Jorge Luis Sierra
Un incidente en Sinaloa, donde soldados del Ejército mexicano mataron a dos mujeres y tres niños que desobedecieron la orden de alto en un retén militar, me trajo a la memoria las consecuencias de la paranoia que viven las tropas estadounidenses desplegadas en Irak.Hace cuatro años, acompañé a un grupo de derechos humanos que investigaba un hecho de violencia en los primeros meses de la ocupación militar. Un convoy de vehículos Humvee se había quedado atrapado en medio del congestionamiento que se formaba todas las mañanas enfrente del mercado al aire libre de Abu Ghraib.
Los soldados estadounidenses observaban a la gente que caminaba en el mercado a través de la mira de sus armas. En Bagdad, Tikrit o Fallujah no había un sólo soldado estadounidense que no tuviera el miedo reflejado en sus ojos. Había entonces un promedio de 30 ataques a los convoyes militares de Estados Unidos en las ciudades iraquíes.
Súbitamente, una explosión destrozó al Humvee que iba en la retaguardia del convoy y mató a sus ocupantes. El soldado que viajaba en la torreta del Humvee que iba en la vanguardia reaccionó automáticamente y disparó su metralleta a todo lo que se moviera a su alrededor, en un ángulo de 180 grados. Los tiros atravesaban los puestos improvisados y llegaban hasta los muros de adobe del mercado.
Cuando el soldado dejó de disparar había varias víctimas a su alrededor, entre ellas Afrah, una niña de siete años que quedó tirada en el pavimento con un balazo en la cabeza. Cerca de ella, Vic Hassan, un hombre de 37 años, también estaba tendido con un disparo en la cabeza.
Los insurgentes que habían arrojado una granada adentro del Humvee habían huido ya y los soldados sobrevivientes estaban disparando contra los civiles desarmados que habían salido de compras al mercado esa mañana. Un hermano de Hassan me mostraba silencioso el reloj que se había quedado descompuesto con las 7:35 horas marcadas en la carátula.
Esa misma paranoia y ansiedad que devoran al soldado cuando no distingue claramente quién es su enemigo parecen haber estado presentes hace unas semanas en un incidente donde cinco civiles perdieron la vida en un retén militar, establecido en La Joya de Los Martínez, en Mocorito, un municipio de 50 mil habitantes, localizado unos 120 kilómetros al norte de Culiacán.
A las 21:00 horas del de junio pasado, el conductor de un auto particular no pudo detenerse en el retén del Ejército y los soldados apostados ahí dispararon de inmediato sus armas. Cinco tripulantes murieron, entre ellos los niños Joniel, de siete años de edad; Griselda, de cuatro; y Juana Josmirely, de dos años; su madre Griselda Galaviz Barraza, de 25; y Alicia Esparza Parra, de 17 años.
Aunque se reporta que 17 elementos del Ejército están detenidos y sujetos a investigación, nada asegura que no vuelvan a ocurrir incidentes similares. El empleo de militares en la lucha contra el narcotráfico implica el riesgo del contacto y violencia de los soldados hacia la población civil.
Los soldados en las patrullas y retenes militares se enfrentan al hecho de que no es posible distinguir a los narcotraficantes de las personas normales que deambulan por las calles. El enemigo y la delimitación del campo de batalla se vuelven un asunto difuso, extremadamente difícil de identificar.
Esta dificultad para distinguir al enemigo ha estado presente en otros incidentes donde se vieron involucrados soldados del Ejército.
Hace 16 años, un pelotón del 13 batallón de infantería se enfrentó y mató a un grupo de siete agentes de la Policía Judicial Federal en el llano de La Víbora, municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. El argumento del general Alfredo Morán Acevedo, comandante entonces de la 26 Zona Militar con sede en El Lencero, Veracruz, consistió en que los agentes nunca se identificaron como agentes policiacos. Después de más de dos horas de combate entre agentes federales y soldados del 13 Batallón de Infantería, el propio general Morán Acevedo llegó al llano de La Víbora y ordenó una operación que envolvió y terminó con la vida de los siete agentes. El general Morán y otros soldados fueron procesados por el hecho.
Los 17 soldados que están presuntamente involucrados en la matanza de Mocorito, Sinaloa, también deberán enfrentar procesos de justicia militar. Eso no significa automáticamente que serán considerados culpables de homicidio. Ahí se deberá determinar su grado de responsabilidad y obediencia de las reglas para entablar combate que la Secretaría de la Defensa Nacional ha establecido en la operación de retenes militares.
Las autoridades también deberán explicar las condiciones y el grado de uso de la fuerza militar autorizado para los soldados que patrullan e imponen retenes en zonas poblacionales donde es casi imposible distinguir la presencia de civiles involucrados con organizaciones criminales.
Sería difícil justificar la muerte de esos niños y mujeres. Habría que investigar si la unidad del Ejército movilizada en Mocorito falló en poner señales de alerta y topes que indicaran la presencia de un retén militar y la necesidad de reducir la velocidad y detenerse antes de cruzarlo.
Después de esa tragedia está claro que las misiones de control vehicular que se han encomendado a las tropas del Ejército mexicano pueden facilitar el abuso de la fuerza militar y la ocurrencia de víctimas civiles, conocida en la jerga castrense como “daño colateral”.
También existe la noción de que los retenes militares son, en sí mismos, un abuso de fuerza en las circunstancias que vive el país. Las organizaciones criminales están usando rutas diferentes para cometer ejecuciones y transportar sus drogas, armas y dinero. Los civiles son quienes pasan con mayor frecuencia por los retenes militares. Pensar que en los retenes se va a “encontrar al enemigo” podría costarles la vida a las personas que en cualquier momento desafortunado pueden cometer un error fatal.
Agenda de la Defensa Nacional
Es posible que en los próximos días veamos un cambio de uniforme en la Armada de México. Una de las posibles explicaciones es que la administración del almirante Mariano Francisco Saynez quiere deslindarse de muchos aspectos de la administración anterior del almirante Marco Antonio Peyrot. Sin embargo, entre los marinos existe la impresión de que, además del cambio de uniforme, algo debe hacerse para mejorar la condición económica de las tropas y abatir el rezago en los ascensos del personal naval que se acumuló en la administración pasada. La escasez de recursos y la sobreutilización de los militares en tareas de seguridad pública han generado la percepción de que se sacrifican los haberes para financiar las operaciones. Ya veremos si, además del uniforme, cambia algo más.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas