Ramón Cota Meza
La iniciativa de reforma fiscal federal para 2008 confirma que el enfoque del gobierno sigue siendo recaudatorio, y que el dilema de aumentar la recaudación con más o con menos impuestos se ha resuelto en favor de más impuestos. Esto parece contrario al propósito del presidente Calderón de aumentar la recaudación mediante la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En su lugar habría un “impuesto de control” (CETU) que complicaría la declaración fiscal de las empresas, perjudicaría a determinados sectores y ayudaría a muy pocos.
Al mismo tiempo, la tendencia a cobrar impuestos mediante la banca se profundizaría. El Impuesto de Tasa Única (ITU) sería el primero en la historia sobre el flujo de efectivo y el primero en ser recaudado por la banca sin mediar declaración del contribuyente. A todas las cuentas bancarias que reciban depósitos en efectivo y cuyo saldo mensual sea mayor a 20 mil pesos, incluidas las de trabajadores que reciben salario por nómina bancaria y que ya pagan ISR, se les aplicaría un impuesto de 2%.
El objetivo del ITU parece ser desalentar los depósitos en efectivo a nóminas administradas por la banca, de modo que la “bancarización” de la economía en conjunto aumente. El objetivo de fiscalizar la informalidad no parece tener mucho peso, pues los depositantes informales podrían regresar al escondite bajo el colchón. Pero el ITU se prestaría a arbitrariedades, pues todas las cuentas de determinada categoría serían gravadas.
En cuanto al CETU, sus blancos parecen ser las empresas que ocupan mucha mano de obra y han tenido una notable expansión en los últimos años (construcción y servicios), pero el impuesto golpearía a otras que, sin crecer o con crecimiento marginal, también dependen de ocupar mucha mano de obra. Tal sería el caso de muchas empresas agropecuarias. El CETU alentaría la adquisición de maquinaria y equipo, no la creación de empleos, objetivo prioritario del “sexenio del empleo”.
El CETU y el ITU parecen compromisos no bien logrados entre el imperativo de aumentar la recaudación y el de no perjudicar a las empresas. El énfasis recae en el control. Esto sugiere que la preocupación principal del gobierno es ampliar sus poderes de recaudación, lo que va de acuerdo con el consenso político, pero los dispositivos de control anuncian consecuencias adversas, por lo menos para los costos administrativos de los causantes, lo que contradice el propósito de simplificar la administración de los impuestos.
La tendencia hacia la “bancarización” de la recaudación fiscal merece más examen. Una cosa es presentar declaraciones fiscales y pagar los impuestos correspondientes en el banco, como se practica en muchos países de manera creciente; otra muy distinta es que el banco aplique impuestos sobre cuentas bancarias de manera automática. La banca entraría en conflicto de interés, entre la lealtad a su socio mayor (el gobierno) y la lealtad al usuario, quien buscaría orientación de la banca para ahorrar en impuestos.
Es probable que la “bancarización” de la recaudación fiscal encierre también tendencias totalitarias no buscadas, pero implícitas en los mecanismos de control. Los países que hacen mayor uso de la “bancarización” fiscal son India, China y otros países asiáticos sobrepoblados con mucha economía informal y gobiernos más o menos autoritarios, donde la ineficacia e incosteabilidad de los mecanismos tradicionales de recaudación son evidentes. La “bancarización” fiscal en países desarrollados crece rápidamente, pero no ha llegado al grado de aplicar impuestos a cuentas bancarias sin orden judicial, hasta donde sabemos.
El paquete fiscal para 2008 es una mixtura de compromisos contradictorios cuyo núcleo duro es la recaudación. Por tanto, el examen del Congreso debería apoyarse en un informe preciso de la trayectoria de la recaudación en los últimos tres o cuatro años. Es necesario saber si al depender de la recaudación por la banca el gobierno está abandonando sus instrumentos de fiscalización tradicionales, y cuáles serían las consecuencias de este giro para la libertad individual y las relaciones banca-Estado. Medidas que parecen prácticas pueden encerrar consecuencias que deben ser examinadas antes de ser legisladas.
blascota@prodigy.net.mx
Analista político