Carlos Bazdresch Parada
La posible reforma fiscal a decidir por el Congreso de la Unión es hoy el tema de más interés. Lo que ahora se conoce con un poco de detalle de los posibles cambios a la legislación es el proyecto de reforma presentado por el PAN al propio Congreso. Lo llamativo de esta propuesta está en la creación de un nuevo impuesto llamado CETU, así como de un gravamen a ciertos depósitos en efectivo, y la invitación a los estados de la República para que aumenten los impuestos que ellos cobran.
Si esta propuesta se implementa, la recaudación fiscal del gobierno federal aumentaría en 3.2% del PIB, cantidad que sería suficiente para cubrir las necesidades más urgentes de incremento del gasto público federal. El aumento del gasto contribuiría a que la economía alcance un crecimiento más rápido, más sostenible y con menor inflación.
¿Se requerirían más acciones futuras por parte del aparato fiscal? Parecería que quienes proponen esta reforma piensan aumentar la capacidad de gasto del gobierno, un mejoramiento moderado de la distribución del ingreso, y quizás esperen un mejoramiento en lo político. Posiblemente creen que, por lo pronto, no hacen falta más impuestos. Sin embargo, la propuesta panista deja sin resolver dos graves problemas. Uno de índole económica y otro de naturaleza política.
El primero surge de la lentitud del mejoramiento de la distribución del ingreso que lograría este tipo de reforma fiscal. El cambio para favorecer el nivel de vida de 20 ó 30% de la población con menores ingresos que ocurriría con esta reforma sería muy lento. Se repetirían los defectos de muchas otras reformas realizadas en América Latina.
La segunda deficiencia está en el problema político y moral que crearía hacer una reforma fiscal —como la que aquí comentamos— que no grave en forma significativa al 10% más rico de la población. Debiera ser claro que una parte muy importante de los votantes que está en los estratos más pobres de la población, o en estratos cercanos, simpatizarán más con una acción redistributiva que con una reforma que no ataca explícitamente la concentración de la riqueza en los estratos más altos.
Si la propuesta del gobierno no grava a los más ricos y no atiende en forma explícita a los más pobres, estos últimos, y parte de la clase media, probablemente darán su apoyo a otros partidos que les ofrezcan más. El empate actual puede voltearse en contra de la derecha y el centro.
Para resolver este problema los partidos de la derecha y los del centro deben decidirse a: 1) gravar a los más ricos con impuestos difíciles de evadir; y 2) crear más programas efectivos para atender las necesidades de los más pobres.
Una acción de esta naturaleza es difícil, pero puede iniciar un cambio significativo de la distribución del ingreso, haciéndola más igualitaria. Lo anterior ayudaría a romper en favor de quien haga esta reforma el actual empate político. Empate que, de permanecer, llevaría a una persistente incertidumbre política que frenaría la inversión y pondría en jaque a nuestra democracia.
¿Pero acaso la acumulación de capitales no se detendría con una reforma fiscal que afecte a los más ricos? Es posible que el ritmo de la acumulación del capital disminuya en el corto plazo. Pero, en el mediano y largo plazos, un México sin la amenaza de una crisis social progresaría con rapidez. En los países avanzados, a pesar de fuertes impuestos a la riqueza, se logró una rápida acumulación de capital. Una propuesta recaudatoria con más redistribución podría lograr que haya paz y bonanza.
Profesor e investigador del CIDE