque de lo que se trata es de hacer mejores gobiernos.

Gobernadora de Zacatecas

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