La ausencia de políticas públicas contra el tráfico, así como los vacíos legales o la inaplicabilidad de la legislación existente, contribuyen a la impunidad de los traficantes y no proporcionan a las víctimas la seguridad que el Estado debería de brindarles, afirmó la Senadora María Elena Orantes López, quién presentó un Punto de Acuerdo relativo a este tema, al tiempo de señalar que las rutas o corredores de tráfico de personas se extienden desde Nicaragua a Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, hacia nuestro país.
En su planteamiento la legisladora pide a la secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, a promover una mayor coordinación regional respecto a la dinámica del tráfico de personas, así como elaborar acuerdos bilaterales y multilaterales en áreas prioritarias de cooperación entre las agrupaciones policíacas y las autoridades migratorias de la región, con el objeto de realizar mejores investigaciones, especialmente en el intercambio de información e inteligencia, así como integrar mecanismos de retorno seguro para las víctimas traficadas y procedimientos especiales de intervención, tratamiento y protección si se trata de víctimas menores de edad.
Orantes López demandó asimismo a la SRE, a desarrollar conjuntamente con los Ministerios de Relaciones Exteriores centroamericanos, sistemas de registro o protocolos consulares uniformes que reporten casos de tráfico, al tiempo de apoyar desde los consulados la participación de la víctima durante el proceso judicial contra los traficantes.
El Punto de Acuerdo presentado por la parlamentaria chiapaneca, exhorta además al Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, SRE y la PGR, a promover el entrenamiento y capacitación de policías, ministerios públicos, funcionarios migratorios y de los consulados que así lo requieran, para identificar reales o potenciales víctimas del tráfico y trata de personas, desde el reclutamiento hasta el rescate de las mismas, así como desarrollar programas de asistencia psicológica y legal para protegerlas y fomentar la cultura de la denuncia.
Asimismo plantea María Elena Orantes, hacer operativo el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como desarrollar campañas para la prevención de este delito y como un punto más, exhortó al Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura, a promover cursos de capacitación a jueces y magistrados, a fin de atender de mejor manera, las denuncias contra el tráfico o trata de personas y lograr procesos judiciales más ágiles a favor de la víctima.
Estas propuestas fueron presentados este miércoles ante el Congreso de la Unión con el fin de que sea analizado en comisiones y aprobado, con el fin de atender esta problemática social. ASICh
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