Víctor Flores Olea
¿Es verdad que nos acercamos en México a ese clásico principio de la democracia moderna? Por cierto, jamás realizado plenamente porque ya sabemos que los poderes económicos y la riqueza lo interfieren brutalmente cada vez que lo consideran necesario. Sin embargo, debe reconocerse que su mayor desarrollo relativo contribuye a una mayor seguridad y a un mejor equilibro social. Nuestros 70 años de reino presidencial priísta lo prueban sin lugar a dudas.
Pero obviamente no basta proclamar el principio para realizarlo. Cuando vemos que todavía el año pasado ambas cámaras aprobaron por mayoría abrumadora la ley Televisa, con algunos capos legisladores obviamente al servicio empresarial (y otros que llegaron a presentar felizmente una controversia constitucional adversa), o que el Tribunal Federal Electoral aprobó una elección que el mismo órgano reconoció estuvo cuajada de interferencias ilícitas, se refuerza el escepticismo ciudadano sobre nuestros avances en materia de división de poderes, específicamente sobre la independencia y autonomía de los poderes legislativo y judicial.
Y, sin embargo, parece que algo se mueve. La decisión de la Suprema Corte, apenas hace un par de semanas, invalidando por inconstitucionales algunas de las disposiciones más bochornosas de la ley Televisa, se inscribe en ese avance. Y habría otras señales positivas: el que la misma Corte haya recomendado el juicio político al gobernador de Puebla Mario Marín por su jefatura en la confabulación de servidores públicos para detener y ejercer acción legal en contra de la periodista Lydia Cacho, sugiriendo además a la Procuraduría General de la República el ejercicio de la acción penal en contra de los procuradores de Puebla y Quintana Roo.
Por supuesto, detrás de esta decisión enseñan el rabo las presiones exitosas (con el lenguaje soez que conocemos), sobre el gobernador y otros funcionarios públicos, del disparador de este grotesco sainete, el textilero poblano corrupto y corruptor cuyo nombre no vale la pena siquiera mencionar.
Pero las sorpresas no quedan allí. La Suprema Corte aprobó a inicios de semana una comisión que investigará la violación de los derechos humanos en el conflicto oaxaqueño, entre mayo de 2006 y enero de 2007. Entre los argumentos que manejó una mayoría de ministros estaría la exigencia de que “se investigue la presunta violación de garantías individuales en que habrían incurrido autoridades federales, estatales y municipales”, y el hecho de que aún prevalece en una mayoría de gobernantes la idea de que pueden actuar a discreción ante quienes se manifiestan públicamente, teniendo como premisa “evitarse en lo personal el mal mayor”. Otro ministro habría sostenido que en México no se han configurado criterios válidos para “el uso correcto de la fuerza pública, lo que da como resultado excesos y en algunos casos violación de garantías individuales”.
Las mencionadas decisiones de la Suprema Corte corresponden a su función principal de garante de los derechos individuales y sociales de la Constitución General de la República y, en general, del orden de derecho vigente. Así justifica la Corte sus decisiones.
Pero como el mundo no se reduce al derecho, tales decisiones jurídicas tienen inevitables consecuencias en la vida social y política. La Suprema Corte, novedad profunda, asume ya responsabilidades con efectos políticos y sociales, quiéranlo o no los señores ministros. Y, a lo que parece, también novedad profunda, esas decisiones son tomadas con autonomía e independencia, y no como simple eco subordinado a la voz presidencial (a pesar de lo que se dijo en el caso de la ley Televisa).
En la zona más siniestra de nuestra vida pública (de otro lado la más luminosa), la protesta social es silenciada si es necesario a sangre y fuego. Y en esa embestida, prácticamente siempre con la mayor brutalidad, sufren en primer lugar las personas y sus más elementales derechos. El famoso “estado de derecho” queda pisoteado y burlado por el poder. Tal es el caso dramático de Oaxaca, en que el gobernador aún en funciones (sobre todo represivas) se ha ensañado en contra de la mayorías populares.
Por eso resulta promisorio y esperanzador que la Suprema Corte instruya ahora que se investiguen a fondo las posibles violaciones de los derechos humanos en los casos mencionados. El conjunto representa un precedente de importancia, y contiene la “promesa futura” de que podamos convivir en un territorio sobre el que ejerce vigilancia el máximo órgano judicial.
Esto no había ocurrido antes y celebramos que pueda ocurrir, que esté en vías de consolidarse la actitud realmente democrática de una mayoría de ministros de la Corte.
¿Y el Legislativo? No puede decirse lo mismo, entre otras razones porque es un poder intensamente mediado por los intereses de los partidos, casi siempre opuestos a los intereses de la nación. ¿Pero nos dará aún la sorpresa? ¿No es buena oportunidad una corrección a fondo de la actual iniciativa de reforma fiscal que presentó el Ejecutivo, tan consonante con los intereses del establecimiento? ¿Y cuál será su iniciativa para una nueva ley de comunicaciones, en que deberá atender las guías que fijó la Suprema Corte?
En todo caso, sabemos que no es instantáneo el proceso de la afirmación autónoma de los poderes Judicial y Legislativo, y que también será el resultado de las luchas y presión populares.
Escritor y analista político