Beatriz Paredes
La problemática de los últimos años en el incremento de los precios de granos y oleaginosas ha puesto sobre el tapete de la discusión el viejo tema de qué tipo de políticas públicas debe aplicarse en el sector agropecuario.
De tiempo atrás, en materia alimentaria, ha existido un profundo debate entre dos conceptualizaciones estratégicas, la denominada autosuficiencia alimentaria, que postula la necesidad de una estrategia de producción endógena, que despliegue la capacidad productiva de agricultores y campesinos locales, y que propugna porque se cubran las necesidades de abasto, principalmente con producción nacional.
La otra estrategia, preponderante en los últimos años, que asumiendo las reglas de la oferta y la demanda como paradigma, propone que el abasto alimentario nacional se resuelva adquiriendo los productos agropecuarios en donde existan, al menor costo posible, y con el componente que se requiera de importaciones atender la demanda nacional.
Para esta conceptualización, que exista dependencia alimentaria de otras regiones, o grupos de interés, no es relevante. Confiar en el poder omnipresente del mercado para resolver todas las necesidades y contradicciones que se presenten, forma parte estructural del propio modelo.
La aplicación de esta política ha tenido costos incalculables para la base productiva agropecuaria de México, especialmente para el sector campesino. Las dimensiones de nuestra patria, su biodiversidad, y una cultura productiva ancestral, de raíces prehispánicas, integraban una composición excepcional para una estrategia de autosuficiencia alimentaria, que permitiría enfrentar en mejores condiciones la presión alcista en los mercados agropecuarios y preservar el patrimonio genético vegetal de nuestro país.
La realidad es totalmente distinta con excepción de algunas zonas y pocos miles de productores que se tecnificaron y recibieron subsidios para superar etapas de precios bajos; la base productiva del país se ha debilitado, especialmente la que corresponde al maíz, grano esencial en la dieta mexicana, y a la población campesina, al debilitarse los programas de apoyo productivo al minifundio, que más que para incorporarse al mercado, servía para que muchas familias campesinas garantizaran el autoabasto de este cereal básico, nos encontramos con la dolorosa paradoja de que miles de familias campesinas pobres son consumidoras netas de maíz, y sus requerimientos para garantizar su magra alimentación encontrarán un escenario de precios altos y escasez de oferta.
Como país, el punto radica en que las naciones que eran proveedoras tradicionales de México, han modificado ese rol —Estados Unidos y el etanol—, además de que los precios han cambiado dramáticamente de magnitud en la oferta de otros.
Asimismo, el alza de precios de granos y oleaginosas afecta de manera significativa la cadena productiva pecuaria, al incrementarse el precio de los insumos para la producción de cárnicos. Otro aspecto de la repercusión de esta situación es cómo se proyecta en la realidad económica y en las exportaciones de los países latinoamericanos, porque ello tendrá impacto en el papel preponderante que está asumiendo el Cono Sur, por las potencias agroalimentarias que son Brasil, Argentina y Uruguay.
Dicen que las crisis también representan oportunidad. Aunque considero esta frase excesivamente optimista, e incluso propiciatoria de frivolizar los problemas, pienso que la resolución de esta delicada coyuntura para satisfacer el abasto alimentario, además de llevar a la adopción de medidas urgentes de adquisiciones masivas y garantías de distribución oportuna por parte del Estado, permitiría iniciar una reorientación de la política agropecuaria nacional e intentar, a través de políticas públicas necesarias, establecer una estrategia de producción nacional de reservas estratégicas de alimentos indispensables en la composición de la dieta básica del mexicano promedio. Es hora de rectificar.
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Presidenta nacional del PRI